Congreso aprobó ley de amnistía para policías y militares procesados por violaciones de derechos humanos

El Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó este miércoles 11 de junio de 2025 la polémica Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa procesados o sentenciados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre los años 1980 y 2000. Con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, el dictamen fue respaldado principalmente por bancadas conservadoras y ha sido objeto de un amplio debate tanto en el Congreso como en la opinión pública.

La ley, contenida en el Proyecto de Ley 7549, establece una amnistía de carácter humanitario para adultos mayores de 80 años que hayan sido parte activa en la lucha contra el terrorismo, siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo ni corrupción. Incluye también a personas en proceso judicial, sin sentencia firme, lo que ha generado una fuerte alarma entre juristas y organismos de derechos humanos.

Según el artículo 2 de la norma, se concede amnistía a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa con sentencia firme o en trámite de ejecución de pena por delitos “derivados o originados” de su participación en la lucha contra el terrorismo, con la condición de que no hayan sido condenados por terrorismo o corrupción de funcionarios.

Durante la sesión plenaria, el congresista Fernando Rospigliosi Capurro, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso y autor del dictamen, argumentó que se trata de una medida “justa y necesaria”. En su intervención, transmitida por la señal oficial del Congreso TV, Rospigliosi denunció que existen “interminables procesos judiciales que no buscan justicia, sino venganza”, en referencia a los juicios abiertos contra militares y policías.

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular y uno de los principales aliados de la medida, también tomó la palabra en el hemiciclo. Montoya calificó los procesos judiciales como una manipulación de la justicia y consideró que los militares no deberían ser juzgados por actos cometidos durante su labor contra el terrorismo. “Se abrieron juicios interminables. Esto es manipulación de la justicia”, expresó con firmeza.

La aprobación del dictamen no estuvo exenta de duros cuestionamientos. La congresista Sigrid Bazán, del Bloque Democrático Popular, rechazó tajantemente la ley e intentó, sin éxito, que el dictamen vuelva a la Comisión de Constitución mediante una cuestión previa. “Es un dictamen nefasto, estamos hablando de casos como el de Putis, de masacres contra campesinos. No se trata de premiar a los malos elementos, sino de hacer justicia”, señaló Bazán con visible indignación.

Por su parte, el legislador Alex Flores de la Bancada Socialista, criticó que se pretenda blanquear crímenes de lesa humanidad. “Hablar de amnistía es hablar de impunidad”, declaró. En la misma línea, Jaime Quito, también de la Bancada Socialista, enfatizó la falta de atención a las víctimas y sus familias, y alertó sobre los peligros de invisibilizar su dolor con una ley de esta naturaleza.

Fuera del Congreso, la norma ha sido condenada por diversas organizaciones de derechos humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtió en un pronunciamiento que esta ley representa un serio retroceso en la lucha contra la impunidad y viola compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “No se puede pasar por alto crímenes como las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales o torturas cometidas al amparo del poder estatal”, denunció la institución.

El Ministerio Público también se pronunció. La fiscal Delia Espinoza recordó que “la Corte Interamericana ya fue clara: las leyes de amnistía por crímenes de lesa humanidad son inadmisibles”, y advirtió que, de seguir adelante, el Perú podría incurrir en desacato internacional.

Los críticos han equiparado esta ley con la cuestionada ley de amnistía emitida durante el régimen de Alberto Fujimori en la década de 1990, también orientada a proteger a militares implicados en violaciones de derechos humanos. Casos emblemáticos como los de Barrios Altos y La Cantuta —que implicaron ejecuciones extrajudiciales de civiles— podrían quedar impunes si se aplica esta nueva norma a los condenados de edad avanzada.

Aunque desde sus promotores se defiende la medida como “humanitaria”, sus detractores la consideran un intento del Congreso actual por blindar a miembros de las fuerzas del orden implicados en crímenes graves durante el conflicto interno, consolidando así un escenario de impunidad a costa de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.