Gremios de turismo y comercio rechazan ley que obliga a incluir asiento y equipaje sin recargo en los aviones: advierten alza de tarifas

El Congreso de la República dio luz verde en primera votación a un dictamen que modifica la Ley de Aeronáutica Civil, con el objetivo de asegurar a los pasajeros el derecho a elegir asiento sin recargo y llevar en cabina un equipaje mínimo de diez kilos sin pago adicional. La decisión se tomó con 74 votos a favor, 30 en contra y 3 abstenciones. Desde distintos sectores, la medida es percibida como un avance en la protección al consumidor; sin embargo, los gremios vinculados al turismo y la aviación advierten que podría encarecer el costo de los pasajes y afectar la dinámica del mercado aéreo.

La modificación alcanza los artículos 101 y 102 de la Ley 27261. El primero establece que los usuarios de vuelos nacionales e internacionales tienen derecho a “elegir libremente el asiento de su preferencia, sin realizar pago adicional, dentro de la categoría, tarifa o clase del servicio adquirido”. Respecto al artículo 102, se indica que “el peso del equipaje de mano permitido en la cabina de la aeronave tendrá como mínimo diez kilogramos, sin costo alguno, pudiendo determinar la aerolínea nacional o internacional pesos mayores al mínimo en las mismas condiciones”.

Antes de la votación definitiva, un grupo de congresistas planteó una cuestión previa para que el dictamen sea devuelto a la Comisión de Transportes, argumentando que se requería un análisis más profundo. La moción fue rechazada con 66 votos en contra, frente a 40 a favor y 1 abstención.

Horas después de la votación, gremios del sector turismo y comercio difundieron un comunicado conjunto para expresar su disconformidad. El texto advierte que la intervención estatal en la estructura tarifaria pone en riesgo el modelo que ha permitido, desde hace años, el acceso de millones de peruanos al transporte aéreo.

Según los gremios, el modelo actual se basa en la flexibilidad y personalización de tarifas. Esta dinámica, afirman, ha contribuido a la reducción de precios y a la expansión del mercado. “Entre el 2011 y 2019, específicamente en el Perú, el número de pasajeros transportados por año aumentó de 18 a más de 40 millones y se redujeron -en ese periodo- casi 40% los precios de los boletos aéreos en rutas domésticas e internacionales”, indicaron.

En esa línea, advierten que exigir la inclusión de servicios adicionales dentro de la tarifa básica eliminaría las opciones más económicas, afectando especialmente a quienes optan por tarifas reducidas sin servicios extra. “El servicio de transporte necesariamente tendrá que incluir atributos que implican un costo adicional como la elección de asiento y un equipaje de cabina de hasta 10 kilogramos, por los que los pasajeros no están dispuestos a pagar más y que en muchos casos no son de necesidad para el pasajero”, señalaron.

En el mismo comunicado, se alerta sobre implicancias más allá del mercado interno. Los gremios recordaron que Perú mantiene acuerdos bilaterales con otros países, como Estados Unidos, que establecen la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios. “Esta iniciativa atenta contra los acuerdos bilaterales de servicios aéreos celebrados por Perú (…) pone en riesgo las relaciones con otros países, al desconocer compromisos internacionales previamente adquiridos”, se lee en el pronunciamiento.

En efecto, Indecopi ya había expresado su desacuerdo con la propuesta, argumentando que servicios como la elección de asiento o el transporte de equipaje de mano deben tratarse como prestaciones opcionales y, por tanto, sujetas a pago. “La elección de un asiento en un vuelo o transportar un equipaje de mano es una prestación adicional que, de ser adquirida, debía ser asumida por el pasajero que la requiera”, sostuvo el organismo.

La propuesta legislativa deberá pasar por una segunda votación para quedar aprobada en forma definitiva. Mientras tanto, el debate sigue abierto entre quienes consideran que se trata de una medida de justicia para el usuario y quienes advierten que podría restringir el acceso a tarifas más asequibles, alterar la competencia y vulnerar compromisos asumidos en el plano internacional.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que el dictamen no incluye un análisis costo-beneficio que permita medir el impacto de la propuesta en las distintas variables económicas y sociales. Según el MTC, no se han cuantificado los beneficios ni los costos que esta norma podría generar, lo que dificulta evaluar su impacto positivo o negativo.