Dina Boluarte firmó el ‘Tratado de Alta Mar’: ¿qué es, qué significa para el Perú y por qué lo vinculan con pérdida de soberanía?

La presidenta Dina Boluarte suscribió oficialmente el denominado ‘Tratado de Alta Mar’ en el marco de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, que se llevó a cabo en Niza, Francia. Este acuerdo internacional, aunque poco conocido para muchos peruanos, se ha convertido en motivo de discusión nacional: mientras el Ejecutivo defiende que el tratado fortalece el compromiso ambiental del país, sectores críticos insisten en asociarlo con una supuesta “entrega” del dominio marítimo de las 200 millas, lo cual ha generado inquietud y desinformación.

Al respecto, el canciller Elmer Schialer, quien resaltó que una docena de Estados rubricó el acuerdo, precisó que la adhesión no implica por ahora la entrada en vigencia, ya que el documento deberá pasar por un proceso de revisión y debate en el Congreso de la República. Además, que el Ejecutivo “firmó este acuerdo como Estado no parte de la Convemar, reafirmando su compromiso con la conservación del océano sin afectar sus 200 millas de dominio marítimo, según lo establece nuestra Constitución”.

El ‘Tratado de Alta Mar’, al que se hace referencia oficialmente como “Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales” (BBNJ, por sus siglas en inglés), fue adoptado en la ONU en 2023. Su objetivo central es proteger la biodiversidad de las zonas oceánicas ubicadas fuera de las jurisdicciones nacionales, conocidas como alta mar, que abarcan aproximadamente dos tercios de la superficie marítima del planeta.

Estas áreas, ubicadas más allá de las 200 millas náuticas a partir de las costas nacionales, carecían hasta el momento de una regulación internacional robusta que permitiera controlar las actividades humanas y garantizar la preservación de recursos vitales. El tratado surgió con el fin de subsanar ese vacío legal, estableciendo mecanismos para crear áreas marinas protegidas y regular prácticas como la pesca industrial, la minería submarina o la bioprospección genética.

La importancia de este acuerdo radica en su capacidad para sentar las bases legales para la conservación del llamado “pulmón azul” del planeta y asegurar, a futuro, el acceso equitativo a recursos genéticos marinos. El texto contempla, además, el reparto de beneficios derivados del uso de estos recursos y promueve la cooperación científica, técnica y financiera entre los Estados firmantes.

La ratificación del tratado abriría para Perú el acceso a lo que se denomina “inversión azul”, cooperación técnica internacional e investigación científica en alta mar. Podrían recibirse fondos y asistencia para proyectos de conservación, desarrollar capacidades nacionales en gestión de recursos marinos y participar de manera más activa en foros internacionales sobre gobernanza oceánica.

La participación peruana subraya el compromiso del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (especialmente el ODS 14 sobre la vida submarina) y lo acerca a una red global de naciones preocupadas por el futuro de los océanos.

Las autoridades niegan que la rúbrica afecte las 200 millas de dominio marítimo reconocidas por la Constitución del Perú. En declaraciones a RPP, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores defendió que la firma no implica una merma en los derechos del país sobre su dominio marítimo. “Es un tratado ambiental que el Perú puede firmar reafirmando su condición de Estado no parte de la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). Quien dice lo contrario, miente; no está informando correctamente”, expresó.

Al respecto, el exvicecanciller Hugo de Zela mencionó que no debe confundirse el tratado de Alta Mar con otros instrumentos legales como la Convención del Mar (Convemar). “Hay una discusión con la vinculación de Convemar, pero eso responde a la ignorancia. La gente que critica no lee. Este tratado dice claramente que no se aplica a las 200 millas nacionales”, aclaró.

No obstante, voces como la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Pesquería insisten en que la firma representa una pérdida de soberanía de nuestro país en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.

En un reciente comunicado, mencionaron que el BBNJ impone restricciones innecesarias y pretende debilitar organizaciones regionales eficaces. “Este acuerdo es impulsado por las ONGs que buscan acabar con sectores productivos como la pesca en nuestro país que genera miles de empleos y es un motor de desarrollo descentralizado. Rechazamos que el Gobierno suscriba acuerdos que afecten la seguridad alimentaria, destruyan empleos formales y atenten contra la inversión privada“, exponen.

Vale decir que la firma no representa la vigencia, pues el tratado requiere de al menos 60 países para entrar en vigor 120 días después.

Aunque varios estados han firmado el acuerdo este solo ha sido ratificado por Antigua y Barbuda, Bangladesh, Barbados, Belice, Chile, Costa Rica, Cuba, Chipre, Dominicana, Unión Europea, Finlandia, Francia, Hungría, Latvia, Malawi, Maldivas, Islas Marshall, Mauricio, Micronesia, Monaco, Noruega, Palau, Panamá, Portugal, Corea, Rumania, Seychelles, Singapur, Eslovenia, España, Santa Lucía y Timor Oriental.