Ley MAPE: el Congreso busca premiar con menos impuestos a los mineros ilegales que extraen oro con mercurio en los ríos

Tras decidirse que el REINFO no será hereditario, el predictamen de la Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala), a punto de ser debatido este martes en la Comisión de Energía y Minas del Congreso peruano, ha generado una ola de críticas provenientes de gremios privados, organizaciones ambientales y congresistas.

Según lo informado por gremios privados, especialistas del sector y congresistas de diversas bancadas, esta propuesta legislativa, cuyo génesis está en el propio Ejecutivo, plantea beneficios tributarios y simplificaciones administrativas para la minería aluvial, una actividad que está prohibida en cuerpos de agua por una sentencia del Tribunal Constitucional.

Además, con el citao dispositivo se permitiría el desarrollo de este tipo de minería en zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, lo que ha encendido las alarmas entre diversos sectores, sobre todo entre los defensores indígenas.

De acuerdo con lo expuesto durante el evento “Implicancias, limitaciones y alternativas para la formalización minera en el Perú”, realizado en vísperas del debate, los detractores del predictamen consideran que este representa un retroceso en la lucha contra la minería ilegal y un riesgo para la conservación de los ecosistemas y los derechos de las comunidades indígenas.

Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), expresó su preocupación por los impactos ambientales, sociales y fiscales que podría acarrear esta normativa. Grossheim destacó que la minería ilegal genera pérdidas significativas para el Estado y afecta gravemente los derechos humanos y el medio ambiente.

El predictamen también ha sido cuestionado por introducir un nuevo registro denominado Régimen Especial Tributario de la Minería de Pequeña Escala y Tradicional (RETMAPE), que reemplazaría al actual Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera).

Según Grossheim, este cambio no resolvería los problemas de formalización, sino que crearía un nuevo sistema con requisitos mínimos y beneficios tributarios que podrían incentivar la informalidad. Por ejemplo, se establece que las actividades con ingresos superiores a 800.000 soles pagarían solo un 10% de impuesto a la renta, lo que ha sido calificado como un trato desigual frente a otros sectores económicos.

Pero eso no es todo. El abogado ambientalista César Ipenza reveló que el texto incluye disposiciones que contradicen normativas vigentes y sentencias judiciales. Entre ellas, destacó la creación de un régimen especial para la minería aluvial, a pesar de que esta actividad está prohibida en cuerpos de agua debido a su impacto irreversible en los ecosistemas acuáticos. Ipenza recordó que una sentencia del Tribunal Constitucional de 2012 prohíbe expresamente la minería en ríos amazónicos, y criticó que el artículo 57 del predictamen permita esta práctica en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas.

Otro punto controvertido es la flexibilización de los instrumentos de gestión ambiental. Según Ipenza, el predictamen reduce los requisitos para la aprobación de actividades mineras, permitiendo, por ejemplo, que los mineros presenten declaraciones juradas en lugar de estudios técnicos para certificar la ausencia de restos arqueológicos en las zonas de explotación. Esto, según el abogado, debilita los controles ambientales y arqueológicos, lo que podría facilitar la expansión de actividades mineras en áreas sensibles.

Además, el predictamen introduce un régimen de servidumbre minera que obligaría a los titulares de concesiones a ceder parte de sus derechos a terceros, lo que, según Ipenza, contraviene la Constitución peruana. También se establece una protección jurídica para mineros inscritos en el RETMAPE frente a desalojos y otras acciones legales, lo que podría dificultar la intervención de las autoridades en casos de minería ilegal.

A su turno, Hugo Che Piu, director ejecutivo de DAR, calificó el predictamen como contradictorio con sus propios objetivos de protección ambiental y respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Según el experto, el documento permite actividades mineras en zonas de amortiguamiento y cuerpos de agua, poniendo en riesgo ecosistemas frágiles y áreas naturales protegidas. Otro de los artículos más polémicos es el que establece un plazo de un año para que los pueblos indígenas presenten petitorios mineros en sus territorios, tras lo cual los pequeños mineros tendrían prioridad para realizar solicitudes. Esa disposición podría incentivar su expansión en áreas indígenas.

En tanto, el congresista Elías Varas denunció que el texto del predictamen es impulsado desde diferentes bancadas y con respaldo original de Ejecutivo, pero con un especial protagonismo de Fuerza Popular y Avanza País. En este contexto, los gremios y organizaciones presentes en el evento hicieron un llamado a los congresistas para que reconsideren el contenido del predictamen y prioricen la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas.

El debate en la Comisión de Energía y Minas está programado para el 3 de junio, y se espera que las posiciones expuestas durante el evento influyan en las decisiones que se tomen al respecto. Mientras tanto, la controversia en torno a la Ley MAPE continúa creciendo, con implicancias que podrían marcar un precedente en la regulación de la minería en el Perú.