Juan José Santiváñez se burla del impedimento de salida en su contra, ¿cuáles fueron los argumentos?

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado el recurso presentado por la Fiscalía de la Nación y dispuso que el exministro del Interior Juan José Santiváñez Antúnez no pueda abandonar el territorio nacional durante un plazo de 18 meses. Esta decisión revocó una resolución anterior y responde a una investigación por presunto tráfico de influencias agravado.

La medida restrictiva ocurre en un escenario en el que Santiváñez Antúnez es investigado a raíz de su intervención en diversos actos presuntamente irregulares, con el fin de favorecer a personas sometidas a proceso o condena, a cambio de pagos. No obstante, el todavía funcionario del gobierno de Dina Boluarte optó por burlarse de la medida. “Pucha, me perderé el Mundial y mis conciertos”, tuiteó con emojis de risa.

Posteriormente, en diálogo con La República, negó uno de los argumentos analizados por la sala sobre sus estudios jurídicos y adelantó que evalúan adoptar medidas. No obstante, mencionó que asume la decisión con tranquilidad. “Mientras esté vigente, habrá que cumplirla”, declaró.

Si bien anteriormente se rechazó la solicitud en su contra, considerando que cuenta con arraigo familiar, domiciliario y laboral, y falta de evidencia directa de comportamiento elusivo u obstruccionista, la Fiscalía impulsó el nuevo pedido argumentando lo siguiente:

Si hay existencia de arraigo, consideró que no es garantía absoluta frente al riesgo de fuga. Además, que por su censura y cese del cargo de ministro, Santiváñez había perdido su vínculo laboral con el Estado. A ello se suma el uso de oficinas alquiladas, con contratos vencidos o con sedes en el extranjero, lo que dificultaría la ubicación del investigado y elevaría el riesgo de escape.

“El hecho de que Santiváñez haya retornado al país tras un viaje oficial no constituye argumento suficiente para descartar el riesgo de fuga, dado que su retorno se produjo en el marco de una relación funcional con el Estado que ya no existe”, expuso la representante del Ministerio Público.

Asimismo, la presentación de información sobre la administradora del estudio jurídico de Santiváñez, quien luego del primer allanamiento abandonó el país hacia Chile (donde existiría una oficina del mismo estudio), y posibles bienes y conexiones del investigado en el extranjero, incluido un departamento en Miami.

Evaluando todo ello, la Corte Suprema consideró que el impedimento de salida del país es la más idónea y proporcional de las restricciones posibles en la etapa preliminar del proceso, con la finalidad de asegurar la presencia de Santiváñez en las diligencias clave.

La Fiscalía sostiene que, durante el año 2021, Santiváñez fue contactado por Miguel Joel Marcelo Salirrosas —un sentenciado que buscaba revertir la medida judicial en su contra—. En su calidad de abogado, cobró honorarios iniciales de 10 mil dólares americanos.

Cuando la vía ordinaria y las primeras instancias constitucionales resultaron desfavorables, una persona allegada a Marcelo Salirrosas volvió a contactar a Santiváñez. De acuerdo con los chats y testimonios recogidos por la fiscalía, el abogado mencionó la necesidad de un pago de otros 20 mil dólares destinados a “asesores externos”, que, según declararon los testigos protegidos, en realidad eran pagos dirigidos a magistrados del Tribunal Constitucional a cambio de una resolución favorable para el sentenciado.

Los chats presentados como elementos de convicción apuntan que Santiváñez mantuvo comunicación constante para coordinar los detalles de las supuestas gestiones ilícitas. En las conversaciones, identificó a personas como “Asistente TC”, “Kenita” y otros, en referencia a funcionarios que, según las sospechas fiscales, estarían vinculados al trámite de la causa.

Otra de las imputaciones son a nivel penitenciario. Cuando Marcelo Salirrosas fue internado en el penal “El Milagro” de Trujillo, familiares y allegados se comunicaron con Santiváñez, ya designado entonces en altos cargos del Ministerio del Interior y, posteriormente, como ministro. El exfuncionario ofreció gestionar la mejora de la condición carcelaria del recluso, presentándose como capaz de influir sobre el presidente del INPE y el ministro de Justicia.

Las diligencias investigativas lograron documentar, mediante mensajes y testimonios, ejemplos de supuestas intervenciones concretas. En una de estas grabaciones se escucha a Santiváñez refiriéndose a sus contactos en el Tribunal Constitucional y a favores pasados, admitiendo ante la familia de Salirrosas la existencia de “favores que se pagan con favores”.

Cabe mencionar que ante la ausencia de resultados favorables y tras varios meses de gestiones, se registra la devolución parcial del dinero recibido por Santiváñez a la familia del sentenciado. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que estos hechos no anulan las acciones previas, y considera que la devolución responde a reclamos y frustraciones ante el incumplimiento de los ofrecimientos ilícitos.