Juan Fernández Jerí publica el Reglamento de la ANC en El Peruano tras denuncia de José Domingo Pérez

Tras la denuncia penal de un grupo de fiscales liderados por José Domingo Pérez, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, publicó en El Peruano el Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la institución.

Como se recuerda, la Fiscalía atendió la denuncia presentada por un grupo de fiscales y abrió investigación preliminar contra Fernández Jerí por los presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, prevaricato, falsedad ideológica y falsedad genérica.

En resumen, el principal hecho ilícito que denunciaron fue que la ANC del Ministerio Público funciona y sanciona con reglamentos que carecen de validez toda vez que no han sido publicados en El Peruano tal como exige la ley. Ahí recaería la responsabilidad penal de Juan Fernández Jerí ya que, sostienen los denunciantes, omitió ordenar la difusión de los dispositivos en el diario oficial.

En mayo, los fiscales José Domingo Pérez, Fany del Rosario García Caro, Rocío Angélica Vences Gonzales, Yesenia Karla Miroslava Saldarriaga y Juan Ander Alvites Llanos, presentaron una denuncia contra Juan Fernández Jerí. Se le señaló de no haber publicado los reglamentos de la ANC del Ministerio Público en El Peruano y, en su lugar, haber optado por subirlos únicamente al portal “ancmp.pe”, que no da validez legal a los documentos.

Esta acción, denuncian, habría permitido que se crearan unidades de investigación y se iniciaran procedimientos disciplinarios basados en normas que carecen de validez legal, afectando directamente los derechos de los fiscales, como la independencia, la estabilidad laboral y beneficios como salarios y seguros.

La omisión en la publicación oficial de los reglamentos habría dado pie a que fiscales de control aplicaran reglas no válidas, lo que podría haber derivado en procesos disciplinarios injustos, de acuerdo con los denunciantes.

Además, la denuncia señala que Fernández Jerí presentó información falsa en un oficio, al afirmar que uno de los reglamentos fue publicado el 13 de julio de 2024, cuando en realidad la publicación ocurrió el 15 de julio y en un sitio no autorizado.

Ante ello, la Fiscalía ha dispuesto una investigación de 60 días para esclarecer los hechos. Durante este periodo, se tomarán declaraciones tanto de los fiscales denunciantes como del propio Juan Fernández Jerí, quien podrá acudir con un abogado o ejercer su autodefensa. Además, se solicitarán informes al Ministerio de Justicia, la Presidencia del Consejo de Ministros y la propia Autoridad Nacional de Control para recabar información adicional sobre la validez y el proceso de publicación de los reglamentos cuestionados

También mayo, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación contra “los que resulten responsables” tras la difusión de una serie de grabaciones que involucran a quien sería Juan Fernández Jerí y al abogado Christian Beteta. En total, se difundieron cuatro audios que evidenciarían una supuesta coordinación para iniciar acciones contra la fiscal suprema Delia Espinoza, el fiscal superior Rafael Vela, el fiscal José Domingo Pérez y la excoordinadora del Eficcop, Marita Barreto.

De acuerdo con las grabaciones, Fernández Jerí habría manifestado su oposición a que Delia Espinoza asumiera la Fiscalía de la Nación, después de que ella abriera una investigación en su contra por la suspensión, considerada ilegal, del fiscal Rafael Vela. A cambio de su apoyo a los intereses de Salas, el jefe de la ANC exigía que Fuerza Popular impidiera la llegada de Espinoza al máximo cargo del Ministerio Público.

En un comunicado, la entidad fiscal recordó que las grabaciones contienen indicios que podrían constituir faltas administrativas graves o incluso actos de corrupción. El fiscal encargado del caso aseguró que la investigación se desarrollará con rapidez e imparcialidad, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. “Frente a cualquier señal de irregularidad, nuestra obligación es actuar dentro del marco legal vigente”, declaró el magistrado a cargo.