Han pasado más de dos años desde el brutal feminicidio de Katherine Gómez, la joven peruana de 18 años que fue quemada viva por su expareja en plena vía pública, cerca de la Plaza Dos de Mayo en Lima. A pesar del tiempo transcurrido, su familia continúa enfrentando trabas en la búsqueda de justicia. Esta semana, la madre de la víctima, Cinthya Machare, denunció públicamente que el Poder Judicial rechazó la apelación presentada para incrementar la pena de cárcel contra el asesino, Sergio Tarache, quien actualmente cumple una condena de 26 años.
Una pena menor a lo acordado
Según declaraciones de Machare en una entrevista al programa 24 Horas, todas las partes involucradas —el Ministerio Público, la defensa legal de la familia Gómez y la defensa de Tarache— habían acordado una condena de 30 años y 6 meses. Sin embargo, durante la lectura de sentencia, el tribunal redujo inesperadamente la pena a 26 años, invocando que el agresor se acogió a la figura de la “conclusión anticipada”.
“El feminicidio agravado no admite reducción de pena. No entiendo por qué bajaron la condena. Me dijeron que no hay sustento para revocarla y que se queda con 26 años”, señaló la madre, visiblemente indignada. “Lo único que pedía era justicia para mi hija”, agregó entre lágrimas, al tiempo que cuestionó por qué se respetan los derechos del asesino, pero no los de la víctima.
Un acuerdo traicionado y un dolor prolongado
Cinthya Machare explicó que fue una “sorpresa” enterarse de la reducción de la pena justo en la lectura de la sentencia. Según detalló, en una audiencia previa ya se había acordado formalmente la pena de 30 años y 6 meses. “Se le redujo un séptimo de la pena por haberse acogido a la conclusión anticipada. ¿Pero quién respetó los derechos de mi hija?”, cuestionó con firmeza.
La madre también recordó que Sergio Tarache huyó tras el crimen y fue capturado en Colombia, desde donde fue extraditado a Perú 11 días después. A pesar de ese agravante, el Poder Judicial consideró que la extradición en sí misma era ya una forma de castigo, lo que para la familia es una burla a la justicia.
Reparación civil rechazada por el feminicida
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó a Tarache pagar 350 mil soles como reparación civil. Sin embargo, el condenado ha rechazado ese monto desde el principio. Para Cinthya Machare, aunque ninguna suma podrá devolverle a su hija, esta reparación representa al menos un símbolo de justicia. “Ese dinero no me devolverá a Katherine, pero es un castigo más para él. Que trabaje, que haga lo que sea, pero que pague”, sentenció.
Segunda instancia y una madre sin esperanzas
La apelación ha pasado ahora a una segunda instancia, pero Machare confesó no tener muchas esperanzas de que el fallo cambie. Su prioridad, dijo, es poder cerrar este capítulo y trasladar los restos de su hija a un lugar más accesible. “Mientras no se cierre el caso, no puedo moverla de donde está. Yo ya quiero empezar de nuevo, quiero paz”, indicó.
La familia lamenta que el proceso legal haya revictimizado aún más a Katherine y que, pese a la gravedad del crimen —ocurrido en un espacio público y registrado en cámaras— el sistema judicial no haya sido implacable con el agresor.
Un caso que debe marcar precedente
El feminicidio de Katherine Gómez marcó un antes y un después en la opinión pública peruana. La joven había decidido terminar la relación con Sergio Tarache, un ciudadano venezolano de 22 años en el momento del crimen. Lejos de respetar su decisión, él la interceptó cuando regresaba a su casa, la roció con gasolina y le prendió fuego frente a testigos y cámaras de seguridad.
Para su madre, este caso no debe olvidarse. “Esto debe quedar como precedente para que ningún asesino se salga con la suya. De una u otra forma tiene que pagar”, manifestó. “Mi hija tenía derecho a vivir, a crecer, a tener una carrera, a estar con su familia. Le arrebataron todo eso y yo sigo aquí, luchando por justicia.”
Este caso reabre el debate sobre los feminicidios en el Perú y la eficacia del sistema judicial para sancionar estos crímenes con la severidad que merecen. Organizaciones feministas han expresado su respaldo a la familia de Katherine Gómez y exigen una reforma profunda del sistema que impida beneficios procesales en delitos de extrema violencia.
La lucha de Cinthya Machare se ha convertido en un símbolo de resistencia y dolor, pero también de exigencia de justicia para su hija y para todas las mujeres víctimas de violencia en el país. “Ojalá esto no vuelva a pasar nunca más. Que la muerte de Katherine sirva para salvar otras vidas”, concluyó.
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