La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, se prepara para acertar un nuevo golpe a la democracia, específicamente contra los derechos humanos. Hoy martes 10 de junio, el grupo de trabajo tiene agendó el debate y votación del predictamen que propone otorgar amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Comités de Autodefensa que vienen siendo procesados por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
El texto legal propuesto no lo dice, pero se tratan de los delitos catalogados por la Fiscalía como graves violaciones a los derechos humanos, que son imprescriptibles según los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano.
La amnistía no aplicaría solo para los militares, policías y ronderos que se encuentren en calidad de denunciados, investigados o procesados. El predictamen también plantea que el beneficio se extienda a quienes cuentan con sentencia penal firme con calidad de cosa juzgada o estén cumpliendo prisión efectiva o suspendida por estos delitos.
El texto plantea una sola excepción: los denunciados o imputados por delitos de terrorismo o corrupción de funcionarios “quienes deben ser objeto de los procesos penales correspondientes“.
De aprobarse el texto, se corre el riesgo de que procesos por ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas y torturas queden impunes y los deudos de las víctimas queden desamparados y sin justicia.
Propuesta inconstitucional
Ante la mesa técnica que organizó la Comisión de Constitución, la fiscal Diana Paico, de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, el proyecto de ley violentaría el derecho al debido proceso, a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familiares. Subrayó que el Estado peruano ratificó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 1981, y que sus decisiones, como en el caso Barrios Altos, son “claras, uniformes y reiterativas” al señalar que “las leyes de amnistía general que impidan la investigación, procesamiento o sanción de graves violaciones a los derechos humanos son incompatibles con la Convención Americana y, en consecuencia, carecen de validez jurídica”.
Incluso, el doctor Aníbal Quiroga León, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, coincidió en que la promulgación de una amnistía general “resulta jurídicamente inviable y contraria a los compromisos internacionales asumidos por el Perú”.
El Ministerio Público, citando a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), enfatizó que las violaciones más graves de derechos humanos por parte de agentes policiales incluyeron “ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, y tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Estas conductas, señaló la Fiscalía, incluso si son calificadas como delitos comunes fueron cometidas en un “contexto de graves violaciones de derechos humanos”, por lo que “no pueden quedar impunes”.
En cuanto al argumento del “plazo razonable” invocado por los proponentes de la amnistía, el abogado Omar Cairo, en representación del Poder Judicial, afirmó que el remedio adecuado para la violación del derecho al plazo razonable es el habeas corpus, no una ley de amnistía. Explicó que la amnistía busca “descriminalizar una conducta durante cierto tiempo, porque en términos genéricos es una conducta repugnante” con el fin de pacificar, especialmente en contextos de guerras civiles.
A su turno, la Defensoría del Pueblo, en una opinión inicial, se mostró en contra, argumentando que una ley de amnistía debe responder a una situación excepcional y “respetando la vigencia de los derechos fundamentales, de acuerdo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad”, pues de lo contrario, resultaría “una norma inválida por inconstitucional”. Luego, el adjunto para los Derechos Humanos de la institución, Carlos Fernández Millán, contradijo esta opinión y se mostró a favor.
“No solamente podría generar impunidad frente a hechos tan graves que ya hemos narrado, sino que dejaría expuesto o expedito al Perú a ser emplazado ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió la fiscal Diana Paico.
Amnistía fue aprobada
La Comisión de Constitución aprobó por mayoría el predictamen que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Comités de Autodefensa. Fueron 15 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.
El texto fue respaldado por Fuerza Popular y sus bancadas aliadas Avanza País y Renovación Popular.
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