Perú recupera más de un millón de euros vinculados a sobornos del caso Odebrecht

La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima alcanzó un resultado inédito en la lucha contra la corrupción al lograr la recuperación de 1’041,486.88 euros, además de los intereses generados, derivados directamente de sobornos vinculados a la trama Odebrecht. El fallo judicial, emitido tras un proceso encabezado por el fiscal Renzo Cayro Armejo, dictaminó que estos fondos, en poder de Jorge Horacio Cánepa Torre y la empresa Maxcrane Finance S.A., regresan al Estado peruano al quedar probado su origen ilícito.

De acuerdo a la investigación, la suma corresponde a comisiones irregulares recibidas por Cánepa Torre cuando ejercía funciones de árbitro en procedimientos entre la constructora brasileña y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La fiscalía expuso que su intervención favoreció los intereses de Odebrecht a cambio de pagos encubiertos, lo que permitió enlazar el depósito del dinero investigado con la ventaja indebida obtenida por la firma sudamericana en los citados laudos arbitrales.

El tribunal estableció que el dinero proveniente de sobornos, por su naturaleza ilícita, no puede ser utilizado para el pago de la reparación civil ni sujetarse a embargos para tal fin. De este modo, se prohíbe aplicar fondos corruptos a sanciones que resultan del propio delito, obligando a los implicados a responder con bienes de origen lícito. Con esta resolución se refuerza el principio de que el Estado no solo persigue a los responsables, sino que también actúa para privarlos de cualquier beneficio financiero conseguido mediante actos ilícitos.

Este avance se produce en el contexto de las investigaciones sobre la red de corrupción orquestada por Odebrecht en América Latina. En Perú, el caso ha implicado a exfuncionarios, expresidentes, árbitros y empresarios vinculados a arbitrajes y concesiones multimillonarias.

En el marco del caso Odebrecht, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala resaltan en este proceso, ya que ambos han recibido recientes condenas por aceptar y encubrir millonarios aportes de la constructora brasileña.

Toledo, quien presidió Perú entre 2001 y 2006, enfrenta una condena de 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos. El origen de esta sanción radica en las pruebas que demuestran que recibió más de 34 millones de dólares de Odebrecht para favorecer a la compañía en la adjudicación de megaproyectos de infraestructura, como la carretera Interoceánica Sur. El proceso contra Toledo demostró la existencia de una red de corrupción que alcanzó las más altas esferas del poder y abrió la puerta al decomiso de propiedades y cuentas, tanto en el país como en el extranjero.

En paralelo, Ollanta Humala, presidente de 2011 a 2016, fue condenado junto a su esposa, Nadine Heredia, por lavado de activos. El Poder Judicial determinó que el matrimonio no solo encubrió, sino que también facilitó la recepción de fondos ilegales de Odebrecht —alrededor de 3 millones de dólares— para financiar la campaña presidencial de 2011. A diferencia de otros casos, la condena en el proceso Humala-Heredia se apoya en la reconstrucción de circuitos financieros que envolvieron a personeros de confianza, empresas y familiares, lo que permitió documentar el ingreso del dinero ilícito y su uso en la vida política nacional.

Las investigaciones fiscales en ambos expedientes identificaron un patrón: Odebrecht utilizaba mecanismos sofisticados para canalizar los sobornos, desde cuentas offshore hasta contratos ficticios, y la colaboración de funcionarios, empresarios e intermediarios locales, como lo reveló la información provista por Jorge Horacio Cánepa Torre en los arbitrajes a favor de la constructora. Este modo de operar se repitió en los procesos arbitrales, donde árbitros recibieron “comisiones ilícitas” a cambio de permitir laudos ventajosos para la multinacional, generando un perjuicio millonario al Estado y amplificando la dimensión del escándalo.