Aumentar la recaudación, pero bien

Con una mayor recaudación, el Estado no solo puede cumplir con sus obligaciones presupuestales en materia de gasto, sino también contar con más recursos para financiar —ojalá de manera eficiente— obras en favor de la población, especialmente en aquellas zonas más necesitadas de servicios públicos de calidad. La eterna discusión detrás de ello radica en cómo hacer que eso suceda.

La semana pasada, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el documento Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2025. En él se señala que la presión tributaria (entendida como la tasa que mide la recaudación sobre la producción nacional) en el Perú se encuentra por debajo del promedio de la región (21.3%) y muy por debajo del promedio de los países de la OCDE (33.9%).

De tanto en tanto, legisladores e incluso técnicos o académicos con ideas trasnochadas postulan elevar impuestos y castigar a las empresas formales o a “los que más ganan”, apelando a una llamada “justicia social”. Para mejorar la recaudación, la OCDE —entre otras cosas— sugiere ampliar la base imponible, que no es otra cosa que aumentar la cantidad de personas y empresas que pagan impuestos.

Efectivamente, uno de los grandes desafíos de la economía peruana es la alta informalidad laboral y empresarial. Sectores productivos como el agropecuario, la pesca, y alojamiento y restaurantes registran tasas de informalidad laboral del 94.3%, 84.6% y 84.2%, respectivamente.

Respecto del punto anterior, uno podría preguntarse si los empresarios informales son conscientes de los beneficios de formalizarse. Según los resultados de una encuesta aplicada a empresarios informales en Lima y Trujillo en 2022, elaborada por el Banco Mundial, el mejor acceso a financiamiento fue considerado como un beneficio por el 75% de los encuestados; el mejor acceso a mercados de ventas, por el 55%; el acceso a mercados de insumos, por el 52%; y el mejor acceso a infraestructura, por el 51%.

A nivel institucional, persisten desafíos en materia de cumplimiento voluntario, evasión y elusión tributaria. En comparación, países como Uruguay han avanzado más en mecanismos de cumplimiento efectivo, de acuerdo con la OCDE. Así, el fortalecimiento de la administración tributaria, la simplificación del régimen fiscal y la formalización progresiva del aparato productivo son clave para elevar sostenidamente la presión tributaria sin afectar el crecimiento económico. Esto último es importante, ya que las medidas de política que vayan en la dirección contraria terminan desalentando la inversión y el desarrollo de negocios formales.

En líneas generales, durante muchos años no se han dado los incentivos adecuados para sumar más personas y empresas a la formalidad. Altos costos de contratación y despido, por ejemplo, resultan desalentadores para la actividad empresarial, particularmente en la micro y pequeña empresa, que representan el 99.5% del tejido empresarial peruano, donde el 86.3% son informales.

Una reforma tributaria juiciosa debe contener elementos que faciliten a las familias y empresas sumarse a la formalidad. Un primer gran paso es impulsar la inversión privada formal, eliminar trabas burocráticas y simplificar trámites, generando así mayor empleo de calidad. No esperemos cargar con mayores impuestos a los pocos que ya tributan, sino que generemos los incentivos para ampliar la masa de contribuyentes.