
En Cusco, una estructura inconclusa de concreto, levantada entre andenes y muros de piedra, se mantiene como símbolo de un conflicto entre el patrimonio incaico y los intereses inmobiliarios. El hotel Sheraton, cuya edificación fue ordenada demoler en 2019 por el Tribunal Constitucional, no solo permanece en pie: continúa ampliándose. Esta situación desató una nueva ola de denuncias por parte de organizaciones locales que cuestionan tanto la inacción de las autoridades como la permisividad de los organismos encargados de proteger el legado cultural del país.
La Comisión de Juristas contra la Corrupción y por la Defensa Social del Cusco, junto con el Foro Patrimonialista, alertó sobre recientes actividades dentro del inmueble ubicado en la calle Saphy. En esta zona, a tan solo dos cuadras de la Plaza de Armas, se registraron movimientos de maquinaria y trabajadores operando en el interior, según constató la abogada T’ika Luizar Obregón, representante de la comisión, durante una inspección visual realizada el 4 de junio. A pesar de que existe una sentencia vigente que exige la paralización inmediata y posterior demolición del edificio, las obras continúan con aparente normalidad.
“Exhortamos al Poder Judicial a ordenar el ingreso inmediato para ejecutar la sentencia. No podemos permitir que intereses económicos pasen por encima de nuestra historia”, expresó Luizar, quien ha solicitado además que la Unesco se retire como entidad asesora ante su prolongado silencio frente a esta situación.
Un conflicto que no cesa

Desde 2010, la construcción del hotel Sheraton estuvo rodeada de irregularidades. Según los registros oficiales, más de setenta exfuncionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco y la Municipalidad Provincial se encuentran involucrados en investigaciones por presunta corrupción y crimen organizado, al haber facilitado los permisos para levantar la estructura sobre un sitio que alberga muros incas, andenes y restos coloniales.
La abogada Luizar remarcó que la zona donde se levantó el edificio contenía cinco hileras de andenes de origen prehispánico, considerados parte del complejo de Sacsayhuamán.
“Esta construcción queda a dos cuadras de la Plaza de Armas, en la calle Saphy, palabra quechua que significa ‘raíz’, para nosotros raíz de nuestra civilización. Allí había cinco filas de andenería inca bastante extensa que son parte de las bases del Sacsayhuamán”, señaló.
El primer intento por detener las obras surgió en 2014, cuando comenzaron las excavaciones. Según el testimonio de Luizar, estas intervenciones alcanzaron tal profundidad que afectaron el muro de contención del río Saphy. “Las excavaciones eran tan profundas que afectaron el muro de contención del río Saphy que está debajo de la calle del mismo nombre, la misma que se desmoronó”, relató.
En 2019, el Tribunal Constitucional ordenó la demolición del hotel por afectar patrimonio arqueológico protegido por ley. La sentencia también establecía que los elementos líticos removidos durante la obra debían ser restituidos a su lugar original. No obstante, la orden judicial quedó estancada por la falta de coordinación entre las instituciones responsables de ejecutarla: la Dirección Desconcentrada de Cultura y la Municipalidad Provincial de Cusco.
El 4 de marzo del 2024, el Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco emitió una nueva resolución —la número 143— que obliga a la DDC a presentar un informe técnico en un plazo de 30 días hábiles, documento indispensable para iniciar la demolición.
Karen Rojas, procuradora de la Municipalidad Provincial de Cusco, precisó que se encuentran “a la espera del informe” por parte de la DDC. “Este debe contemplar los aspectos técnicos, presupuestarios y cómo se va a realizar esa demolición, para ponernos de acuerdo con la DDC”, declaró.
Patrimonio ignorado

Durante una entrevista anterior con medios locales, Luizar subrayó que los muros destruidos formaban parte del sistema defensivo de Sacsayhuamán. Además, dentro de los predios intervenidos por la constructora R&G, se identificaron elementos arqueológicos de distintas épocas. “Eran edificaciones pequeñas de adobe y, en su interior, según un informe de Contraloría y reportes de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, existían tres muros de la época inca, elementos líticos incas, canales y empedrados de la época colonial”, precisó.
La edificación, que permanece inconclusa desde 2016, cuenta con nueve niveles ya construidos, incluyendo dos sótanos y siete pisos. Aunque la obra fue paralizada ese año tras las protestas ciudadanas y las acciones judiciales interpuestas por organizaciones locales, el edificio nunca fue demolido. Actualmente, su construcción tiene un valor estimado de más de 40 millones de dólares, mientras que el costo de su demolición supera el millón de soles, monto que deberá ser asumido por la Municipalidad del Cusco y el Ministerio de Cultura, según la orden judicial.
Para presionar el cumplimiento de la sentencia, la Comisión de Juristas anunció la organización de una protesta frente a la sede de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. El objetivo, según informaron, es visibilizar la indiferencia de una institución que debería estar comprometida con la protección del patrimonio cultural de la ciudad.
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