Contrataciones a dedo en el Congreso: Personal de confianza de la Mesa Directiva no pasa por concurso público

La Mesa Directiva del Congreso ha implementado un esquema que permite incorporar trabajadores sin necesidad de demostrar experiencia, formación profesional o haber participado en un proceso de selección abierto. Según la investigación realizada por Cuarto Poder, bajo esta figura, bautizada como “módulo de personal de confianza”, los parlamentarios pueden ampliar sus equipos con absoluta discrecionalidad, respaldados por un acuerdo interno cuya existencia es desconocida incluso para varios congresistas.

El mecanismo, aprobado en la gestión de José Williams y mantenido durante los mandatos de Alejandro Soto y Eduardo Salhuana, ha generado un notable incremento en los gastos de contratación. En solo cinco meses de 2024, el Parlamento destinó más de un millón de soles al pago de sueldos para estos nuevos asesores. Expertos advierten que se trata de una estrategia para beneficiar a personas allegadas, muchas de ellas vinculadas a campañas políticas o a redes de poder dentro del Legislativo.

El acuerdo N.º 072-2022-2023, aprobado de forma reservada por la Mesa Directiva, abrió la puerta a una modalidad de contratación paralela. Gracias a esta disposición, se ha incorporado a personal bajo criterios de afinidad política y sin cumplir requisitos mínimos. No se exige título profesional, experiencia comprobada ni especialización. Basta con la aprobación del presidente del Congreso para que un nuevo asesor pase a la planilla del Parlamento.

Las cifras reveladas por el programa Cuarto Poder muestran la magnitud del gasto: en abril de 2025 se invirtieron 491.810 soles solo en pagar sueldos a 58 trabajadores del módulo de confianza. Estos montos se suman a los más de tres millones de soles desembolsados durante la gestión de Eduardo Salhuana en apenas nueve meses. En conjunto, las gestiones de Williams, Soto y Salhuana han permitido que el presupuesto asignado a estos contratos supere los ocho millones de soles.

La falta de filtros también ha despertado críticas por parte de exfuncionarios y especialistas. Alejandro Rospigliosi, analista en materia electoral, sostiene que esta estructura responde a fines políticos antes que institucionales. Según explicó, muchos de estos empleados cumplen tareas relacionadas con campañas, organización de eventos y actividades proselitistas, en lugar de funciones técnicas o legislativas.

Pese a que se trata de un acuerdo con impacto presupuestal, varios legisladores admitieron que no estaban al tanto de su existencia. Paul Gutiérrez y Guido Bellido, de Perú Libre, dijeron a la prensa que no sabían qué era el módulo de personal de confianza ni cómo se canalizaban estas contrataciones. La gestión del personal, precisaron, recae directamente en la Mesa Directiva, que no está obligada a consultar a los demás miembros del Congreso.

Esto ha generado un escenario de opacidad que preocupa a organizaciones de la sociedad civil. La capacidad de decisión queda en manos de una cúpula reducida, sin mecanismos de fiscalización ni reportes transparentes sobre los perfiles contratados. La mayoría de nombres incorporados no aparece en comunicados oficiales ni en el portal de transparencia del Congreso.

Uno de los casos más cuestionados es el de Yeshira Peralta Salas, cuñada del expresidente del Congreso Alejandro Soto. Su salario se duplicó tras ingresar a través de este módulo especial, sin que se explique públicamente en qué consisten sus funciones o por qué se le asignó un aumento salarial. En la misma situación se encuentran otros asesores con vínculos familiares o políticos, lo que ha encendido las alertas sobre posibles conflictos de interés.

Los rangos salariales que maneja este personal también han llamado la atención. Los sueldos oscilan entre los 2 mil y los 15 mil soles mensuales, sin que existan informes de desempeño ni resultados que justifiquen dichas remuneraciones. Uno de los casos más visibles es el de Jimmy Torres Siás, asesor principal del presidente del Congreso, quien percibe el salario más alto dentro del módulo.

Torres Siás no cuenta con estudios de posgrado ni una trayectoria destacada en la administración pública, pero ha participado en numerosos viajes oficiales al extranjero. Cuando fue consultado por el motivo de estas salidas, aseguró que su función era establecer vínculos internacionales, a pesar de que su rol como asesor no contempla gestiones diplomáticas ni representaciones institucionales.

El mismo Torres reconoció ante cámaras que obtuvo el cargo sin postular a un concurso público y que fue elegido por confianza directa del presidente del Congreso. “Son puestos de confianza”, declaró al programa de televisión, dejando en evidencia la informalidad con la que se administran estos empleos dentro del Legislativo.

Mientras la ciudadanía exige reformas, el Congreso concentra esfuerzos en ampliar su maquinaria interna. En paralelo a las protestas que exigen cambios reales, desde el Legislativo se fortalecen redes internas con nuevos asesores que responden a intereses particulares. Algunos de ellos realizan labores ajenas a lo legislativo, como apoyo en campañas de reelección o actividades logísticas en eventos políticos.

El propio diseño del módulo de confianza, según denuncian especialistas, permite que estas contrataciones no tengan ningún tipo de control. No existe un órgano independiente que evalúe su necesidad ni una supervisión externa sobre sus tareas. El acuerdo que respalda este mecanismo no ha sido debatido en el pleno ni ha pasado por comisión alguna.