El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se presentó ante el pleno del Congreso para pedir el voto de confianza a su Gabinete Ministerial.
Uno de los temas centrales en su discurso fue las estrategias de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Arana, quien antes fue titular del Ministerio de Justicia, reconoció que bandas criminales continúan operando desde los penales peruanos.
Para frenar esto, el Gobierno anunció que evalúan mecanismos de cooperación bilateral que permitirían el traslado de internos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen.
Entre las opciones planteadas se encuentra el envío de estos reclusos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, una de las cárceles de máxima seguridad más severas de la región.
La propuesta tiene como principal objetivo descongestionar el sistema penitenciario peruano, desarticular estructuras criminales que se fortalecen dentro de los penales y reafirmar el principio de autoridad del Estado. “El Perú no permitirá que sus cárceles sean plataformas del crimen. Estamos decididos a recuperar el control total del sistema penitenciario”, señaló el premier.
El CECOT, promovido por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, se ha convertido en un símbolo del endurecimiento de las políticas de seguridad en América Latina. Con capacidad para 40 mil reos, este penal alberga a miembros de peligrosas pandillas como la MS-13 y Barrio 18, y ha sido objeto de controversia por las condiciones de reclusión extremas y los cuestionamientos sobre derechos humanos.
La idea de enviar a reos de alta peligrosidad al CECOT de El Salvador no es reciente. Hace una semana, la congresista Katy Ugarte presentó un proyecto de ley con ese objetivo. La iniciativa propone que los internos extranjeros, considerados de alto riesgo, puedan ser trasladados a centros penitenciarios especializados fuera del país.
En su momento, miembros del Ejecutivo señalaron que estaban evaluando la propuesta; sin embargo, el anuncio de Arana solo aplicaría únicamente a delincuentes de nacionalidad extranjera. Es decir, los reos peruanos seguirían cumpliendo sus condenas en territorio nacional.
Ante la propuesta, el congresista Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, expresó su desacuerdo y criticó que se pretenda “exportar presos”. Para el legislador, la prioridad debería ser fortalecer los penales del país.
¿Es viable enviar presos a El Salvador?
Esta medida busca combatir el hacinamiento carcelario y cortar los vínculos del crimen organizado que opera desde los penales del país. Sin embargo, aún no existe claridad sobre cómo se gestionaría este posible acuerdo entre el gobierno peruano y el salvadoreño.
Desde El Salvador, Nery Mabel Reyes, directora de Noticias de Radio YSKL, señaló que las autoridades salvadoreñas no se han pronunciado oficialmente sobre esta propuesta.
“En El Salvador no se ha tenido una posición oficial sobre acercamientos con autoridades peruanas para poder recibir a presos en la cárcel de máxima seguridad o CECOT, como se le conoce, que está ubicada en la zona paracentral del país”, declaró en RPP.
Reyes reveló que algunos especialistas en materia penitenciaria han planteado que El Salvador podría analizar la propuesta si representa una oportunidad económica.
“Me decía un especialista en materia penitenciaria que El Salvador estaría buscando rentabilidad en el sistema carcelario y que si el acuerdo incluye una remuneración que a El Salvador le parece rentable, sería una especie de alquiler de la cárcel de máxima seguridad para dar el tratamiento a los presos ya condenados en Perú”, comentó.
Este modelo no es nuevo. De acuerdo con Reyes, ya existe un precedente de cooperación entre El Salvador y Estados Unidos, mediante el cual se cobra más de 200 dólares diarios por cada reo estadounidense trasladado. Bajo ese esquema, el costo para el Estado peruano podría ascender a 73 mil dólares anuales por cada interno.
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