Pedro Castillo confunde el Tratado de Alta Mar con Convemar: Acusa a Dina Boluarte y al Congreso de “traición a la patria”

Como en su nefasto Gobierno. El golpista expresidente Pedro Castillo protagonizó un lamentable incidente en la sesión de hoy martes 10 de junio del juicio en su contra al confundir el Tratado de Alta Mar con el Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

La suscripción del Tratado de Alta Mar por parte de la presidenta Dina Boluarte en Francia ha generado polémica. Ello toda vez que se cree que afectaría la soberanía del Perú sobre las 200 millas, algo que ha sido negado por el Gobierno, que firmó el tratado como estado no parte de Convemar.

"Permítame hacer pública una indignación", inició así su intervención el golpista. “A mí se me acusa de haber cerrado el Congreso. Este Congreso que el día de hoy, con su monigote que ha enviado a Francia, acaba de cometer un delito a la traición (sic). Señores jueces, no seamos cómplices de lo que está pasando en el país. Yo pido, por favor, que seamos más realistas. ¿Qué significa la Convemar?...“.

En este punto, Castillo fue interrumpido por la jueza suprema Norma Carbajal, pero, por su insistencia, se le permitió seguir con su intervención.

"La Convemar significa ponerle una pantalla para decir que el gobierno, a través de un convenio, vamos a defender la biodiversidad. Yo, siendo presidente de la República, cesé en el acto a un canciller que firmó a mis espaldas el convenio de Convemar", alegó.

El exmandatario siguió confundiendo los tratados e hizo un llamado “a la más amplia unidad”. Aseguró que es un “presidente del pueblo” que está “defendiendo los derechos del país” pese a la corrupción durante su Gobierno.

En este punto, la jueza Norma Carbajal interrumpió al golpista para recordarle que se le da el uso de la palabra para que se acredite ante la Sala. Como no lo hizo, se dejó constancia de su presencia. “No hay necesidad que me identifique. El Perú sabe que soy su presidente”, dijo Pedro Castillo, totalmente desconectado de la realidad.

Durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano en Niza, Francia, la presidenta Dina Boluarte firmó el ‘Tratado de Alta Mar’, un acuerdo internacional orientado a la conservación de la biodiversidad marina en aguas fuera de las jurisdicciones nacionales. La decisión, celebrada por el Ejecutivo como un avance en el compromiso ambiental de Perú, ha generado un intenso debate en el país, con críticas que vinculan el tratado a una supuesta pérdida de soberanía sobre el dominio marítimo de las 200 millas. El canciller Elmer Schialer aclaró que la firma no compromete los derechos marítimos nacionales, pero el tema aún debe pasar por el Congreso para su ratificación.

El tratado, conocido formalmente como el “Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales” (BBNJ), busca proteger los ecosistemas de la alta mar, áreas que representan dos tercios de los océanos y carecen de regulación internacional robusta. Según el texto adoptado por la ONU en 2023, el acuerdo establece áreas marinas protegidas y regula actividades como la pesca industrial, la minería submarina y la bioprospección genética. “Su objetivo central es proteger la biodiversidad de las zonas oceánicas ubicadas fuera de las jurisdicciones nacionales”, subrayó el canciller Schialer, destacando que el tratado no afecta las 200 millas reconocidas por la Constitución peruana.

El Ejecutivo defiende que la adhesión al tratado posicionará a Perú como un actor clave en la gobernanza oceánica global, facilitando el acceso a “inversión azul” y cooperación técnica para proyectos de conservación. La firma también refuerza el compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, enfocado en la vida submarina. Schialer enfatizó que Perú firmó el acuerdo “como Estado no parte de la Convemar, reafirmando su compromiso con la conservación del océano sin afectar sus 200 millas de dominio marítimo”. En la misma línea, el exvicecanciller Hugo de Zela desmintió las críticas: “Este tratado dice claramente que no se aplica a las 200 millas nacionales”.

Sin embargo, sectores industriales y comerciales, como la Sociedad Nacional de Pesquería y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, rechazan el acuerdo, argumentando que impone “restricciones innecesarias” que podrían debilitar la pesca, un sector que “genera miles de empleos y es un motor de desarrollo descentralizado”. En un comunicado, estas organizaciones acusaron a ONGs de impulsar el tratado para “acabar con sectores productivos” y advirtieron que podría afectar la seguridad alimentaria y la inversión privada. Estas críticas han alimentado temores de una pérdida de soberanía, pese a las garantías oficiales de que el tratado no interfiere con el dominio marítimo nacional.

La firma del tratado es solo el primer paso, ya que su entrada en vigor requiere la ratificación de al menos 60 países y, en el caso de Perú, la aprobación del Congreso. Hasta ahora, 33 países, incluyendo Chile, Costa Rica y Panamá, han ratificado el BBNJ.