La SIP reitera la degradación de la libertad de expresión en el Perú, tras recientes casos que afectan a periodistas y medios

La libertad de prensa en Perú atraviesa uno de sus momentos más delicados, según ha alertado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En un contexto de creciente hostilidad, los periodistas y medios de comunicación independientes se enfrentan a amenazas, agresiones y una sistemática censura que buscan silenciar su labor. La SIP ha manifestado su profunda preocupación por un clima político y social que dificulta gravemente el ejercicio del periodismo y amenaza el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Uno de los episodios más recientes que evidencia esta situación fue el caso de una periodista de la Unidad de Investigación de La República, quien fue víctima de amenazas, hackeo de sus cuentas y bloqueo de líneas telefónicas luego de publicar un reportaje sobre el empresario Aniceto Argüelles, dueño de Industrias Argüelles, quien había sido condenado por cohecho activo tras intentar sobornar a una jueza para que validara una transacción fraudulenta que le permitió quedarse con miles de hectáreas de terreno en la comunidad campesina de Quipán. Esta denuncia desencadenó una serie de represalias contra la periodista.

Este es solo un ejemplo de un patrón más amplio de intimidaciones contra los periodistas peruanos, que no solo se limitan a ataques físicos o digitales, sino que también incluyen amenazas judiciales y campañas de difamación orquestadas por figuras del poder. El periodista René Gastelumendi y su familia también recibieron amenazas de muerte luego de una publicación que vinculaba al alcalde Franco Vidal con el uso indebido de sus redes sociales para fines personales. La crítica y el cuestionamiento al poder, en muchos casos, se han vuelto actividades peligrosas en el Perú contemporáneo.

El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, ha señalado que esta situación pone en grave riesgo la democracia, ya que “el hostigamiento a la prensa no solo pone en riesgo vidas, sino que debilita el derecho de la ciudadanía a estar informada”.

Dutriz hace un llamado urgente a la sociedad civil, las instituciones democráticas y los líderes políticos para que se movilicen en defensa de los periodistas y la libertad de expresión. Sin embargo, las autoridades peruanas no parecen estar dispuestas a cambiar el rumbo, tal es el caso del poder legislativo, que ha impulsado proyectos de ley que limitan la labor periodística.

El último informe de la SIP sobre la libertad de prensa en América Latina señala que el Perú ha caído en el índice de libertad de expresión, pasando del puesto 12 al 16 en el ranking regional, con un incremento de restricciones a las libertades de prensa. El informe también subraya que el poder ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte, ha sido uno de los actores más perjudiciales para la libertad de prensa en el país. De hecho, el Ejecutivo ha adoptado un discurso beligerante hacia los medios y ha descalificado numerosas investigaciones que han tocado temas sensibles, como el caso del aumento salarial de la presidenta.

Además de las agresiones directas a los periodistas, el informe señala la creciente opacidad en las instituciones del gobierno, lo que dificulta el acceso a información pública, un pilar fundamental para la labor de los medios de comunicación. El reciente caso del intento de aumento salarial para la presidenta Boluarte, es un ejemplo claro de cómo el Ejecutivo prefiere mantener el control sobre la información y evita la rendición de cuentas a la ciudadanía.

La negativa del gobierno a permitir el acceso a documentos oficiales sobre el sueldo presidencial, aduciendo que se trata de un proceso deliberativo en marcha, ha sido calificada por especialistas en derecho de acceso a la información como una clara violación a la ley de transparencia.

La estigmatización de los medios y periodistas no se limita solo a las amenazas directas, sino que también se manifiesta en discursos descalificadores desde figuras públicas. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha sido uno de los mayores exponentes de esta actitud, atacando a periodistas y medios que investigan su gestión y lanzando acusaciones infundadas que agravan el clima de hostilidad hacia la prensa.

El diagnóstico de la SIP es claro: el Perú se encuentra ante un retroceso significativo en la libertad de prensa, lo que amenaza con tener repercusiones graves en la democracia del país. La falta de transparencia, el acoso judicial y la estigmatización de los medios críticos son solo algunos de los elementos que han configurado un panorama cada vez más adverso para los periodistas.

El contexto político de cara a las elecciones generales de 2026 podría empeorar aún más la situación, con un clima de hostilidad creciente hacia los medios y la prensa independiente. La misión de la SIP hizo un llamado urgente para que la comunidad internacional se mantenga vigilante sobre la situación de la libertad de prensa en Perú, y exhortó a las autoridades peruanas a garantizar el ejercicio libre e independiente del periodismo, sin presiones, amenazas ni restricciones.