La Junta Nacional de Justicia ordenó la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. La decisión genera incertidumbre en el Ministerio Público.
Humberto Abanto, abogado de Benavides, indicó que la decisión de la JNJ declaró nulo en el proceso sumario en el que fue destituida, por lo que su reposición no solo se limita al cargo de fiscal suprema, sino que también debe ser como fiscal de la Nación.
Asimismo, agregó que Delia Espinoza, la actual titular del Ministerio Público, ya fue notificada y ella, como los otros miembros de la Junta de Fiscales Supremos deben acatar la resolución o de lo contrario afrontarían un proceso de destitución por desobediencia.
“El día lunes se debe estar cumpliendo con este mandato”, puntualizó en declaraciones a Canal N.
Sin embargo, el regreso de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público no estaría garantizado.
La JNJ habría incurrido en “usurpación de funciones”
El abogado penalista Andy Carrión recordó que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la resolución que destituyó a Benavides y a otros fiscales supremos al encontrar vicios en el proceso.
Sin embargo, también aclaró que la JNJ no tiene potestad para nombrar a la fiscal de la Nación, pues esta es una atribución exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos, según lo que establece la Constitución Política del Perú.
“Es inminente su retorno a la fiscalía suprema, no necesariamente a la Fiscalía de la Nación. (Patricia Benavides) Regresaría a ser fiscal suprema. (...) Pero, la JNJ no tiene la potestad de restituir o elegir a una fiscal de la Nación. Lo único que ellos pueden hacer es restituirla a su puesto de fiscal suprema”, señaló en entrevista con RPP.
Cabe recordar que la actual fiscal de la Nación es Delia Espinoza, designada por la Junta de Fiscales Supremos.
En esa misma línea, el abogado Carlos Rivera, consideró que la Junta Nacional de Justicia se excedió en sus atribuciones e incurrió en “usurpación de funciones”.
“La JNJ acaba de restituir a Patricia Benavides como fiscal de la nación, pero según la Constitución esa es atribución exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos. Hacerlo parece una usurpación de funciones”, publicó en sus redes sociales.
El abogado constitucionalista, Luciano López, también consideró que la resolución de la JNJ que restituye a Benavides tiene varias “irregularidades” y coincide con Rivera y Carrión sobre su reposición como fiscal de la Nación.
“Invalidar la destitución y reponerla en su condición de Fiscal debiera significar que recupera su título y cargo de Fiscal Suprema. Es inconstitucional disponer que se la reponga como Fiscal de la Nación porque tal cargo sólo lo otorga la Junta de Fiscales Supremos mediante elección. Y éste órgano, hace tiempo designó a la actual Fiscal Espinoza en ese cargo. La JNJ no tiene competencia sobre el particular. Es un claro exceso de sus competencias. Una decisión inconstitucional y posible delito de usurpación de funciones”, señaló.
¿Por qué destituyeron a Patricia Benavides?
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó a Patricia Benavides de su cargo como fiscal de la Nación tras determinar que incurrió en faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones, al haber interferido directamente en una investigación contra su hermana, la jueza superior de Lima, Enma Benavides Vargas.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los miembros que en ese entonces integraban el pleno: Antonio de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares, Imelda Tumialán Pinto, Guillermo Thornberry Villarán y Marco Falconí Picardo.
El informe final, elaborado por María Zavala, estableció que quedó debidamente probado que Benavides cesó de forma arbitraria a la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla Corrales con el propósito de apartarla de una investigación clave que comprometía directamente a su hermana. Revilla investigaba a Enma Benavides por presuntamente haber recibido pagos de narcotraficantes a cambio de su liberación, lo que constituiría delitos de cohecho y organización criminal.
La remoción de Revilla fue justificada por Benavides mediante un informe de “baja productividad” elaborado por la fiscal Azucena Solari Escobedo. Sin embargo, la JNJ concluyó que dicho documento carecía de sustento técnico y probatorio.
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