En medio de una crisis de inseguridad y la falta de agentes de la Policía Nacional en las calles, confirmado por el propio ministro del Interior, Carlos Malaver, el parlamentario de Alianza Para el Progreso (APP), José Luis Elías, presentó un proyecto de ley para reducir la protección de altos funcionarios del Estado para aumentar la cantidad de policías en las calles.
La propuesta legislativa, que ya presentada ante el Congreso, afecta a representantes tanto del Poder Judicial, como del Poder Ejecutivo e incluso de instituciones como la Fiscalía, la Contraloría, ex presidentes, e incluso al Comandante General de la PNP, Víctor Zanabria; pero no a los congresistas. Todo ello por medio de un proyecto de ley que elimina una de las tres modalidades de protección a funcionarios del estado.
Reducción de seguridad para jueces, fiscales y expresidentes
Actualmente, en el Perú, la ley establece que los altos funcionarios del Estado, incluidos los presidentes, expresidentes y misiones diplomáticas debidamente acreditadas, se ubican en tres categorías de seguridad:
- Integral: Protección permanente dentro y fuera del país.
- Semi Integral: Protección personal permanente y vigilancia de la residencia. Excluye protección a familiares y al centro laboral.
- Personal: Protección sin incluir familiares ni domicilio o centro laboral.
Es precisamente la protección semi integral aquella que la propuesta del congresista José Luis Elías busca eliminar por motivos de la lucha contra la inseguridad ciudadana, y sus beneficiarios tendrán una cobertura menor, pues pasarían al régimen de ‘Seguridad Personal’, el mismo en el que ya se encuentran los congresistas de la República.
Es decir que, con esta propuesta legislativa, los congresistas mantienen sus beneficios de seguridad, mientras que los siguientes funcionarios se verán perjudicados con una reducción de la cantidad de policías que los resguardan:
- Presidente del Congreso: Eduardo Salhuana.
- Vicepresidentes de la República: Actualmente no hay.
- Ministros de Estado.
- Presidente del Poder Judicial: Janet Tello.
- Titular del Consejo de Ministros: Eduardo Arana.
- Fiscal de la Nación: Delia Espinoza.
- Jueces Supremos titulares.
- Fiscales Supremos titulares.
- Contralor General de la República: César Enrique Aguilar Surichaqui.
- Comandante General de la PNP: Víctor Zanabria Angulo.
- Expresidentes de la República.
Según el parlamentario de APP, “la cantidad de resguardo policial que se otorga a los funcionarios públicos del Estado es excesivamente alta (...) Esta reorganización tiene como finalidad reducir la cantidad de efectivos policiales asignados al resguardo de autoridades, priorizando el uso racional del recurso humano policial”.
El congresista Elías afirma que, con la eliminación del régimen de seguridad Semi Integral, y la aplicación de su propuesta, “se limita la asignación de personal policial a un número determinado, principalmente dos agentes policiales por autoridad, según el cargo y evaluación correspondiente”.
Esta medida afecta directamente a funcionarios que lideran instituciones o personas que están vinculadas directamente con la lucha contra el crimen, como es el caso del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Comandante General de la PNP, además de los jueces y fiscales supremos titulares, que se verán más expuestos a posibles atentados contra sus vidas.
La norma afirma que la protección de los funcionarios puede estar sujeta a una revisión y la seguridad de la que disponen puede aumentar, aunque esto dependerá de una “evaluación técnica de riesgo y vulnerabilidad”, que estará a cargo de la Policía Nacional y se debe justificar con “informes especializados”.
Presidentes y sus familiares mantienen protección
El único funcionario que mantiene el nivel de seguridad integral, según esta propuesta de ley, sería el presidente de la República. En esta categoría también se encontrarán su cónyuge, al igual que sus hijos y sus padres. También se incluyen a los jefes de Estado y de gobiernos extranjeros, incluso a familias reales que lleguen al Perú
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