Ni SJL ni San Martín de Porres: Este es el distrito céntrico con más denuncias por extorsión en 2025

El avance de la criminalidad en Lima ha dejado atrás viejos estigmas que situaban a San Juan de Lurigancho (SJL) o San Martín de Porres como los principales focos de extorsión en la capital. Hoy, el Cercado de Lima encabeza una estadística alarmante: según datos recientes de la Policía Nacional, se ha consolidado como el distrito con mayor cantidad de denuncias por extorsión y estafa en toda la ciudad.

Durante los primeros cinco meses de 2025, las cifras invitan a la preocupación. Juan Carvajal, analista de datos, precisa que las denuncias por extorsión se dispararon un 88% respecto al mismo período del 2024, mientras que las estafas aumentaron un 14%. Esta escalada marcaría una nueva etapa en la criminalidad limeña y pone sobre el tapete la insuficiencia de las actuales políticas de seguridad para abordar la magnitud del fenómeno.

A pesar de que la percepción popular suele asociar la extorsión a puntos periféricos o zonas tradicionalmente conflictivas como SJL o San Martín de Porres, los datos confirman que ahora el principal epicentro está en el Cercado de Lima. Esto se traduce en que el corazón político del país es hoy también el más vulnerable frente al accionar de mafias y bandas organizadas.

Una estadística clave del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revela que el 27% de los limeños ha sido víctima de extorsión al menos una vez en lo que va del año. El fenómeno, lejos de estar focalizado, afecta transversalmente a la ciudad, con una mayor incidencia en los estratos socioeconómicos C, D y E, que concentran el 86,7% de las víctimas registradas. Así, la extorsión ha dejado de ser un delito vinculado únicamente a zonas marginales para instalarse en pleno centro de la urbe y afectar tanto a comerciantes como a trabajadores y familias de clases medias y bajas.

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, considera que la criminalidad ya no puede tratarse como un problema exclusivo de seguridad ciudadana. Según señaló a 24 Horas Noticias, la situación ha escalado hasta convertirse en un verdadero desafío de seguridad nacional, que exige una estrategia transversal y la intervención del más alto nivel del Ejecutivo.

Liendo señala que el fenómeno de la extorsión y la criminalidad organizada en Lima responde a una suerte de “invasión de criminales transnacionales”, que se ha manejado como si fueran “asuntos del ladrón de esquina”. Bajo su perspectiva, ni el refuerzo de patrullaje con 4.000 motocicletas ni la creación de unidades municipales especializadas bastarán para enfrentar una amenaza que ya desborda la capacidad de los gobiernos locales.

“Se requiere voluntad política desde el más alto nivel del gobierno y la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional, no solo al de Seguridad Ciudadana”, enfatizó el especialista. Para Liendo, la percepción errada sobre la naturaleza de la amenaza ha derivado en una respuesta fragmentada e insuficiente. A ello suma un factor adicional: los constantes cambios en la jefatura de la DINI han debilitado la continuidad y efectividad de la gestión de inteligencia, vaciando de contenido estratégico una institución clave en el combate al crimen organizado.

Los datos compilados por la Policía confirman que la extorsión se ha vuelto parte cotidiana de la vida en Lima. Comerciantes, transportistas, dueños de pequeñas empresas y hasta familias particulares han denunciado amenazas, cobros indebidos, chantajes y llamadas intimidatorias, mecanismo típico de las bandas que buscan monetizar la inseguridad y el temor.

El incremento de casi 90% en las denuncias evidencia que, además del aumento real de los casos, existe una mayor disposición a reportarlos ante las autoridades. Sin embargo, este dato positivo de denuncia contrasta con la percepción de desprotección ciudadana y la lentitud del Estado para desplegar acciones efectivas.