“Así se hacen los negocios”: la polémica visión de los empresarios peruanos sobre el soborno y la corrupción en revelador estudio de la UP

Un reciente estudio realizado por el Centro de Ética y Gestión Sostenible (CEGES) de la Universidad del Pacífico, en colaboración con Datum Internacional, ha revelado que el soborno en el sector empresarial peruano está en un preocupante estado de “desarrollo”.

Según el Índice de Institucionalización del Soborno (IIS), el Perú obtuvo una puntuación de 39,4, lo que indica un nivel medio de conocimiento de la normativa anticorrupción y un esfuerzo moderado para combatir estas prácticas, pero con una percepción crítica de que el soborno es un hábito en el entorno empresarial.

Este indicador sugiere que, si no se toman medidas contundentes, el país podría avanzar hacia un escenario de “soborno institucionalizado”, donde estas prácticas se normalicen aún más.

El informe, liderado por los investigadores Matilde Schwalb, María Ángela Prialé y Luis Benites, destaca que el desconocimiento de las leyes y las iniciativas voluntarias contra la corrupción es alarmantemente alto. A nivel nacional, el 52% de los empresarios desconoce las leyes anticorrupción, cifra que asciende al 56% en el caso de las pequeñas empresas.

Además, el 46% de los encuestados no está familiarizado con las iniciativas voluntarias para combatir el soborno. La ley más conocida es la de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806), reconocida por el 26% de las empresas grandes del interior del país, mientras que la menos conocida es la Ley 31564, que aborda la prevención y mitigación de conflictos de interés, con un conocimiento que oscila entre el 3% y el 12%.

En cuanto a las prácticas empresariales para combatir el soborno, el estudio señala que, aunque la mayoría de las empresas declara tener al menos una medida antisoborno, estas suelen ser básicas, como la adopción de códigos de ética y la comunicación periódica. Las prácticas más complejas, como la valoración externa o la implementación de programas antisoborno, son mucho menos comunes, con tasas de adopción que varían entre el 3% y el 7%. Además, el 47% de las empresas no cuenta con medidas para evaluar el riesgo de caer en soborno, siendo esta ausencia más notoria en las pequeñas empresas y en aquellas ubicadas en el interior del país.

El informe también aborda la percepción de los altos ejecutivos sobre el soborno en el Perú. Un abrumador 98% de los encuestados cree que hay empresarios que ofrecen sobornos, aunque el 24% considera que estas prácticas no ocurren en su sector. Los sectores más asociados con el soborno son la construcción (44%) y la administración pública y defensa (18%). En contraste, sectores como el suministro de electricidad y gas, las actividades científicas y técnicas, y los servicios de alojamiento y comida tienen una percepción nula o casi nula de soborno.

El impacto económico del soborno también es clave. Según los encuestados, estas prácticas representan un sobrecosto promedio del 15,35%, definido como pagos adicionales y secretos para asegurar la adjudicación de contratos. Las modalidades más comunes de soborno incluyen pagos para trámites (62%), contribuciones políticas (57%) y regalos (50%). Por otro lado, las menos frecuentes son los patrocinios, los gastos de representación y las donaciones.

El estudio identifica diversas situaciones que presionan a las empresas a ofrecer sobornos. En el sector público, los principales factores son los trámites engorrosos y los requerimientos explícitos de sobornos, ambos mencionados por el 37% de los encuestados, seguidos por el temor a perder negocios (32%) y la ineficiencia del sector público (32%). En el sector privado, el 50% de los empresarios señala que la competencia que paga sobornos genera presión para hacer lo mismo, mientras que el 45% teme perder negocios si no incurre en estas prácticas.

A pesar de este panorama, el informe también destaca los motivos que impulsan a las empresas a implementar medidas de prevención del soborno. Entre ellos, el 70% de los encuestados menciona la importancia de mantener la reputación, el 57% señala el sentido ético de los negocios y el 44% busca construir relaciones a largo plazo. Sin embargo, existen barreras significativas para estas iniciativas, como la corrupción en el sector público (57%), las acciones deshonestas de la competencia (38%) y la percepción de que el mercado no valora estos esfuerzos (28%).

En términos de soluciones, el estudio subraya que las acciones más efectivas para combatir el soborno no son necesariamente la creación de más leyes, sino la educación de niños y jóvenes (74%), el fomento de una cultura ética (64%) y las reformas económicas y administrativas (53%). Además, se destaca la influencia del sector empresarial en las decisiones gubernamentales, con los grupos económicos, las compañías multinacionales y los gremios empresariales percibidos como los actores más influyentes, junto con los medios de comunicación.

El informe concluye que la percepción de que “así se hacen los negocios” constituye un obstáculo significativo para erradicar el soborno en el Perú. Aunque el país aún no ha alcanzado un nivel de corrupción completamente institucionalizada, el IIS refleja que se encuentra en una “zona gris” donde estas prácticas tienden a normalizarse.

Para revertir esta tendencia, los investigadores recomiendan fortalecer la educación ética, mejorar los incentivos para el cumplimiento de las normativas y promover un entorno empresarial donde la integridad sea la norma.

“Entre sus múltiples manifestaciones, el soborno representa una de las formas más visibles y frecuentes de la corrupción, y su efecto sobre la confianza ciudadana, la institucionalidad y el crecimiento económico es muy nocivo. Ante esta situación, el rol del sector público, del sector privado y de la sociedad civil, es clave para avanzar hacia una cultura de integridad”, dice la Universidad del Pacífico.