Así afecta la minería ilegal en Nasca: detonaciones se oyen cerca de las líneas y por solo 300 dólares se abre paso a los predios

Las líneas grabadas en el desierto de Nasca no solo enfrentan el paso del tiempo y los fenómenos naturales. Hoy, el mayor riesgo surge de las actividades humanas, hablamos de la minería informal. En menos de seis semanas, se ejecutó un proceso burocrático que debilitó el escudo legal de una de las zonas arqueológicas más importantes del país. Ese movimiento, atribuido a una resolución viceministerial, desató alertas dentro y fuera del Perú.

Lo que parecía una medida técnica para “actualizar” el área protegida acabó desatando un problema mayor: más de 2,300 kilómetros cuadrados fueron excluidos del polígono de protección de las Líneas y Geoglifos de Nasca, un patrimonio reconocido por la UNESCO desde 1994. Tras la publicación de la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, surgieron voces de rechazo que evidenciaron la ausencia de criterios técnicos y el apuro con que se ejecutó el recorte. La reacción de la comunidad científica no tardó.

Ante las críticas, el Ministerio de Cultura optó por revertir la medida y restituir el perímetro anterior. Así lo oficializó el domingo 8 de junio mediante la Resolución Viceministerial N° 000134-2025-VMPCIC/MC, publicada en el diario El Peruano.

Un equipo de Perú21 llegó hasta los límites del área arqueológica y confirmó lo que muchos temían: la minería informal ha ganado espacio. Las detonaciones que se escuchan a distancia provienen de socavones abiertos con dinamita.

Con la reducción del polígono, los trámites para formalizar concesiones se volvieron más ágiles. En apenas cuatro días —entre el 30 de mayo y el 2 de junio— se presentaron más de 60 solicitudes ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). Cada una abarca aproximadamente 100 hectáreas. Los solicitantes pagaron cerca de 300 dólares por predio. El interés repentino se explica por un detalle legal: al quedar fuera del área protegida, ya no se exige el Plan de Evaluación Arqueológica (PEA), requisito indispensable para desarrollar actividades extractivas sin afectar restos patrimoniales.

Detrás del documento que sustentó la modificación del polígono aparecen nombres que conectan con intereses mineros. El expediente técnico fue elaborado por ocho funcionarios del Ministerio de Cultura en un tiempo que expertos consideran insuficiente para realizar verificaciones en campo. Según el acta obtenida por Perú21, la primera reunión del grupo ocurrió el 26 de abril. La etapa técnica debía concluir el 9 de mayo, apenas 11 días después. El informe final fue enviado el 18 de mayo, y diez días más tarde se publicó la resolución.

El recorte dejó fuera figuras trapezoidales y vestigios que no han sido estudiados ni delimitados. Las zonas periféricas, al no estar dentro del polígono oficial, quedaron desprotegidas frente a invasiones o saqueos. Especialistas aseguran que muchas de esas áreas no han sido examinadas. “Ese trabajo no se ha hecho. No he visto ninguna constatación en campo”, insistió La Torre. A su juicio, las decisiones del Ministerio no obedecen a criterios científicos, sino a presiones externas.

El Reinfo, diseñado para ordenar la minería en pequeña escala, se ha convertido en un canal para perpetuar operaciones informales. El Gobierno de Dina Boluarte intentó incluso convertirlo en un registro hereditario. Aunque el Congreso rechazó esa propuesta, los vacíos legales permiten que quienes figuran en el Reinfo operen sin cumplir con los requisitos de conservación patrimonial.

El Ministerio de Cultura justificó inicialmente el recorte del polígono con la supuesta existencia de información técnica más precisa. No obstante, el documento base no recoge nuevas investigaciones de campo. Por el contrario, se elaboró con información ya conocida y bajo plazos que impiden un análisis serio. Mientras tanto, en los cerros cercanos a las líneas, los mineros continúan abriendo socavones sin control arqueológico.

La situación ha escalado hasta el Congreso, donde el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y su viceministra, Moira Novoa, enfrentarán una interpelación por su participación en estos cambios. El procedimiento, que redujo la protección del patrimonio en beneficio de la minería ilegal, hoy está bajo escrutinio político y ciudadano. Las líneas de Nasca, convertidas en símbolo de la cultura ancestral peruana, siguen expuestas. Y las explosiones en la arena lo confirman.