Un kilo de cocaína puesta en Callao pasa de US$1.100 a US$12.000 antes de llegar a Europa: estas son las 4 rutas que explican la lenta muerte de la Amazonía

El narcotráfico ha transformado profundamente los territorios indígenas de la Amazonía peruana, generando impactos sociales, culturales y ecológicos que van más allá de lo que tradicionalmente se ha entendido como un problema criminal. Según el informe titulado “Narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonía peruana: Rutas, impactos y políticas erradas”, presentado por Ricardo Soberón, exjefe de DEVIDA y autor del documento, este fenómeno se ha convertido en un “huracán” que altera de manera radical las dinámicas de las comunidades indígenas y los ecosistemas de la región. El reporte destaca que esta problemática no es un hecho aislado, sino que forma parte de un ciclo histórico de explotación de recursos naturales en la Amazonía, similar a lo ocurrido con el caucho, la quina, el petróleo y otros recursos.

El narcotráfico afecta directamente a 274 comunidades pertenecientes a 22 de los 51 pueblos indígenas amazónicos, lo que representa una grave amenaza para sus territorios y modos de vida. Además, se estima que existen alrededor de 500 pistas de aterrizaje clandestinas en la Amazonía peruana, muchas ubicadas en tierras de propiedad colectiva de estas comunidades, facilitando el transporte de cargamentos de cocaína hacia Brasil, el cono sur, Ecuador y otros destinos internacionales.

De acuerdo con el informe, la producción de cocaína en la región andino-amazónica alcanza aproximadamente las 2.000 toneladas anuales, de las cuales 500 toneladas corresponden al Perú. Este país cuenta con 92.784 hectáreas de cultivos de coca en 2023, un incremento significativo respecto a las 80.681 hectáreas registradas en 2021 y las 61.777 de 2020.

El transporte aéreo desde las zonas de producción es la vía más eficiente para poner el producto en zonas de almacenamiento y destino final, en el Paraná y el Atlántico, con destino a Europa, por lo que reviste importancia generar suficientes obstáculos para hacer desistir a los traficantes de su uso.

La cadena de producción y comercialización de la cocaína genera una rentabilidad extraordinaria para los traficantes. Por ejemplo, un kilo de cocaína que cuesta hasta 1.100 dólares en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) puede alcanzar un valor de 12.000 dólares al llegar al puerto del Callao. Una vez en mercados internacionales como Hamburgo, Rotterdam, Miami o Valencia, ese mismo kilo puede venderse por 40.000 dólares antes de ser adulterado y distribuido en pequeñas dosis, generando ingresos de hasta 240.000 dólares.

“Al coronar la operación internacional de tráfico en el puerto de destino (Hamburgo, Rotterdam, Miami o Valencia), ese mismo kilo de cocaína es pagado a US$40.000 antes de ser “cortado” ¨[mezclado] en tres, convirtiéndolo en 3 kilos con menor pureza y ponerse posteriormente a la venta en unidades de un gramo a US$80 cada una. Es decir, alguien en la cadena de distribución final recibe, aproximadamente, US$240.000 por ventas al por menor de las 3.000 unidades de gramos que se venden en calles, bares y discotecas europeas o estadounidenses”, dice Soberón.

El impacto del narcotráfico en las comunidades indígenas no se limita a la ocupación de sus territorios. Según el informe, estas actividades ilegales también afectan la vida de los líderes indígenas que se oponen a la expansión del narcotráfico, exponiéndolos a amenazas y violencia. Además, la deforestación vinculada al cultivo de coca es alarmante.

Para producir un kilo de clorhidrato de cocaína se requieren entre 2 y 4 kilos de pasta básica de cocaína, lo que a su vez demanda entre 75 y 136 kilos de hoja de coca. Una hectárea de bosque deforestado en la Amazonía puede producir aproximadamente 2 kilos de clorhidrato de cocaína, lo que evidencia el impacto ambiental de esta actividad ilícita.

