Patricia Benavides ingresó al Ministerio Público sin registrarse ni solicitó reunión con Delia Espinoza

La fiscal suprema Patricia Benavides ingresó al Ministerio Público sin registrarse en el área de seguridad de la institución ni mucho menos solicitó una reunión con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Efectivamente, de acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de televisión, Benavides y sus abogados ingresaron a la sede del Ministerio Público y se dirigieron directamente a los elevadores.

Luego, se dirigieron al despacho de la Fiscalía de la Nación donde se encontraría Delia Espinoza. Los abogados de la magistrada aseguraron que están a la espera de que se les permita el ingreso.

Trascendió que la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), considerada ilegal por distintos expertos, fue notificada oficialmente al Ministerio Público pasada las 8:00 de la mañana.

Como se recuerda, dicha resolución anula la primera destitución de Patricia Benavides y pretende su reposición como fiscal de la Nación, pese a que dicho cargo lo ocupa actualmente Delia Espinoza, quien fue elegida válidamente por la Junta de Fiscales Supremos.

La resolución de la JNJ que anula la destitución de Patricia Benavides y busca su restitución como fiscal de la Nación ha generado un intenso debate entre expertos legales. Críticos como Carlos Caro y Luciano López argumentan que la JNJ carece de autoridad constitucional para reponer a Benavides en dicho cargo, ya que la elección del fiscal de la Nación es una prerrogativa exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos, basada en un proceso de votación interna entre los Fiscales Supremos Titulares.

Caro subraya que la JNJ no actúa como un juez constitucional capaz de restablecer el estado previo, mientras que López califica la decisión como una inconstitucional usurpación de funciones. En la misma línea, César Azabache considera que la JNJ ha excedido sus competencias, alterando el orden constitucional al intentar decidir quién ocupa la Fiscalía de la Nación, y sostiene que esta acción deja a la JNJ en una posición de “vacancia” funcional.

Por otro lado, el fiscal supremo restituido Tomás Gálvez refuerza estas críticas, argumentando que la resolución de la JNJ es inejecutable, dado que ya existe una fiscal de la Nación válidamente elegida en funciones. Según Gálvez, la JNJ no puede anular una elección legítima ni siquiera reincorporar a Benavides como fiscal suprema, ya que las resoluciones deben ejecutarse estrictamente en sus términos. Aunque algunas voces, como la del abogado Wilber Medina, respaldan la reposición de Benavides, estas son cuestionables por su parcialidad, especialmente por intentar justificar la decisión con un voto en minoría del Tribunal Constitucional.

La JNJ ha solicitado al Congreso de la República que inicie una persecución contra los exmiembros del organismo que participaron en la destitución de Patricia Benavides. Esta petición surge tras una resolución en la que la JNJ anuló la destitución de Benavides y ordenó su reposición, argumentando que se restablece la legalidad y se reafirma la confianza pública en su rol disciplinario.

El documento remitido al Congreso señala que los exconsejeros avalaron supuestas irregularidades en el informe de Inés Tello, quien propuso la destitución de Benavides por haber removido injustificadamente y tratado de manera degradante a la fiscal Bersabeth Revilla. La JNJ considera que estas acciones vulneraron principios constitucionales, destacando que la decisión de anular la destitución de Patricia Benavides y pretender reponerla como fiscal de la Nación “restablece la juridicidad quebrantada, reivindica la confianza pública en su función disciplinaria y honra el principio de imparcialidad” que rige los actos administrativos.