El Acuerdo de París, adoptado en 2015, estableció un marco internacional sin precedentes para enfrentar la crisis climática. Uno de sus componentes más innovadores es el desarrollo de un mercado global de carbono, diseñado para facilitar la cooperación entre países, optimizar los costos de mitigación de emisiones y acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. Este mercado, articulado principalmente a través del Artículo 6 del Acuerdo, crea mecanismos para transferir créditos de carbono entre países, promoviendo una acción climática más eficiente y coordinada a nivel internacional.
El mercado de carbono global se estructura en torno a dos grandes instrumentos:
• El Artículo 6.2, que permite transacciones bilaterales o multilaterales de créditos de carbono (ITMOs, Internationally Transferred Mitigation Outcomes) entre países, y
• El Artículo 6.4, que establece un mercado internacional regulado, bajo supervisión de la ONU, con estándares y metodologías comunes, asegurando la transparencia, la integridad ambiental y la calidad de los créditos generados.
La lógica económica es clara: una tonelada de CO₂ evitada en cualquier parte del mundo tiene el mismo efecto sobre el clima global. Sin embargo, los costos para reducir emisiones varían ampliamente entre países. Por ello, permitir que naciones con menores costos de mitigación —como Perú— generen créditos que puedan ser adquiridos por países con mayores costos —como Japón, Suiza o Alemania— representa una oportunidad estratégica tanto para financiar la acción climática como para impulsar el desarrollo sostenible.
En términos de valor, el mercado global de carbono está proyectado a crecer de manera exponencial. Según estimaciones del Banco Mundial, los ingresos globales por mecanismos de fijación de precios de carbono superaron los 104 billones de dólares en 2023. Según la consultora McKinsey el mercado de carbono podría alcanzar entre 7 y 35 billones de dólares anuales en 2030, lo cual convierte al mercado de carbono en una de las herramientas más relevantes para movilizar financiamiento climático a escala global.
Para Perú, este contexto presenta una ventana de oportunidad única. Con su vasta Amazonía, sus ecosistemas de alta montaña y su diversidad biológica, el país posee un potencial inmenso para generar créditos de carbono a través de proyectos de conservación forestal, reforestación, agricultura regenerativa, energía renovable y manejo sostenible de suelos. Según datos preliminares, Perú podría posicionarse como uno de los principales exportadores de créditos de carbono en América Latina, particularmente en el segmento de créditos derivados de la reducción de emisiones por deforestación evitada (REDD+).
Sin embargo, para aprovechar el país debe fortalecer su marco regulatorio, asegurar la calidad e integridad de los créditos generados mediante sistemas robustos de medición, reporte y verificación (MRV), y construir confianza en los mercados internacionales. Se ha dado un primer paso en ese camino con la aprobación de Registro Nacional de Mitigación (RENAMI).
Además, Perú deberá mejorar la gobernanza del sector, clarificando la distribución de beneficios entre comunidades locales, empresas privadas y el Estado, y garantizando que la participación en estos mercados contribuya a los objetivos de desarrollo sostenible del país, incluyendo la reducción de la pobreza y la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Es decir, el mercado global de carbono bajo el Acuerdo de París es una herramienta estratégica para acelerar la acción climática y financiar la transición energética global. Para Perú, representa una oportunidad concreta para atraer inversiones, generar divisas y fortalecer su liderazgo como país exportador de soluciones climáticas basadas en la naturaleza. El reto no es menor, pero con visión de largo plazo, reglas claras y una estrategia país bien articulada, Perú puede convertirse en un actor clave en el mercado internacional de carbono y un ejemplo de desarrollo sostenible en la región.
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