Las rutas del narcotráfico se han consolidado en dos direcciones principales: hacia el norte y hacia el sur, afectando tanto a las comunidades locales como al medio ambiente. Este fenómeno se intensificó durante la pandemia, cuando los cultivos ilícitos de coca en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) fueron temporalmente abandonados, lo que provocó una migración hacia otras áreas de la región.

De acuerdo con el informe, las rutas hacia el norte se dividen en tres subrutas principales. La primera conecta la región Amazonas con la Cordillera del Cóndor en Ecuador, desde donde la cocaína se transporta hacia los puertos de la costa ecuatoriana, como Guayaquil. Esta ruta ha afectado a la población Awajún en la provincia de Condorcanqui, quienes ya enfrentaban problemas derivados de la minería ilegal.

La segunda subruta sigue el curso del río Ucayali hacia el Trapecio Amazónico, atravesando las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla en Loreto. En esta área, comunidades indígenas como los Ticuna y los Yaguas han sido particularmente impactadas, con la comunidad de Bellavista de Callaru registrando 676 hectáreas de cultivos de coca en 2023. La tercera subruta se encuentra en la región Ucayali, una zona estratégica para el narcotráfico debido a su gran extensión y baja densidad poblacional.

Por otro lado, la ruta hacia el sur conecta el VRAEM con las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios, extendiéndose hacia las fronteras con Brasil y Bolivia. Aunque esta ruta es principalmente aérea, también incluye territorios con cultivos de coca en comunidades nativas de La Convención, Cusco, y las selvas de Puno y Madre de Dios.

En esta última región, la carretera Interoceánica y las pistas de aterrizaje clandestinas dentro del Parque Nacional Bahuaja Sonene han facilitado las operaciones del narcotráfico. Desde Bolivia, la droga se transporta hacia Santa Cruz y, posteriormente, a través de la Hidrovía del Paraná hasta el puerto de Rosario en Argentina, con salida al Río de la Plata.

El informe también destaca las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades indígenas amazónicas. Según el Índice de Pobreza Multidimensional de COMEX para 2024, las regiones amazónicas presentan índices de pobreza que oscilan entre el 60% en Loreto y el 47% en Ucayali, muy por encima del promedio nacional del 33%.

En términos de pobreza monetaria, los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2021 indican que el 38% de los pueblos indígenas viven en esta condición, frente al promedio nacional del 27,5%. Además, estas regiones tienen una participación marginal en el Producto Bruto Interno (PBI) nacional, con economías estancadas o en declive, como es el caso de Ucayali.

El territorio habitado por las comunidades indígenas amazónicas abarca más de 782.880 kilómetros cuadrados, caracterizados por una biodiversidad única y una importante contribución al oxígeno planetario. Sin embargo, la falta de reconocimiento pleno de los derechos de estos pueblos en la legislación peruana agrava su situación.

Aunque el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce diversos derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, la legislación nacional no está armonizada con este tratado. La Constitución de 1993 y las leyes posteriores tratan a las comunidades indígenas como comunidades campesinas y nativas, lo que limita su protección legal.

El impacto del narcotráfico en los pueblos indígenas es alarmante. Según el Reporte de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024, que incluye datos de 2023, se identificaron 13.054 hectáreas de cultivos de coca en los territorios de 274 comunidades nativas, lo que representa el 14% del total nacional de 92.784 hectáreas.

En particular, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) enfrentan una amenaza crítica. La Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, ubicada en Loreto, Ucayali y Huánuco, alberga aproximadamente 416 hectáreas de cultivos de coca, a pesar de ser un área intangible.

Además, otras tres reservas en proceso de creación también están siendo afectadas por cultivos ilícitos. Estas incluyen la Reserva Territorial Atacuari, habitada por el pueblo Marahua o Marubo; la Reserva Sierra del Divisor Occidental, hogar de los pueblos Remo o Iskonawa, Mayoruna y Kapanawa, con 162 hectáreas de cultivos; y la propuesta de Reserva Indígena Tamaya-Abujao, habitada por el pueblo Sacuya.

