Retorno de Patricia Benavides podría poner en riesgo denuncias constitucionales e investigaciones contra Dina Boluarte y congresistas

La posible reposición de Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación, tras la reciente decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que anuló sus sanciones y dispuso su reposición, no solo ha generado un escenario de crisis institucional ante la presencia de la electa fiscal de la Nación Delia Espinoza, sino interrogantes sobre lo ya actuado.

Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, defendió que la JNJ, así como puede destituir, tiene la facultad de reponer. En esa línea mencionó en entrevista con Canal N que “en virtud de ello, todo lo posterior va a caer como un dominó, porque vuelve la fiscal Benavides y lo que se hizo posteriormente se deja sin efecto por una lógica elemental”.

Consultado sobre si bajo esa idea las denuncias constitucionales contra la presidenta y congresistas serían afectadas, mencionó que hay dos posiciones. “Para mí las decisiones mantienen su vigencia porque fueron decididas en un momento en que quien ejercía el cargo estaba haciéndolo en virtud de un marco legal y de un mandato de la Junta Nacional de Justicia que era válido hasta ese momento”, mencionó. No obstante, reconoció que existe una postura contraria que plantea la desactivación “de todo” lo actuado tras la salida de Benavides, lo que podría poner en vilo el avance de procesos claves.

“No podemos ya irradiar el efecto de la nulidad al punto de que todo se cae. Desde mi punto de vista. Pero hay quienes sostienen que también eso tendría que desactivarse”, concluyó.

Cabe recordar que, en el caso de la presidenta Dina Boluarte, la fiscal Delia Espinoza causó sorpresa al presentar en menos de 48 horas cinco denuncias constitucionales contra la jefa de Estado.

Entre el 15 y 16 de mayo se presentaron cinco denuncias constitucionales clave contra la presidenta Dina Boluarte. La primera la acusa junto a seis exministros por lesiones leves y graves a víctimas de las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en varias regiones del país.

La segunda denuncia, en su calidad de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, apunta a colusión agravada por presuntamente favorecer a Víctor Hugo Torres Merino, amigo de su hermano Nicanor Boluarte, otorgándole contratos en los programas Qali Warma y PAIS del ministerio por un monto total de 47 mil soles.

La tercera investigación la involucra como extitular del Midis y presidenta, por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de información en el caso conocido como Rolexgate. A estas se suman una denuncia por encubrimiento en favor de Vladimir Cerrón, fundador prófugo de Perú Libre, y otra por omisión de funciones y, de forma alternativa, abandono del cargo, en relación con intervenciones quirúrgicas.

Consultada sobre las cinco carpetas abiertas contra la jefa de Estado, Patricia Benavides calificó el accionar de Espinoza como un “exceso” e indicó que actúa con base en la presión de un sector.

“Cada carpeta requiere tiempo para analizar si esa tesis fiscal que se tiene está dentro de ese ilícito penal o hay que seguir investigando. Eso no es fácil porque además se trata de altos funcionarios. Entonces, ¿cómo puedo hacer cinco denuncias en un día? Es imposible. Lo que pasa es que ya hemos visto que su actuación depende de si una persona está opinando acorde a lo que es el pensamiento de un determinado sector. Tanto es así que cuando se realizan las investigaciones en mi contra ella no era competente para hacer las investigaciones", mencionó en entrevista con Milagros Leiva.