¿Fin de la ATU? Patricia Chirinos presenta proyecto ley en el Congreso para devolver gestión del transporte a municipios

La congresista Patricia Chirinos, del partido Renovación Popular, presentó hoy un proyecto de ley que propone eliminar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y restituir la gestión del transporte urbano a las municipalidades de Lima Metropolitana y del Callao.

La iniciativa, titulada “Ley que restituye la competencia municipal sobre el transporte urbano en Lima y Callao”, fue ingresada oficialmente al Congreso y busca derogar la Ley N.º 30900, norma que dio origen a la ATU en 2019.

“Han pasado más de cinco años desde su creación y la ATU no ha cumplido nada: no existe la tarjeta única de pago, continúa el transporte informal, circulan más de 2,600 vehículos sin revisión técnica. Su modelo centralizado fracasó”, escribió Chirinos en su cuenta oficial de X (antes Twitter), justificando así la iniciativa legislativa.

El proyecto sobre el ‘fin de la ATU’ plantea la devolución de competencias plenas en transporte urbano —planificación, regulación, fiscalización y operación— a:

• La Municipalidad Metropolitana de Lima, dentro de la provincia de Lima.
• La Municipalidad Provincial del Callao, en su ámbito territorial.

Para asegurar una transición ordenada, se creará una Comisión Técnica de Transferencia, integrada por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ambas municipalidades y la Contraloría General de la República. Esta comisión tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles para presentar un informe final.

El proyecto también contempla la transferencia de recursos humanos, técnicos y financieros desde la ATU hacia los municipios. El personal técnico podrá ser reasignado, respetando sus derechos laborales, según evaluación municipal.

La exposición de motivos presentada por Chirinos pinta un panorama crítico sobre la gestión de la ATU:

• No se ha implementado la tarjeta única de pago, a pesar de haber sido una promesa reiterada.
• Persisten más de 2,600 vehículos informales sin revisión técnica, según cifras oficiales.
• Se han reportado escándalos administrativos, como el pago de S/13 millones en adelantos a un consorcio que presentó cartas fianza falsas, generando un perjuicio de más de S/19 millones, según la Contraloría.
• Hay débil articulación con las municipalidades, y una exclusión de estas en la toma de decisiones claves.

El proyecto señala que la ATU fracasó en articular un sistema de transporte moderno, eficiente e integrado. Tampoco ha logrado avances sustanciales en la formalización del servicio ni en la mejora del parque vehicular, afirma.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ya se había pronunciado anteriormente a favor de desactivar la ATU. En julio de 2024, afirmó que la entidad “ya cumplió su ciclo” y calificó su gestión como un “mamarracho”.

López Aliaga ha mantenido una relación tensa con la ATU. El burgomaestre, durante la amenaza de paralización del Metropolitano por falta de acuerdos con las concesionarias el año pasado, criticó que la entidad “no acepta obras” y “quiere todo a cuentagotas”.

La coincidencia entre la propuesta de Chirinos y la postura de López Aliaga no es menor. Ambos forman parte de la misma agrupación política —Renovación Popular y su entorno— y suelen ser figuras polémicas por sus discursos confrontacionales y decisiones cuestionadas en materia de gestión pública.

Uno de los principales argumentos del proyecto es el retorno a un modelo de descentralización constitucional. Según la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades, las comunas tienen competencia en servicios públicos locales como el transporte urbano. La creación de la ATU habría violado, según el proyecto, los principios de autonomía municipal y subsidiariedad, al centralizar decisiones en un ente del Ejecutivo.

Sin embargo, hay voces que advierten sobre los riesgos de una posible refragmentación del sistema. La ATU fue creada precisamente para evitar que cada distrito o municipio gestione su transporte de forma independiente, lo que en el pasado generó caos, sobreposición de rutas, corrupción en la entrega de licencias y falta de planificación metropolitana.

Restituir la competencia a los municipios devolvería poder político a los gobiernos locales. Pero también se corre el riesgo de que, sin una coordinación metropolitana efectiva, se repliquen problemas pasados: informalidad, clientelismo y corrupción. Por ello, aunque el proyecto responde a fallos evidentes de la ATU, también genera preocupación sobre el uso político de una reforma tan sensible.

El proyecto no propone un regreso automático al pasado, sino una reorganización “legal, técnica y constitucional”, como lo describe Chirinos. La experiencia internacional citada en el documento —ciudades como Medellín, Curitiba y Quito— respalda la eficacia de modelos donde los gobiernos locales lideran el transporte urbano con planificación territorial y participación ciudadana.