Intervención en Brasil revela uso de armas peruanas robadas junto a 6.5 toneladas de droga, municiones y arsenal de guerra

La violencia en la frontera entre Perú y Colombia sumó un nuevo episodio el 26 de marzo, cuando un grupo armado atacó un puesto policial en Tierra Amarilla, en la región de Loreto. En plena noche, mientras los agentes descansaban, al menos diez delincuentes encapuchados irrumpieron en el lugar. Los agresores, presuntamente de nacionalidad colombiana, redujeron a cinco efectivos de la Policía Nacional del Perú, los maniataron con sus propios grilletes y robaron armamento de guerra. Entre lo sustraído figuran ocho fusiles HK G3, dieciséis cacerinas y 180 municiones. Horas después, la violencia cruzó las fronteras.

Ese robo no fue un hecho aislado. La gravedad del incidente se multiplicó semanas después, cuando dos de esos fusiles, con el escudo de la extinta Guardia Republicana del Perú, fueron hallados durante un operativo antidrogas en Manacapuru, en el estado de Amazonas, Brasil. Las armas estaban en manos de una organización criminal que operaba entre Perú, Brasil y Colombia. Junto a los fusiles, las autoridades brasileñas incautaron 6.5 toneladas de droga (entre cocaína y marihuana), miles de municiones y otras armas de guerra. En el enfrentamiento murieron dos presuntos integrantes del grupo y varios más escaparon.

La aparición de armamento policial peruano en un campamento de narcotraficantes brasileños reveló un nexo más profundo que el robo en sí. Expuso, además, una posible filtración o complicidad dentro de las propias filas de las fuerzas del orden peruanas.

El ataque ocurrió cerca del río Loretoyacu, en la jurisdicción del distrito de Ramón Castilla, durante la noche del 26 de marzo. Según detalló la Policía Nacional del Perú a RPP, los atacantes no solo desarmaron a los agentes, sino que también los despojaron de sus pertenencias personales, incluidos sus celulares. Luego escaparon por la quebrada de Loretoyacu, sin que se lograra su captura inmediata.

Al día siguiente, el 27 de marzo, el Ejército del Perú, a través de la 35 Brigada de Selva de Caballococha, se unió a la PNP para ejecutar patrullajes intensivos en busca de los responsables. “El objetivo es capturar a los autores del asalto y recuperar el material sustraído”, afirmó un portavoz del Comando Conjunto.

La organización criminal desbaratada en Brasil, compuesta por peruanos, brasileños y colombianos, tenía como base de operaciones el centro poblado de Cushillococha, en Loreto. Desde ahí, coordinaban envíos de droga hacia Manaos y Santarém. Entre los involucrados identificados por las autoridades figuran sujetos conocidos con los alias de “Morocho” y “Pedro”.

La presencia de armamento policial sustraído en un ataque fronterizo dentro de un operativo antidrogas en otro país generó una reacción inmediata. El jefe del Comando de Operaciones Policiales dispuso medidas urgentes para frenar el avance de estas redes. Las direcciones de inteligencia, antidrogas y las regiones policiales de Loreto, Ucayali y Madre de Dios recibieron la orden de reforzar el control y la vigilancia en sus zonas de responsabilidad.

La aparición de los fusiles HK G3 con el escudo de la extinta Guardia Republicana encendió alarmas sobre la procedencia y destino del armamento que ingresa en manos de grupos ilegales. Esos fusiles, según el registro interno de la Policía, estaban asignados al puesto de vigilancia de Tierra Amarilla y fueron robados durante el asalto del 26 de marzo.

Una encuesta reciente realizada por Ipsos y publicada por Perú 21 revela que la Policía Nacional del Perú (PNP) es una de las instituciones con menor confianza entre la ciudadanía. Solo el 24% de los peruanos confía en la PNP, aunque un 70% asegura confiar en su labor para combatir la delincuencia.

La desconfianza en las instituciones está más marcada en otros sectores como las municipalidades (75%), el sistema penitenciario (72%), el Poder Judicial (16%) y la Fiscalía (78%). Sin embargo, las instituciones con mayor desconfianza en relación con la lucha contra el crimen son el Ministerio del Interior (83%) y el Congreso de la República (92%).

Uno de los factores que contribuye a la baja confianza en la PNP es que, según la encuesta de Ipsos, el 30% de los ciudadanos considera que, si fueran víctimas de un delito, la Policía no tomaría en cuenta su denuncia. Además, el 50% de los encuestados señaló que el temor a represalias de los delincuentes es la principal razón por la cual no se denuncian los crímenes, mientras que el 38% manifestó su preocupación por la corrupción dentro de la Policía.