Perú podría violar acuerdo de Cielos Abiertos con EEUU gracias a nueva ley para elegir asientos en los aviones sin costo adicional

El Congreso de la República del Perú aprobó en primera votación un dictamen que busca garantizar a los pasajeros de vuelos comerciales nacionales e internacionales el derecho a elegir su asiento y llevar un mínimo de 10 kilogramos de equipaje de mano sin costo adicional.

Esta medida, que modifica la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, aún requiere una segunda votación para su aprobación definitiva. Sin embargo, podría generar un impacto no solo en los precios que pagan los consumidores finales, sino en una vulneración de los acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Según el texto aprobado, las aerolíneas no podrán cobrar tarifas adicionales por la selección de asientos dentro de la categoría, tarifa o clase adquirida por el pasajero. El dictamen, que recae en los proyectos de ley 2210 y 2956, establece modificaciones a los artículos 101 y 102 de la Ley 27261.

En el artículo 101.4 se reconoce el derecho de los pasajeros a elegir libremente su asiento sin costos adicionales, mientras que el artículo 102.4 fija un mínimo de diez kilogramos de equipaje de mano permitido en cabina, también sin costo. Además, se otorga un plazo de 90 días hábiles al Poder Ejecutivo para adecuar el reglamento de la ley a estas modificaciones.

La propuesta ha generado un intenso debate entre diversos actores del sector. “Airlines for America” (A4A), una asociación que representa a las principales aerolíneas estadounidenses, expresó su preocupación por los efectos de esta medida. Según A4A, la regulación podría limitar la capacidad de las aerolíneas para personalizar sus servicios y ofrecer opciones adaptadas a las necesidades de los pasajeros.

Además, señalaron que esta normativa podría “violar el Artículo 12 del acuerdo de Cielos Abiertos entre Estados Unidos y Perú”, el cual garantiza a las aerolíneas la libertad de fijar precios sin interferencia gubernamental. A4A también advirtió que la medida podría derivar en un aumento generalizado de las tarifas aéreas, afectando a los más de 830.000 pasajeros que viajan anualmente entre ambos países.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que el dictamen no incluye un análisis costo-beneficio que permita medir el impacto de la propuesta en las distintas variables económicas y sociales. Según el MTC, no se han cuantificado los beneficios ni los costos que esta norma podría generar, lo que dificulta evaluar su impacto positivo o negativo.

Indecopi, la entidad encargada de la defensa de los derechos del consumidor en Perú, también expresó reservas sobre el proyecto. Según la institución, la propuesta podría entrar en conflicto con el régimen económico del país, que garantiza la libertad de empresa.

Además, destacaron que la Ley de Aeronáutica Civil ya permite a las aerolíneas fijar tarifas de acuerdo con las condiciones del mercado. Sin embargo, Indecopi reconoció que separar a grupos familiares o personas con necesidades especiales podría generar perjuicios y riesgos para la seguridad de los pasajeros.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) también criticó la iniciativa, argumentando que podría afectar el modelo de negocio de las aerolíneas, especialmente el de las compañías de bajo costo.

Según IATA, la eliminación de tarifas diferenciadas podría llevar a un aumento en los precios de los boletos promocionales, dificultando el acceso al transporte aéreo para personas de menores recursos. Además, advirtieron que la medida podría obligar a las aerolíneas a adoptar un modelo de tarifa única, lo que limitaría la diversidad de opciones disponibles para los consumidores.

Desde el sector empresarial, Comex Perú destacó que el mercado de transporte aéreo en el país es competitivo y no presenta fallas que justifiquen una regulación de precios. Según la organización, la aprobación del proyecto podría reducir la competencia y desincentivar la entrada de nuevos operadores, especialmente aerolíneas de bajo costo, lo que a su vez afectaría la reducción de precios y perjudicaría a los consumidores.

En contraste, la Defensoría del Pueblo respaldó la medida, calificando como “cláusulas abusivas” los cobros adicionales por asientos que no ofrecen diferencias significativas en el servicio. Según la Defensoría, todos los pasajeros que adquieren el mismo tipo de boleto deberían pagar el mismo precio por asientos con características similares, ya que no se justifica un costo mayor por preferencias personales como la ubicación en la fila.

El debate sobre esta normativa refleja las tensiones entre la protección de los derechos de los consumidores y la libertad comercial de las aerolíneas. Mientras algunos sectores consideran que la medida promueve la equidad y protege a los pasajeros, otros advierten sobre posibles efectos adversos en la competitividad del mercado y el acceso al transporte aéreo. La segunda votación en el Congreso será clave para definir el futuro de esta propuesta y su impacto en la industria aeronáutica del país.