Fiscalía pide 35 años de prisión para los Humala Heredia por presunta red criminal en el caso Gasoducto Sur Peruano

La fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, presentó una nueva acusación penal que involucra al expresidente Ollanta Humala Tasso, a su esposa Nadine Heredia Alarcón y al exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla Rubio. Según el requerimiento presentado ante el Poder Judicial, se les atribuyen delitos de organización criminal y colusión agravada, presuntamente cometidos durante la adjudicación y ejecución de los proyectos energéticos Gasoducto Andino del Sur y Gasoducto Sur Peruano entre 2011 y 2015.

Para Humala y Heredia, el Ministerio Público solicita una condena de 35 años de prisión efectiva, mientras que para Castilla la pena requerida es de 29 años. La acusación también incluye a 19 personas naturales con pedidos de pena que oscilan entre 9 y 35 años, además de la empresa Enagas Internacional SLU, acusada como persona jurídica, para la que se solicitan consecuencias accesorias.

Según la tesis fiscal, durante el gobierno de Humala se habría creado un andamiaje político y legal para favorecer ilegalmente a empresas brasileñas, como Odebrecht, y a consorcios nacionales, en el marco de procesos de contratación pública altamente rentables.

La acusación indica que se habrían cometido ilícitos tanto en la etapa de ejecución del Gasoducto Andino del Sur como en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano, obras clave para la expansión energética en el sur del país. El Ministerio Público sostiene que hubo acuerdos previos entre funcionarios públicos y representantes empresariales que facilitaron el direccionamiento de los contratos, lo que configura el delito de colusión agravada.

Además, se ha incorporado el delito de lavado de activos, pues se presume que durante el proceso de licitación se efectuaron pagos ilícitos, los cuales fueron encubiertos mediante estructuras financieras para dar apariencia de legalidad.

El documento de la Fiscalía forma parte de la vigésima sexta acusación presentada por el Equipo Especial Lava Jato ante el Poder Judicial. En esta etapa, el requerimiento acusatorio deberá pasar por el control judicial, fase previa a la instalación de un eventual juicio oral.

En la lista de acusados también figuran exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas, exrepresentantes de organismos reguladores y altos ejecutivos de las empresas involucradas. La Fiscalía ha señalado que todos ellos habrían tenido roles específicos en la estructura criminal, desde el diseño normativo hasta la ejecución contractual.

Esta nueva acusación llega cuando tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia ya enfrentan condenas por otros delitos vinculados a lavado de activos. El pasado 15 de abril, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional los sentenció a 15 años de prisión efectiva por el caso de los aportes ilícitos al Partido Nacionalista durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Humala fue trasladado al penal Barbadillo en Ate, donde cumple su condena. La sentencia también incluyó el pago de 10 millones de soles por concepto de reparación civil.

Heredia, sin embargo, no asistió a la lectura de sentencia. Ese mismo día solicitó asilo diplomático a Brasil, país que lo concedió en pocas horas, lo que llevó al juzgado a emitir una orden de captura internacional en su contra.

El caso del Gasoducto Sur Peruano ha sido una de las investigaciones más complejas del Equipo Especial Lava Jato. Esta obra, inicialmente presupuestada en más de 7 mil millones de dólares, fue adjudicada a un consorcio liderado por Odebrecht, en medio de cuestionamientos por su opacidad y por supuestas presiones políticas en el diseño del contrato.