Alan García: Cuestionan gasto que haría el Congreso en comisión para buscar responsables de su suicidio

La controversia nuevamente golpea al Congreso del Perú a raíz de la propuesta para crear una comisión especial destinada a investigar la muerte del expresidente Alan García, ocurrida el 17 de abril de 2019. Seis años después del hecho, la iniciativa impulsada por el congresista Jorge Montoya ha desatado críticas tanto por su fundamento político como por el impacto fiscal que tendrá en las ya copadas arcas estatales, en medio de un contexto donde proliferan los comités especiales con resultados poco tangibles para la ciudadanía.

Esa mañana de abril de 2019, la noticia del suicidio del expresidente conmocionó al país. Alan García, líder del Partido Aprista y dos veces jefe de Estado, iba a ser arrestado de manera preliminar por una investigación vinculada a presuntos actos de corrupción. Pasadas las 6:27 horas, representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú llegaron a su domicilio con la orden de detención. Según el testimonio oficial del entonces ministro del Interior, Carlos Morán, García pidió ingresar a su habitación con la excusa de llamar a su abogado. Cuatro minutos después, un disparo interrumpió el tenso silencio. Al abrir la puerta, la policía encontró al expresidente gravemente herido. Fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa, donde falleció a las 10:05 horas tras una hemorragia cerebral irreversible.

Seis años después del suicidio, la propuesta parlamentaria busca “indagar presuntas responsabilidades políticas y penales” en torno a ese suceso. Montoya, quien sostiene que “ha habido situaciones totalmente sospechosas antes, durante y después de la muerte”, se apoya en la premisa de esclarecer hechos que, a su juicio, no han sido debidamente dilucidados. “Eso tiene que salir a la luz y tiene que conocerse la verdad”, expresó el parlamentario. No obstante, la ambigüedad sobre el objetivo final de la investigación y, especialmente, el costo que implicará para el Estado han intensificado el debate.

La creación de este tipo de comités no constituye ninguna novedad en el Parlamento peruano. Solo en 2023, según recoge 24 Horas Noticias, el Legislativo gastó más de 8 millones de soles en la conformación de 22 comisiones extraordinarias, cifra que casi iguala el número de comisiones ordinarias y que se repite en el actual período, donde ya existen 34 grupos especiales entre comisiones extraordinarias e investigadoras. Estos espacios, financiados con recursos públicos, tienen como propósito abordar asuntos específicos de manera temporal, pero su proliferación ha encendido alertas sobre su verdadero impacto y sostenibilidad.

La preocupación por el costo y efectividad de estas investigaciones ha cobrado fuerza, sobre todo por antecedentes recientes. En junio de 2022, el propio Montoya impulsó una comisión para indagar presuntas irregularidades en las elecciones generales de 2021. Tras cuatro meses de actividad, el informe fue archivado por falta de votos y el gasto superó los 140.000 soles, destinados principalmente a personal y pagos administrativos. Para Montoya, la cifra “no es significativa”, pero la percepción ciudadana y de especialistas difiere.

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi catalogó la iniciativa como un acto de morbo y un interés insano de “manosear” un hecho de la historia reciente, criticando el uso de fondos públicos en lo que calificó como “desvaríos”. En la misma línea, el exprocurador Antonio Maldonado desestimó la viabilidad jurídica, política y moral de la comisión, señalando que sus eventuales resultados carecerían de justificación e implicarían un derroche de recursos.

El Congreso de la República mantiene actualmente 24 comisiones ordinarias, encargadas de analizar y dictaminar proyectos de ley de manera permanente. Sin embargo, el número de comisiones especiales no deja de aumentar. De acuerdo con el análisis de Maldonado y Rospigliosi, este crecimiento exponencial responde, entre otros factores, a prácticas políticas destinadas a justificar una planta laboral excesivamente abultada. “Son más de 3.500 trabajadores, un presupuesto que supera el billón de soles en 2025, y cerca de 28 empleados por cada parlamentario, una cifra que ni siquiera se alcanzó en época bicameral”, advierte el constitucionalista. El exceso de personal y la multiplicidad de grupos especiales son factores que, según los expertos, alimentan el descrédito institucional y afectan la eficiencia legislativa.

Para Maldonado, el origen y ejecución de estas comisiones rara vez traen como consecuencia resultados prácticos o beneficios visibles. “Solo generan enormes pérdidas al erario público. El día en que se establezca un mecanismo para que los congresistas asuman las consecuencias presupuestarias de sus decisiones, se podrán evitar gastos innecesarios”, subrayó el exprocurador a 24 Horas Noticias,