En el Perú, una mujer es asesinada cada 48 horas por razones de género. En este contexto, la reciente propuesta del Congreso de la República del Perú, de poner en peligro los Centros de Emergencia Mujer (CEM) ha generado una ola de rechazo y preocupación entre organizaciones de derechos humanos, activistas y especialistas.
Según denunció la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) a través de un comunicado en la red social X (antes Twitter), los congresistas Américo Gonza, Lucinda Vásquez y Waldemar Cerrón impulsaron proyectos de ley que disponen la absorción de los CEM por una nueva superintendencia, debilitando el programa clave del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que hoy atiende a miles de víctimas de violencia.
La propuesta, que ya fue aprobada en la Comisión de Justicia, plantea reemplazar los CEM por un organismo que solo brindaría asesoría legal, sin acompañamiento psicológico ni social. Actualmente, los CEM representan el 20% del presupuesto del MIMP —más de S/209 millones según cifras del MEF— y son considerados una herramienta clave para combatir la violencia de género en el país. Su debilitamiento o traslado comprometería la continuidad de una política pública con más de dos décadas de implementación.
Dictamen aprobado sin consulta al MIMP: una decisión sin sustento técnico
La Comisión de Justicia del Congreso, presidida por Isaac Mita Alanoca (Perú Libre), aprobó el pasado 15 de abril un dictamen basado en al menos tres proyectos de ley que incluyen la eliminación de los CEM mediante su absorción por la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUDEPUB), dependiente del Ministerio de Justicia (MINJUSDH). Esta medida implicaría el traspaso de presupuesto, infraestructura, personal, archivos y contratos de los CEM en un plazo de 90 días hábiles desde la promulgación de la norma.
Sin embargo, el dictamen —que suma 15 páginas— no contiene ningún análisis sobre las consecuencias de esta decisión, ni una evaluación del impacto que tendría sobre las víctimas. Tampoco se solicitó opinión técnica al MIMP, que es el ente especializado en políticas de prevención y atención frente a la violencia de género. Solo se consultó al Ministerio de Justicia, MEF, PCM y otras instancias ajenas a la atención directa a mujeres.
Una revisión técnica del propio Congreso advierte que, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la creación de nuevas instancias como programas u organismos es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, no del Parlamento. Además, el dictamen incorpora la eliminación de los CEM solo en disposiciones complementarias, lo que evidencia, según expertos, una maniobra improvisada y de escasa transparencia.
Mientras se debate esta medida, las cifras oficiales revelan una realidad alarmante. Entre enero y abril de 2025, el Programa Nacional Warmi Ñan (antes Aurora), del MIMP, registró 58 feminicidios en todo el país. Esto representa un promedio de una víctima mortal cada dos días.
Ministerio de la Mujer y Comisión de la Mujer del Congreso pide revisar el dictamen ante riesgos graves
En respuesta al dictamen aprobado por la Comisión de Justicia, el Ministerio de la Mujer envió un oficio al Congreso señalando que la reforma “afectaría a miles de mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad” que hoy reciben atención especializada en los 433 Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional.
El documento subraya que los CEM ofrecen atención legal, psicológica y social, y que el modelo integral de atención es clave para garantizar no solo la defensa jurídica, sino también la recuperación emocional y social de las víctimas. Reemplazar este enfoque con un servicio centrado exclusivamente en asesoría legal dejaría graves vacíos en el sistema de protección.
El lunes 2 de junio, la Comisión de la Mujer y Familia, presidida por la congresista María Córdova (Renovación Popular), acordó por unanimidad solicitar a la Mesa Directiva del Congreso el envío de los proyectos de ley involucrados para su evaluación técnica. Esto luego de advertir que la propuesta aprobada “podría tener graves implicancias en el modelo integral de atención” para mujeres en situación de violencia.
Córdova también alertó que la eliminación de los CEM desde una lógica burocrática o presupuestal desnaturaliza el enfoque de derechos humanos con el que fue construido el sistema actual. Pese a haber sido autores de dos de los proyectos en cuestión (10536 y 10540), los congresistas Lucinda Vásquez y Waldemar Cerrón votaron a favor de que la Comisión de la Mujer también analice el tema, lo que abre la posibilidad de una segunda revisión legislativa.
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