El Congreso de la República ha dado un paso crucial hacia una modificación en la Ley de Aeronáutica Civil con repercusiones directas para los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales. El pasado 11 de junio, el Pleno aprobó en primera votación, con 74 votos a favor, 30 en contra y 3 abstenciones, el dictamen conjunto de los proyectos de ley 2210/2021-CR y 2956/2022-CR. La medida busca garantizar que los usuarios tengan el derecho a elegir, sin costo extra, el asiento de su preferencia en un vuelo comercial dentro de la clase o tarifa adquirida, y a trasladar gratuitamente un mínimo de diez kilos de equipaje de mano.
Previamente, el Legislativo rechazó un pedido para que la propuesta regrese a la Comisión de Transportes y Comunicaciones a fin de un análisis más exhaustivo. Esta cuestión previa fue desestimada por 66 votos frente a 40 a favor y una abstención, dejando claro el respaldo mayoritario a la iniciativa.
¿Qué cambios plantea la ley para los pasajeros?
La norma aprobada introduce modificaciones directamente en los artículos 101 y 102 de la Ley 27261. Según el texto avalado por el Congreso, los pasajeros de vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales, pasarían a gozar del derecho a seleccionar libremente su asiento dentro de la misma clase o tarifa del boleto adquirido, sin tener que desembolsar pagos adicionales. Este punto responde a una de las principales quejas de los viajeros: el pago extra por reservar un asiento específico, práctica habitual en las aerolíneas de bajo costo.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Hilda Portero, recalcó que el dictamen se encontraba listo desde 2023. Cuestionó las tarifas adicionales por selección de asiento y consideró que esas prácticas constituyen un abuso hacia los pasajeros, especialmente para quienes acceden a vuelos desde regiones alejadas del país.
La legisladora María Acuña, impulsora de la iniciativa, afirmó que el objetivo es garantizar una relación más equitativa entre consumidores y proveedores. Enfatizó que la medida busca que “los pasajeros elijan el asiento de su preferencia y lleven el equipaje mínimo de cabina sin ser castigados con costos extra”.
El dictamen también establece que el equipaje de mano permitido en cabina no podrá ser inferior a diez kilogramos, sin costo para el pasajero. Las aerolíneas podrán permitir un peso mayor, pero nunca inferior a ese umbral.
Además, la reforma aprobada señala que el Poder Ejecutivo deberá adecuar el reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil a estos nuevos parámetros en un plazo de 90 días hábiles tras la entrada en vigencia de la norma. La iniciativa aún requiere una segunda votación para convertirse en ley.
Críticas y preocupaciones del sector aéreo
El debate generado por la aprobación inicial de la norma ha dejado en evidencia visiones contrapuestas. Desde la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, Carlos Gutiérrez, gerente del gremio, cuestionó los efectos de la medida. Durante una intervención pública, Gutiérrez advirtió que la gratuidad en la selección de asientos y el aumento del peso permitido del equipaje de mano incumben importantes costos para las compañías aéreas. “Si tienes 130 pasajeros, son 1.300 kilos extra en cada vuelo. ¿Quién paga eso?”, cuestionó. En su opinión, los gastos adicionales recaerán finalmente sobre los bolsillos de los propios usuarios, en la forma de tarifas generales más elevadas.
El representante de las aerolíneas sugirió que la propuesta elimina la diferenciación tarifaria, la cual permite que algunos pasajeros paguen solo por los servicios que realmente desean utilizar, mientras otros acceden a mayores comodidades abonando tarifas más altas. Añadió que el esquema actual promueve la competencia entre distintas compañías al facilitar ofertas variadas; en su opinión, modificar esto podría impactar la diversidad de opciones y el precio final, afectando la dinámica del sector.
En el sector aerocomercial internacional, la tendencia a cobrar la selección anticipada de asientos o el equipaje adicional ha sido una de las claves para la proliferación de pasajes a bajo costo. Sus promotores argumentan que estas prácticas equiparan los precios y permiten al usuario elegir qué servicios desea contratar y cuáles no.
La aprobación en primera votación es solo el primero de dos pasos legislativos necesarios. Para que los nuevos derechos entraran en vigencia, el Congreso debe ratificarlos en una segunda votación. De completarse el proceso, el Ejecutivo contaría con un periodo de 90 días hábiles para ajustar la reglamentación correspondiente.
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