Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestiona denuncia en su contra: “Preocupa la autonomía y deslegitima a la Fiscalía”

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, respondió a la reciente denuncia constitucional en su contra por presunto nombramiento ilegal. En una reciente entrevista, señaló que la acción emprendida por la Fiscalía de la Nación no solo deslegitima a la institución, sino que afecta la autonomía de la entidad que encabeza. Además, que la acusación está mal fundamentada.

En declaraciones a Exitosa, Gutiérrez afirmó que presentará pruebas y argumentos, tanto jurídicos como formales, para sustentar la legalidad de la designación de María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad, a quien no solo se le acusa de no ser abogada, sino de no cumplir con los años de experiencia necesarios y ser militante de Alianza para el Progreso (APP), infringiendo así el Manuel del Clasificador de Cargos.

“En nuestro instrumento jurídico no se exige que sea un abogado el que sea jefe de la Oficina Defensorial, pero uno de los argumentos del Ministerio Público es que la señora Carmen Olórtegui no es abogada, es psicóloga”, apuntó sin referirse a los otros argumentos del Ministerio Público.

Asimismo, cuestionó el proceder del Ministerio Público, al considerar que no evaluó adecuadamente las pruebas de descargo aportadas. Según Gutiérrez, la presentación de la denuncia se basó en argumentos condicionales y no se tomaron en cuenta los elementos formales que justifican la idoneidad de Olórtegui para el cargo.

“La Fiscalía no ha tenido la debida diligencia para poder revisar adecuadamente las pruebas de descargo, que son en las que se sustenta por qué no es una designación irregular y, todo lo contrario, por qué sí se adecua al mandato de la ley”, sostuvo y remarcó que afronta el proceso con responsabilidad y sin apasionamiento, aunque insistió en que la Fiscalía “mal o bien, hizo su trabajo, pero yo creo que mal”.

María del Carmen Olórtegui es psicóloga de profesión, con estudios realizados en la Universidad Nacional de Trujillo. Hasta antes de su designación, su carrera no tenía una exposición relevante en ámbitos de gestión pública ni experiencia documentada en temas de derechos constitucionales o humanos, dos requisitos que, según diversos sectores, resultan centrales para el perfil del puesto que ahora ocupa. Su experiencia, además, no ha estado marcada por cargos de alta dirección en instituciones públicas o especializaciones vinculadas a la labor defensora del Estado.

Los primeros cuestionamientos escalaron tras la denuncia presentada por Manuel Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú. En su escrito dirigido a la Fiscalía, argumentó que Olórtegui no reúne el perfil que exige la Constitución Política para puestos de confianza en el aparato estatal.

Al documento se anexó un pronunciamiento del Colegio de Abogados de La Libertad, donde se expresa “profunda preocupación” por el tema. “Causa extrañeza que la designación haya recaído en una profesional en psicología sin experiencia e idoneidad acreditada para los fines propios de su función, cuando el perfil para tan importante cargo debería ser más bien el de un abogado con especialidad o experiencia en derechos humanos o afines”, señaló el gremio.

A los reparos académicos y gremiales se suman otros de orden político. El punto más controvertido se basa en su militancia en el partido Alianza para el Progreso (APP) liderado por César Acuña, uno de los actores más influyentes en La Libertad. De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas, Olórtegui se afilió a APP el 4 de julio de 2023 y mantuvo dicho vínculo, de modo concurrente con su designación, hasta el 5 de marzo de 2024.

Esta condición es relevante, ya que contraviene la Directiva N.º 002-2019/DP de la propia Defensoría que prohíbe a sus funcionarios de confianza mantener cualquier filiación política activa durante el ejercicio del cargo, justamente para garantizar la neutralidad y limpieza de la institución.

El informe de la Contraloría General de la República puso en relieve otra arista preocupante. Según el reporte 001-2025-2-0680-SCE, Olórtegui accedió a una función clave sin demostrar experiencia ni formación específica para el puesto, lo que pone en entredicho tanto la transparencia como la imparcialidad del proceso de selección.

La Contraloría subraya que la designación no solo se apartó del perfil profesional recomendado, sino que además vulneró directivas que buscan impedir el uso político de cargos de confianza en el Estado.

Consultada por la prensa sobre la polémica, Olórtegui se limitó a defender su nombramiento. “Todo se ha dado conforme a lo legal y eso (las denuncias) más bien distrae”, declaró al diario Correo.