Deflagración en Villa El Salvador: 34 muertos, más de 50 heridos y 5 años de prisión suspendida; ¿qué pasó con el responsable?

El 23 de enero de 2020, un día que parecía rutinario, se tornó en tragedia en Villa El Salvador. Luis Guzmán Palomino, de 72 años, manejaba un camión cisterna de gas licuado de petróleo (GLP), propiedad de la empresa Trans Gas. Tras pasar por un desnivel en la vía, la tapa del vehículo se desprendió, provocando una fuga masiva de gas que se extendió rápidamente hacia las viviendas cercanas. El riesgo era inmediato y fatal: solo una chispa bastaba para desencadenar un incendio de grandes proporciones.

En cuestión de minutos, las calles se llenaron de gritos y desesperación. Vecinos atrapados en sus casas comenzaron a sentir una extraña sensación de asfixia. El gas invadió las habitaciones a través de puertas y ventanas. El caos se desató cuando una persona encendió accidentalmente su vehículo, desatando una deflagración que consumió todo a su paso y cobró la vida de 34 personas, además de dejar a más de 50 heridas, muchas con quemaduras severas.

El camión, originalmente un vehículo de carga modificado para transportar gas, no resistió el desnivel de la pista, una falla estructural que no fue reparada durante años. Esto llevó a que la tapa del tanque se desprendiera y se iniciara la fuga. El gas licuado se dispersó en grandes cantidades y alcanzó a un radio de cientos de metros, poniendo en peligro no solo a los transeúntes sino también a los residentes de las casas cercanas.

La deflagración se convirtió en un incendio incontrolable que obligó a las familias a huir, muchas con la ropa quemada o en condiciones graves. Los testimonios de los vecinos narran escenas de horror: niños y adultos con quemaduras de tercer grado, personas con la piel desprendida, y una ciudad paralizada por el miedo y la desesperación. Las víctimas fueron trasladadas rápidamente a hospitales del Ministerio de Salud, EsSalud y el Instituto Nacional de Salud del Niño, donde recibieron atención urgente.

Desde el primer momento, el conductor Luis Guzmán fue señalado como responsable, en parte debido a su avanzada edad y a un historial de 83 infracciones graves y muy graves. Sin embargo, el accidente no se debió solo a una supuesta negligencia individual.

La pista donde ocurrió el accidente presentaba un desnivel peligroso, obra ejecutada y mantenida por las administraciones municipales de los hermanos Guido y Kevin Iñigo Peralta, quienes se han alternado en la alcaldía de Villa El Salvador.

Sumado a ello, se reveló que el camión cisterna había tenido un incidente similar en 2018, lo que pone en tela de juicio la responsabilidad de la empresa Trans Gas en el mantenimiento y adecuación del vehículo. Aunque la compañía aseguró contar con todas las autorizaciones legales para el transporte de GLP, la falta de prevención fue un factor determinante en la tragedia.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) certificó la autorización a la empresa, lo que lleva a cuestionar la supervisión de esta entidad estatal. Por estas razones, la Fiscalía abrió dos investigaciones por delitos de homicidio culposo y lesiones graves, aunque en diciembre de 2021 una de las carpetas fue archivada por falta de pruebas para demostrar dolo o intención.

El proceso judicial avanzó lentamente hasta que, en 2025, el conductor fue condenado a cinco años de prisión suspendida, una pena que no implica reclusión sino cumplimiento en libertad bajo ciertas condiciones. Además, el responsable deberá pagar una reparación económica a las víctimas sobrevivientes, mientras que la empresa fue sancionada con indemnizaciones variables. Sin embargo, estas medidas han generado rechazo y frustración en quienes perdieron a sus seres queridos o resultaron gravemente afectados.

Los familiares de las víctimas consideran insuficiente esta condena y reclaman mayor justicia. Para ellos, la magnitud del daño y el dolor vivido requieren una respuesta penal más severa, que sirva de ejemplo y evite que hechos similares se repitan. La demora en el proceso y las decisiones judiciales han dejado una sensación de abandono, mientras recuerdan cada detalle del accidente que marcó sus vidas para siempre.

Este caso ha evidenciado la necesidad urgente de mejorar las condiciones para el transporte de materiales peligrosos, así como la supervisión estatal sobre las empresas autorizadas para realizar esta actividad. La falta de mantenimiento adecuado en la vía y el estado deficiente del camión fueron causas directas del siniestro.

Expertos en seguridad y legislación apuntan a la necesidad de reforzar normativas que garanticen inspecciones rigurosas y sanciones ejemplares para quienes incumplen. Asimismo, es crucial que las autoridades municipales asuman su responsabilidad en el mantenimiento de la infraestructura vial para proteger a los ciudadanos.