Acuerdo con gobierno de Bukele para enviar presos a cárceles de El Salvador es “absurdo” e “inviable”, según expertos

Durante su discurso para pedir el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros indicó que podría entablarse una alianza con el gobierno de Nayib Bukele para que los presos puedan cumplir su condena en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mega prisión en El Salvador, conocida por su régimen estricto.

Según Arana esta medida busca reducir el hacinamiento carcelario y combatir al crimen organizado que tiene como centro de operación los diferentes establecimientos penitenciarios en el país.

¿Pero realmente es posible llegar a un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele para trasladar presos a la megacárcel de El Salvador? Como primera precisión, el ministro Arana aclaró que esta alternativa solo aplicaría para reos extranjeros; es decir, todos los ciudadanos peruanos continuarían cumpliendo su condena en el país.

Otro punto que el ministro no aclaró es cual es el porcentaje del total de internos que no son peruanos, ni en qué consiste el procedimiento para aprobar el traslado de un preso extranjero a otro país.

El exjefe del INPE, Germán Small Arana, aclaró que actualmente no existe ningún convenio entre Perú y El Salvador que permita el traslado de reos a centros penitenciarios salvadoreños. En ese sentido, sostuvo que la propuesta anunciada por el primer ministro Eduardo Arana “no resulta viable en este momento”.

“No existe hasta ahora ningún convenio, ningún traslado con El Salvador que permita el traslado, y esto tiene que tener una aprobación posiblemente mayoritaria, pero no va a ser viable por ahora”, declaró en entrevista para Exitosa.

Asimismo, advirtió que actualmente no existe un marco legal que permita trasladar internos desde Perú hacia cárceles en El Salvador.

Frente a esa limitación, exhortó a las autoridades a enfocarse en propuestas concretas y viables, como la construcción de megapenales en Arequipa e Ica, una medida que contribuiría directamente a reducir el hacinamiento en las prisiones del país.

En esa misma línea, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdes criticó el anuncio de Eduardo Arana y recordó que el Consejo de Ministros debe decidir antes de trasladar a un reo a su país de origen.

“Depende de una serie de convenios entre los países de origen de la persona que está presa, del tipo de delito que ha cometido y si va a continuar purgando cárcel en su país de origen. Entonces, hay todo un proceso, no es que yo agarro a todos los extranjeros, los meto un avión y se los devuelvo a su país”, indicó en RPP.

Valdés dijo que Arana está “jugando” con las expectativas de la gente y debe apostar por las opciones que sí son viables, como la construcción de nuevos penales en el país.

“Me parece un absurdo. Estamos nuevamente jugando con las expectativas de la gente. Es decir, vemos a Bukele conversando con Trump, Trump cometiendo realmente un atropello con la gente, que sin proceso alguno los envían a un penal fuera de su país” agregó.

El CECOT, el gigantesco centro penitenciario impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, se ha convertido en un emblema del endurecimiento de las políticas de seguridad en América Latina. Con capacidad para albergar a 40 mil internos, esta megacárcel encierra a miembros de peligrosas pandillas como la MS-13 y Barrio 18, y ha sido objeto de polémica por las condiciones extremas de reclusión y las constantes denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Actualmente, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, mantiene un acuerdo con El Salvador que le permite enviar al CECOT a reclusos deportados. El costo estimado de este “alquiler” carcelario asciende a aproximadamente 200 dólares por interno.

El ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos, reveló que, tras recibir asesoría técnica de El Salvador, el país logró reducir de manera significativa el presupuesto estimado para su nuevo centro penitenciario, pasando de un cálculo inicial de USD 60 millones para 900 internos a un proyecto de USD 35 millones para una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 5.000 reclusos.

Según consignó BBC Mundo, la iniciativa se inspira en el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) salvadoreño, aunque adaptado a la legislación y necesidades costarricenses.

El gobierno de Rodrigo Chaves impulsa la construcción de esta nueva prisión de alta seguridad como respuesta a la crisis de hacinamiento y obsolescencia que afecta al sistema penitenciario nacional. La infraestructura carcelaria de Costa Rica enfrenta una sobrepoblación del 34,4%, con 18.061 reclusos en 2024 frente a los 14.907 registrados en 2022, según datos del Ministerio de Justicia y Paz.

El ministro Campos explicó que la mayoría de los 20 centros penitenciarios del país tienen entre 20 y 25 años de antigüedad y carecen de condiciones adecuadas de seguridad y clasificación de internos.