Tres policías acudieron en secreto a interrogatorio fiscal de Sada Goray en Punta Cana durante su cumpleaños, confirma abogado

Tres agentes de la Policía Nacional (PNP) viajaron sin autorización oficial a Punta Cana (República Dominicana) para participar en un interrogatorio fiscal a la empresaria Sada Goray, investigada por una red de sobornos en el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

La diligencia fue realizada en noviembre de 2022 y coincidió con el cumpleaños de la empresaria, que se celebra el 3 de ese mes. Según un informe difundido por el programa de la periodista Milagros Leiva, los tres efectivos salieron del país el 1 de noviembre con destino inicial a Colombia, aunque posteriormente ingresaron a Estados Unidos, desde donde regresaron entre el 4 y 6 de ese mismo mes.

Los agentes involucrados son el capitán Carlos Martínez y los policías Carla Arenas y Gianmarco Dueñas, todos integrantes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC). Su presencia en el interrogatorio fue confirmada por el exabogado de Goray, José Carlos Ángulo, así como por su actual defensor, Francisco Álvarez.

Según el reportaje, la salida de los efectivos no está registrada en documentos oficiales ni en resoluciones de comisión de servicios, y se habría realizado mientras se encontraban con permiso vacacional. La diligencia se llevó a cabo en presencia de la fiscal Kelinda Janampa y la suspendida coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Marita Barreto, aunque no existe constancia formal que acredite la participación policial.

En contraste, una segunda diligencia realizada entre el 4 y 7 de febrero de 2023 en Tampa (EE.UU.) sí estuvo amparada por resolución oficial, donde se autorizó el viaje del capitán Martínez como parte de una comisión de servicios.

“Hay muchas cosas que nos hemos enterado de manera posterior y estos destapes apuntarían que han existido irregularidades en el viaje, que quiero destacar que ella desconocía porque autorizaciones y viáticos son parte de la correspondencia que el Ministerio Público y la PNP debe efectuar para poder viajar”, dijo al programa el abogado Francisco Álvarez, quien defiende actualmente a la empresaria.

“La mayor responsabilidad, funcionalmente hablando, debería recaer sobre la fiscal Janampa y Marita Barreto. Este aspecto que has destapado, en algún momento tuvimos esta información, como varias irregularidades, pero ellos siempre nos han negado la información”, agregó.

El letrado precisó que han solicitado acceso a los documentos vinculados a esas diligencias desde hace dos años, sin obtener respuesta. “Como el proceso reservado de la señora se cerró, no podemos tener acceso a sus declaraciones, documentos internos ni a la información que proporcionó. Es, lamentablemente, una mala práctica”, declaró.

El hecho de que los policías hayan asistido sin autorización no configura necesariamente un delito, según Álvarez, pero podría tener consecuencias jurídicas. “Probablemente, genere otros efectos en el proceso, como las posibles anulaciones de investigaciones o delaciones”, señaló.

Sobre el desarrollo de la diligencia en Punta Cana, el abogado indicó que fueron las representantes del Ministerio Público las que contactaron a Goray para informarle del cambio de locación. “El plan inicial era que el 1 de noviembre fueran a Santo Domingo y Sada viajara a Santo Domingo. Ella estaba en EE.UU. y acá resalto que los fiscales siempre han sabido dónde ella ha estado. Alguna de las dos fiscales le comentó el cambio (a Punta Cana). Como ella quería acogerse al proceso (de colaboración eficaz) va (hacia ese destino)”, aseguró.

Durante su estancia, la imputada se alojó en el hotel Bávaro Prince, mientras que las fiscales y el equipo policial se hospedaron en el hotel Riu. Según la defensa, los dos primeros días de diligencias (1 y 2 de noviembre) se realizaron en el hotel donde estaba la empresaria.

“Entiendo que hubo un día más de diligencias en el mismo hotel (el día que coincide con el cumpleaños de Goray), según la información que yo tengo. (...) Pero debo dejar en claro que Sada no ha pagado ni un sol de viáticos o desplazamientos”, agregó. La revelación sobre este viaje no registrado podría abrir una nueva controversia legal, especialmente en los procesos derivados del testimonio, de acuerdo con la defensa.

“Seguramente el abogado del señor Pedro Castillo, que nos está escuchando, va a tomar esta información que es un error generado por el Estado. El Estado ha gastado dinero en una diligencia irregular y, seguro, va a pedir la nulidad de estas declaraciones que se han usado para continuar el proceso en su contra”, advirtió.

La empresaria fue excarcelada en agosto del año pasado, luego de que la Corte Suprema revocara el mandato de prisión preventiva por 30 meses que se le impuso por haber dado sobornos a una red corrupta instalada en el Ministerio de Vivienda y Construcción, con el fin de lograr la adjudicación de obras para su empresa inmobiliaria.