Prorrogan estado de emergencia en Pataz y autorizan reanudación de minería formal

El Gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia en la provincia de Pataz, región La Libertad, por un nuevo período de 60 días calendario. La medida regirá a partir del 8 de junio de 2025 y contempla la continuidad del control del orden interno a cargo de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, durante una conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros. Según explicó, el Decreto Supremo que sustenta esta decisión establece como uno de sus objetivos garantizar la continuidad de las actividades mineras, bajo supervisión estatal.

Como parte del mismo anuncio, el titular del Ministerio de Defensa indicó que el Gobierno ha dispuesto la reanudación de las actividades mineras formales y también de aquellas desarrolladas por mineros artesanales con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Las operaciones podrán desarrollarse en el horario de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., en el marco del estado de emergencia. Esta reactivación se da luego de una etapa de paralización y control territorial, impulsada por el Ejecutivo con el fin de recuperar el principio de autoridad y contener la expansión de la minería ilegal.

Astudillo sostuvo que esta decisión responde también a lo escuchado en las mesas de diálogo desarrolladas con autoridades provinciales, locales y representantes de organizaciones sociales de la zona. Según declaró, “era un clamor de la población que se reinicien las actividades mineras”, lo que fue recogido por el Ejecutivo en el marco de un proceso de escucha iniciado semanas atrás.

Durante el periodo anterior, el Gobierno había instalado un comando unificado con presencia militar y policial que, según Astudillo, permitió restablecer el orden interno en los primeros treinta días del estado de emergencia. La medida fue aplicada con el argumento de proteger a la población frente a situaciones de violencia asociadas a la minería ilegal y el crimen organizado.

En mayo pasado, el Ejecutivo ya había oficializado una primera prórroga del estado de emergencia no solo en Pataz, sino también en las provincias de Trujillo y Virú, todas pertenecientes a la región La Libertad. El objetivo declarado de esta medida fue recuperar el control del orden interno en zonas fuertemente afectadas por actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de minerales, extorsión y presencia de organizaciones criminales.

Estas provincias han sido escenarios de conflictos recurrentes por la disputa de territorios mineros, enfrentamientos entre grupos ilegales y reclamos sociales por la parálisis de actividades económicas legales.

A pesar de los anuncios del Ejecutivo, desde el gobierno local de Pataz surgieron cuestionamientos a la conducción del proceso. El último martes 3 de junio, el alcalde provincial, Aldo Carlos Mariños, denunció que representantes del Ejecutivo se retiraron abruptamente de una mesa de diálogo desarrollada el 29 de mayo, sin concluir la sesión ni informar formalmente su salida.

Según el alcalde, esta situación reflejaría una falta de compromiso de las autoridades para atender de forma estructural los problemas que afectan a la provincia. Entre sus principales reclamos se encuentra la ausencia de resultados en materia de seguridad ciudadana y la percepción de que el Ministerio del Interior no está cumpliendo con sus funciones en la zona.

Mariños también expresó su preocupación por el impacto económico de la paralización minera, al considerar que “el 100 % de la población vive de esta actividad”, la cual representa la principal fuente de ingreso y motor económico de la provincia.