España aprobó reforma que beneficiaría a miles de migrantes peruanos: podrán trabajar y estudiar si cumplen este requisito

El pasado 20 de mayo, entró en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería en España, una reforma que trae consigo importantes cambios para los migrantes, incluidos miles de peruanos que residen en el país.

Esta medida fue aprobada en noviembre de 2024 y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el reglamento introduce modificaciones en los procedimientos de residencia, reagrupación familiar y acceso al mercado laboral, con el objetivo de modernizar y adaptarse mejor a la realidad migratoria del país peninsular.

Uno de los principales cambios que introduce la reforma migratoria es que, reduce de tres a dos años el palzo requerido para los migrantes accedan a una residencia legal en España.

Este ajuste permitirá que miles de migrantes que se encuentran en situación irregular en el país, muchos de ellos peruanos, puedan obtener un permiso de residencia legal más rápido, brindándoles la posibilidad de integrarse plenamente a la sociedad española.

Cabe mencionar que el permiso obtenido a través del arraigo tendrá una vigencia de un año, y tras su renovación, se podrá extender por cuatro años más.

Esta medida es considerada una “mejora clara y necesaria”, según la abogada especializada en extranjería, Elena Abella, quien añadió en declaraciones al diario El País: “Facilita la integración de personas que ya están plenamente insertadas en la sociedad española”.

El reglamento también introduce una nueva figura conocida como “arraigo de segunda oportunidad”, destinada a aquellos migrantes que ya habían obtenido un permiso de residencia, pero lo perdieron por diversas razones, como la pérdida de empleo.

De acuerdo a la reforma, si estas personas permanecieron en España durante al menos dos años desde la pérdida del permiso, podrán solicitar nuevamente la residencia.

Sin embargo, este beneficio no aplica para los solicitantes de asilo, una decisión que busca evitar que dicho procedimiento se utilice como una vía indirecta para obtener la residencia. “Este aspecto ha generado controversia, pues muchas personas en situación de asilo podrían verse excluidas de esta posibilidad”, comentó Abella.

El reglamento también modifica la normativa sobre la reagrupación familiar, un proceso crucial para los migrantes que desean reunir a sus familiares directos en España. En una de las reformas más destacadas, se ha unificado el permiso de arraigo familiar y el familiar comunitario en un solo permiso: el “permiso para familiares de españoles”.

Este nuevo permiso permitirá reagrupar no solo a los familiares directos, como cónyuges, hijos y ascendientes, sino también a la “familia extensa” que pueda acreditar que está a cargo de un ciudadano español. Además, se amplía la posibilidad de reagrupación de hijos hasta los 26 años, frente al límite de 21 años que existía previamente.

“Es muy positivo que ahora se puedan tramitar las solicitudes desde España”, destacó la abogada Elena Abella en El País. “Anteriormente, muchas solicitudes se denegaban en los consulados sin justificación razonable, lo que generaba muchos inconvenientes a los solicitantes”.

No obstante, se han establecido algunas restricciones en cuanto a la reagrupación de ascendientes. A partir de ahora, los familiares mayores de 65 años deberán demostrar que están a cargo económicamente del ciudadano español para poder ser reagrupados, salvo que superen los 80 años.

Otro cambio relevante en el nuevo reglamento tiene que ver con los estudiantes extranjeros. Los migrantes que deseen cursar estudios superiores en España ahora podrán trabajar hasta 30 horas semanales, siempre que sus estudios sean de nivel universitario. Además, podrán realizar hasta un 50% de sus estudios de forma online, lo que facilita la conciliación con otras actividades.

Asimismo, los requisitos económicos para obtener el permiso de residencia se flexibilizan. A partir de ahora, los estudiantes podrán justificar su situación económica mediante un contrato de trabajo o una oferta firme de empleo.

Otro avance importante es que los familiares de los estudiantes podrán solicitar su residencia desde España, siempre que se encuentren legalmente en el país. Sin embargo, este beneficio no se extiende a los menores de edad, quienes ya no podrán estudiar en España bajo este tipo de permiso.

A pesar de las mejoras que ofrece el nuevo reglamento, aún persisten varios retos en su implementación. Elena Abella destacó la necesidad de unificar criterios entre las diversas oficinas de extranjería para evitar confusión y retrasos. “Los plazos de resolución deben mejorar, pues actualmente muchos permisos tardan más de seis meses en resolverse, lo que genera incertidumbre”, señaló.

Además, la reforma requiere recursos adicionales para garantizar que el sistema no se vea colapsado por la avalancha de solicitudes. Si no se contrata más personal o se implementa un nuevo sistema de gestión, la tramitación podría verse gravemente afectada.

El nuevo reglamento ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que consideran que algunas de las reformas dejan de lado a ciertos colectivos vulnerables.

Por otro lado, se impulsó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a aproximadamente 400.000 extranjeros, una medida que, según los defensores, sería crucial para subsanar las deficiencias de la reforma.