Defensoría pide a Delia Espinoza acatar restitución de Patricia Benavides: “Es bochornoso ver cómo se disputan un cargo”

El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, pidió a la Junta de Fiscales Supremos priorizar el interés del país ante la crisis que atraviesa el Ministerio Público y el clima de tensión por la disputa de cargos en el máximo organismo fiscalizador. Durante una conferencia de prensa, el funcionario invocó a la fiscal Delia Espinoza a acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y reponer a Patricia Benavides.

“Apelar a la sapiencia, al buen tino. Ya en un momento, quizá un poco más tranquilo hoy día que ayer, porque ayer creo que han estado en crispado todos los ánimos. Que la Junta de Fiscales Supremos pueda anteponer los intereses del país por encima de los intereses de grupo”, manifestó y calificó de bochornosa la disputa por el cargo.

“Es bochornoso ver como dos personas se disputan un cargo cuando el cargo es lo más sublime de toda institución. Entonces, corresponde a la Junta, en su facultad constitucional, a la Junta de Fiscales Supremos, tomar la decisión más sabia. Yo espero que sí lo vayan a tomar. No tengo un prejuicio contra ninguno de ellos”, expresó.

Asimismo, aprovechó el momento para referirse a las propias denuncias en su contra y mencionó haber sido objeto de “acoso y persecución del Ministerio Público”. “Quizás están haciendo su trabajo, carpetas que cada momento te van notificando como un criterio de amenaza constante hacia nosotros. Y eso de verdad merece todo nuestro rechazo”, agregó.

El informe N.º 001-2025-2-0680-SCE de la Contraloría General de la República reveló que María del Carmen Olórtegui Risco accedió a un cargo clave en la Defensoría del Pueblo de La Libertad sin acreditar experiencia ni formación suficiente, lo que ha puesto en entredicho la transparencia de los procesos de selección en la entidad. En este contexto, la Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, actual defensor del Pueblo, por el presunto delito de nombramiento ilegal de una militante de Alianza para el Progreso (APP).

La controversia se intensificó luego de que Manuel Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, presentara una denuncia penal contra Olórtegui Risco. Argumentó que la funcionaria no cumple con el perfil requerido y que su designación infringe la Constitución Política del Perú, ya que al momento de su nombramiento aún mantenía afiliación partidaria. En su denuncia, anexó un pronunciamiento del Colegio de Abogados de La Libertad, donde se expresa una “profunda preocupación” por la designación de Olórtegui como titular de la Defensoría en la región.

“Causa extrañeza que la designación haya recaído en una profesional en psicología sin experiencia e idoneidad acreditada para los fines que serían propias de su función, cuando el perfil para tan importante cargo debería ser más bien el de un abogado con especialidad o experiencia en derechos humanos o afines. Se está contraviniendo los principios establecidos por la Constitución Política del Perú”, expresaron.

En respuesta a las acusaciones, María del Carmen Olórtegui defendió su idoneidad y descartó la posibilidad de renunciar. “Yo con respecto a eso solamente tengo que decir que mi asignación al puesto que yo tengo, lo he explicado desde un inicio, todo se ha dado conforme a lo legal y eso (denuncias) más bien distrae. Hay tantas cosas aquí en La Libertad que (tengo que) atender, como Defensoría del Pueblo, que ya eso se ha respondido en su momento”, declaró la funcionaria, según declaraciones recogidas por el medio Correo.