Rafael López Aliaga firma acuerdo con alcalde de El Salvador y se dirige a Nayib Bukele: “No hay solución en Perú y pedimos ayuda”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, firmó este lunes un acuerdo de cooperación con el alcalde del municipio de San Salvador Centro, Mario Durán Gavidia, y aprovechó la oportunidad para dirigirse públicamente al presidente Nayib Bukele y solicitar su apoyo frente a la creciente ola de criminalidad que enfrenta el Perú.

Durante el acto realizado en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la autoridad destacó el modelo de seguridad implementado por Bukele y lo comparó con la situación actual del país.

“Es un sueño seguir por los medios de prensa cómo El Salvador estaba destruido, era un lugar donde no se podía vivir, y compararlo con el Perú de hoy, con la Lima de hoy. Vemos que ahora Lima y Perú están como El Salvador estaba antes de que surgiera una generación de jóvenes que dijeron: ‘a esto le damos vuelta’. Y le han dado vuelta. El Salvador es uno de los países más seguros del mundo”, expresó.

Agregó que la administración peruana no cuenta con una estrategia efectiva para enfrentar el crimen organizado. “Hay que reconocer que no hay solución en Perú y pedimos ayuda. Es inteligente, es una virtud la humildad, pedir ayuda a un país que tiene una proyección total con base en decisiones inteligentes y oportunas”, afirmó durante el acto.

Asimismo, retiró su propuesta de trasladar a cinco mil reos peruanos de alta peligrosidad al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel administrada por Bukele que, desde marzo pasado, alberga a migrantes deportados por Estados Unidos acusados de pertenecer a la banda transnacional Tren de Aragua.

“Le pido sus buenos oficios (...) para poder llevar por un año y medio a los más ranqueados sicarios y extorsionadores. En Perú sí hay plata para poder hacer esa deportación por un tiempo, hasta que tengamos una asesora también de El Salvador para tener uno o varios CECOT en Perú, que podría ser un convenio de gobierno a gobierno”, explicó.

También criticó el uso ineficiente de los fondos del erario público. “Lamentablemente, aquí los recursos del Estado se van a planillas enormes, en una planta petrolera que cada seis meses requiere mil millones de dólares más. Con mil millones hace rato tendríamos varios CECOT en Perú, si fuéramos más humildes de pedir ayuda”, sostuvo.

En ese sentido, López Aliaga planteó una colaboración directa con el gobierno salvadoreño para replicar el modelo de megacárceles. “Si alguien está demostrando mundialmente que ha vencido el problema, pedimos ayuda. Que otro lo ha hecho mejor que nosotros y hay que interactuar. Por su intermedio, le pido que podamos devolverle la visita a El Salvador, algo próximo, porque aquí tenemos seis muertos por día, o más. Es un drama que está dividiendo al Perú”, afirmó.

Finalmente, cuestionó los beneficios que reciben delincuentes de alta peligrosidad. “Aquí hay una complicidad donde se le da beneficios irracionales a un delincuente de altísima peligrosidad, cosa que El Salvador no permite. El mismo hecho de que el líder de un grupo criminal, tipo Tren de Aragua u otros bichos, sepa que su destino es el CECOT va a ser disuasivo. (...) Se va a ir de Perú rápidamente”, concluyó.

El debate sobre el envío de presos peruanos de alta peligrosidad a El Salvador no es reciente. En mayo pasado, la congresista Jhakeline Ugarte, del Bloque Magisterial, planteó trasladar a internos con condenas por delitos graves, como sicariato, homicidio calificado o extorsión.

“El objetivo es descongestionar los penales del país y reforzar el control institucional frente a bandas criminales que operan dentro de las cárceles”, señala el dictamen. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, también propuso una reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y apoyó la posibilidad de enviar a delincuentes peligrosos fuera del país como parte de una reforma integral del sistema carcelario.

A su vez, López Aliaga solicitó que el Ejecutivo declare al Tren de Aragua como organización terrorista, en línea con la decisión adoptada por Estados Unidos. “Estamos bajo ataque. Ya no se trata solo de inseguridad común, sino de terrorismo urbano”, sostuvo.