Soberon destaca que estas actividades no solo representan una amenaza para la biodiversidad de la Amazonía, sino también para la supervivencia de las comunidades indígenas, quienes dependen de estos ecosistemas para su sustento y cultura. La expansión del narcotráfico en estas áreas ha generado conflictos sociales, desplazamientos forzados y la pérdida de territorios ancestrales.

Soberón señala para Infobae Perú que la lucha contra el narcotráfico en la región andino-amazónica ha logrado incautar aproximadamente el 70% de la producción mundial de cocaína, según datos de organismos internacionales como Interpol, Europol, DEA y Scotland Yard.

Sin embargo, el carácter ilegal de la cocaína y su alta rentabilidad permiten que los traficantes continúen operando con tan solo el 30% del producto elaborado. Este modelo económico ilícito se ve favorecido por la cadena de precios que incrementa exponencialmente el valor de la cocaína desde su producción hasta su distribución final.

“En el caso de Ucayali, la región ha pasado de ser un área marginal en términos de narcotráfico a convertirse en un epicentro de lo que el informe denomina la amazonización del narcotráfico, especialmente tras la caída de los cárteles colombianos en 1995 y la llegada de los cárteles mexicanos”, dice Soberón.

Por tal motivo, Soberón critica las políticas implementadas por el Estado peruano para combatir el narcotráfico, calificándolas de erradas y contraproducentes. Según el informe, durante los últimos 30 años, el Perú ha seguido un enfoque centrado en la reducción de la oferta, priorizando la erradicación de cultivos de coca sin considerar las complejidades del problema.

Esta estrategia, financiada en gran parte por la cooperación internacional, especialmente de Estados Unidos, ha generado efectos colaterales como la migración forzada de cocaleros hacia nuevas áreas, muchas de ellas en territorios indígenas. Soberón subraya que estas políticas no han sido diseñadas en diálogo con las comunidades afectadas, lo que ha llevado a una desconexión entre las estrategias gubernamentales y la realidad del territorio.

Un ejemplo paradigmático de los errores en las políticas públicas es el programa de titulación individual de tierras implementado entre 2014 y 2019, que promovió la entrega de títulos a colonos provenientes de regiones altoandinas. Según el informe, esta medida ignoró los derechos colectivos preexistentes de las comunidades indígenas, generando conflictos y fragmentando aún más los territorios. Soberón destaca que la única forma efectiva de combatir las economías ilícitas en la Amazonía es garantizar derechos territoriales plenos y seguros para las comunidades nativas, priorizando sus necesidades y formas de vida.

El informe también aborda la falta de representación política de los pueblos indígenas en los espacios de toma de decisiones, lo que agrava su vulnerabilidad frente al narcotráfico y otras amenazas. Según Soberón, esta debilidad institucional ha permitido que las políticas públicas sean diseñadas sin considerar las voces de las comunidades afectadas, perpetuando una deuda histórica entre la cultura andina y la amazónica en el Perú.

Entre las recomendaciones planteadas en el informe, se destaca la necesidad de un enfoque multisectorial que integre a todos los organismos reguladores y fiscalizadores, con una clara voluntad política para ordenar el territorio y priorizar los derechos de las comunidades indígenas. Además, se propone revisar las políticas públicas relacionadas con la Amazonía, incluyendo la creación de un sistema unificado de áreas naturales protegidas que garantice la sostenibilidad de los recursos y la protección de los pueblos indígenas.

El informe concluye que el mayor desafío de seguridad nacional para el Perú no es una amenaza externa, sino la protección de la Amazonía y sus habitantes. Para ello, se requiere un esfuerzo coordinado que involucre a las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura, entre otros actores, con el objetivo de ejercer un control democrático y razonable sobre esta región estratégica.Según Soberón, el reporte busca ser una alerta para que el Estado peruano reevalúe sus políticas y adopte medidas que respeten los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y promuevan un desarrollo sostenible en la Amazonía.

En este contexto, el informe subraya la necesidad de replantear las políticas públicas dirigidas a combatir el narcotráfico y proteger los derechos de las comunidades indígenas. La combinación de pobreza, desigualdad, deforestación y violencia asociada al narcotráfico plantea desafíos urgentes para el gobierno peruano y la comunidad internacional.