Hoy martes 3 de junio, el Poder Judicial evaluará en audiencia pública la apelación de la Fiscalía para que se le imponga impedimento de salida del país contra el censurado exministro del Interior, Juan José Santiváñez. Esto en la investigación que se le sigue por presunto tráfico de influencias.
Según pudo conocer Infobae, la defensa de Santiváñez presentó un escrito ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que se “tenga presente” la situación laboral del exministro. Esto es su designación como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. También se adjuntó la 000024-2025-DP/SGDP con la que se le regaló el puesto.
Con ello se buscaría acreditar el arraigo laboral del exministro, a fin de que las posibilidades de que se le dicte el impedimento de salida del país se reduzcan.
Como se recuerda, el Ministerio Público requirió dicha medida al juez de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, pero este la rechazó, entre otros, porque en ese momento Santiváñez era ministro del Interior, es decir, contaba con arraigo laboral. Pero días después de conocer esa decisión, fue censurado por el Congreso.
En esa investigación se le atribuye al extitular del Interior presuntamente haber incurrido en el delito de tráfico de influencias. Esto al presuntamente haber invocado supuestas influencias ante el Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia y el INPE para beneficiar a uno de los clientes de su estudio de abogados.
Levantan secreto de las comunicaciones de Santiváñez
El contenido de una grabadora de voz, que contiene una conversación de 2 horas y 13 minutos entre el exministro del Interior Juan José Santiváñez y el capitán PNP Junior Augusto Izquierdo Yarlequé —conocido como “Culebra”—, se convirtió en el eje de una investigación judicial tras la autorización del levantamiento del secreto de las comunicaciones sobre dicho dispositivo.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema mediante una resolución emitida el 31 de mayo de 2025, permitiendo a la Fiscalía de la Nación acceder al contenido del aparato en el marco de una pesquisa por presunto abuso de autoridad.
El dispositivo, entregado de manera voluntaria por Izquierdo Yarlequé a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), consiste en un pequeño cable negro con entrada USB y un extremo rotulado como “OGB”, presentado en una caja comercial identificada como “DIGITAL VOICE RECORDER”.
Durante la audiencia pública, la Fiscalía argumentó la necesidad de revisar la grabación para determinar si contiene elementos relevantes que permitan esclarecer los hechos investigados, identificar posibles responsables o delimitar el alcance de conductas ilícitas. Esta solicitud cobró mayor peso ante la negativa del exministro Santiváñez a someterse a un peritaje de voz, lo que, según el Ministerio Público, hacía indispensable el acceso directo al audio.
El Poder Judicial declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y dispuso que el procedimiento se realice conforme a las disposiciones establecidas en las Guías de análisis digital forense, las normas para la elaboración de pericias fonético-acústicas de homologación de voz y el Reglamento de la cadena de custodia de elementos materiales, evidencias y administración de bienes incautados. Estas directrices buscan garantizar la integridad y validez de la prueba durante todo el proceso.
La defensa del capitán Izquierdo Yarlequé precisó que el audio corresponde a una conversación sostenida con el exministro Santiváñez el 21 de mayo de 2024 en un conocido chifa del distrito de San Borja. En el registro, se escucha a quien sería el extitular del Ministerio del Interior referirse a la posibilidad de desactivar la Diviac y mencionar la influencia de asesores en decisiones internas: “Tú sabes que para subir todo vale. Me preguntó ‘¿usted puede desactivar la Diviac?’ Yo le dije que sí. A ella la asesora Arana. Él la asesora”, según la transcripción.
En otro fragmento de la conversación, el exministro relata un episodio con la presidenta, quien le habría reprochado no criticar públicamente al coronel Harvey Colchado durante una entrevista televisiva. “Mónica Delta me pregunta en una entrevista si creo que Harvey Colchado es un buen policía y yo dije ‘para mí todos son buenos’ y por eso la tía me llamó, me dijo que cómo es posible, ‘usted debió decir que no, que es un policía politizado’”, se escucha en el audio.
El contenido de la grabación también incluye referencias a un presunto aviso recibido por el ahora jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental de Palacio de Gobierno. Según el registro, el comandante general Víctor Zanabria le habría advertido sobre un inminente allanamiento a su domicilio: “Me dice ‘te entiendo. Yo entiendo que estés molesto por lo de ayer, ¿no? Pero no puede decirme que me va a tumbar. Yo soy el Comandante General. Y voy a darle un tema para que vea usted que yo soy leal. Y me dice ‘le van a allanar su casa’ ¿Qué? ¿En base a qué?, le digo. ‘No, usted sabe que ahí fabrican todo’”, según la transcripción.
La investigación contra Juan José Santiváñez se centra en el presunto delito de abuso de autoridad, y la grabación entregada por “Culebra” se perfila como una pieza clave para determinar la existencia de conductas irregulares o ilícitas. El acceso al contenido del dispositivo, autorizado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, permitirá a la Fiscalía de la Nación analizar en detalle las conversaciones y avanzar en la identificación de responsabilidades, siguiendo los protocolos técnicos y legales establecidos para la manipulación de pruebas digitales y fonéticas.
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