Perú invertirá US$8.000 millones en puertos para acelerar su comercio global, pero una amenaza de estatización se cocina en el Congreso

Perú tiene previsto destinar más de 8.000 millones de dólares a la infraestructura portuaria en los próximos 20 años, según proyecciones de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

Este ambicioso plan busca consolidar al país como un actor clave en el comercio internacional, especialmente en su conexión con Asia, y se suma a los más de 3.500 millones de dólares invertidos en las últimas dos décadas en proyectos como los puertos de Chancay y Callao.

Sin embargo, expertos advierten que el éxito de estas iniciativas dependerá de mejoras en la conectividad terrestre, la reducción de la burocracia y la estabilidad normativa que fomente la inversión privada, según informó DFSUD.

De acuerdo con el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las inversiones realizadas hasta ahora han fortalecido la competitividad de los puertos peruanos, dinamizando la economía y mejorando el movimiento de carga.

Actualmente, la costa del país cuenta con cerca de 30 terminales marítimas, de las cuales 13 son consideradas principales y 9 operan bajo concesiones público-privadas. Según Juan Carlos Paz, presidente del directorio de la APN, en los últimos dos años se ha intensificado el flujo de inversiones y se han anunciado nuevos desembolsos significativos.

No obstante, el desarrollo portuario enfrenta desafíos importantes. Alberto Ego-Aguirre, titular de la Comisión Marítima Portuaria y Aduanera de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señaló que la infraestructura complementaria es una de las principales carencias.

Proyectos como la expansión del puerto de Callao y el desarrollo de Chancay requieren carreteras exclusivas para el transporte de carga y una red ferroviaria más robusta. Actualmente, Perú cuenta con dos proyectos ferroviarios en desarrollo, uno en el norte y otro en el sur, pero el país sigue rezagado en este aspecto.

La CCL también ha planteado la necesidad de una ley de cabotaje que permita el transporte de carga entre puertos más alejados hacia Chancay, con el objetivo de agilizar las exportaciones hacia Asia. Según Ego-Aguirre, el plan general de infraestructura del país incluye más de 70.000 millones de dólares en desarrollos públicos y privados, de los cuales más de 8.000 millones se destinarán a los puertos en las próximas dos décadas.

El marco normativo también es un tema crítico. Paz destacó que la Ley 27943, que regula las inversiones portuarias, podría ser modificada para facilitar mayores desembolsos.

Además, mencionó la reciente Ley 32048, que permite a los puertos desarrollar infraestructuras más allá de sus áreas concesionadas, como viaductos y accesos que mejoren la logística.

Entre los proyectos destacados se encuentran los 1.300 millones de dólares comprometidos por APM Terminals, los más de 2.300 millones de dólares para la ampliación del puerto de Callao y los 2.500 millones de dólares adicionales para Chancay.

A pesar del dinamismo en el sector, la burocracia sigue siendo un obstáculo importante. Ego-Aguirre criticó los largos procesos de tramitación de permisos, que pueden retrasar proyectos durante décadas. Según él, es necesario simplificar los procedimientos para fomentar tanto las pequeñas como las grandes inversiones en infraestructura.

El panorama político también influye en el desarrollo portuario. Con elecciones presidenciales programadas para abril de 2026, Ego-Aguirre subrayó que los proyectos de infraestructura deben trascender los cambios de gobierno. Este enfoque coincide con los planes de la administración de Dina Boluarte, que proyecta un crecimiento significativo en la carga de contenedores, pasando de 28,9 millones de toneladas métricas en 2023 a más de 60 millones en 2030.

Sin embargo, una propuesta legislativa reciente ha generado controversia. Algunos parlamentarios han planteado limitar la participación privada en la gestión portuaria, otorgando al Estado el 60% del control. Esta iniciativa ha sido rechazada por gremios como la CCL, que advierten sobre el impacto negativo que tendría en la inversión y el desarrollo económico. Ego-Aguirre recordó los problemas históricos de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), que nunca logró un crecimiento sostenido bajo un modelo estatal.

Paz también alertó sobre los riesgos de desincentivar la inversión privada. Según él, la falta de reglas claras podría llevar a una desactualización de los puertos en un plazo de 10 años, lo que sería perjudicial para una economía como la peruana, donde más del 85% de las exportaciones se realizan a través de terminales marítimas. En este contexto, destacó la importancia de mantener un sistema portuario competitivo para garantizar el crecimiento económico del país.