Patrimonio sin defensa: arqueólogos denuncian que recorte de área en Nasca se hizo “sin consulta, con datos incompletos y de forma dictatorial”

Durante más de dos décadas, las líneas de Nasca y Palpa son objeto de estudios, vigilancia y admiración internacional. Estas figuras trazadas en el desierto del sur peruano no solo representan uno de los enigmas arqueológicos más importantes del país, sino también un testimonio frágil del pasado que requiere protección activa. Sin embargo, una reciente resolución del Ministerio de Cultura del Perú generó inquietud entre especialistas y organizaciones dedicadas a la preservación del patrimonio. La medida redujo el área oficial de la Reserva Arqueológica de 5.600 a 3.200 kilómetros cuadrados, eliminando más de un tercio del territorio previamente protegido.

El anuncio se presentó en una sesión descentralizada del Congreso en Ica, encabezada por el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, quien afirmó que la decisión responde a estudios técnicos. “Estamos sincerando la información”, sostuvo, y aseguró que los nuevos límites se basan en datos acumulados durante más de veinte años. “Se determinó que son aproximadamente 3200 km² los que corresponden a la reserva arqueológica”, explicó ante las autoridades reunidas.

No obstante, la reducción de 42% en el área protegida no pasó desapercibida para el Colegio de Arqueólogos del Perú, que cuestionó la validez técnica de la resolución y la forma en que fue adoptada. Su decano, el Dr. Pieter Van Dalen, señaló que la base de datos oficial del Ministerio de Cultura apenas registra entre el 5% y el 10% de los sitios arqueológicos reales en el país. “Las declaraciones que hace el ministro de Cultura son totalmente equivocadas. Muchas veces vemos cómo se descubren nuevos sitios que se encuentran enterrados o en lugares inaccesibles”, declaró en entrevista con Exitosa.

La controversia no se limita al aspecto técnico. El Colegio de Arqueólogos denunció que el proceso no fue consultado ni compartido con entidades especializadas. “Nos enteramos cuando salió la resolución viceministerial. Antes no teníamos ni siquiera indicios de que podía pasar esto”, afirmó Van Dalen. Según él, la gestión actual del Ministerio de Cultura actúa de manera unilateral. “Lamentablemente, el ministro de Cultura, de manera dictatorial, hace caso omiso y no nos quiere dar estas reuniones de trabajo”, expresó.

El decano recordó que, durante la administración anterior, se había concertado una serie de mesas técnicas para abordar problemas similares, pero estas fueron canceladas por la nueva gestión. Además, se refirió a la arqueóloga Moira Novoa, actual viceministra de Patrimonio Cultural, como responsable directa de la resolución que redefinió el área protegida.

Las implicancias de la reducción no solo afectan al patrimonio de Nasca. El recorte expone zonas que podrían contener restos arqueológicos aún no registrados, lo que genera un escenario propicio para invasiones, actividades ilegales y minería informal. “En nuestro país es muy poco lo que se tiene registrado por parte del Ministerio de Cultura”, advirtió Van Dalen. La desprotección, según explicó, no se basa en la inexistencia de restos, sino en la falta de documentación oficial.

A pesar de la importancia de las líneas de Nasca y Palpa, no existe una unidad ejecutora específica para su protección. Van Dalen calificó como “sorprendente” esta ausencia. La responsabilidad recae directamente en el Ministerio de Cultura y en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, entidades que —según indicó— enfrentan carencias operativas y limitaciones presupuestarias. “Tienen poco personal, no tienen los recursos necesarios y están al abandono”, manifestó.

El Colegio de Arqueólogos también denunció que, en otros casos, los fondos destinados a la protección del patrimonio no se ejecutan. Mencionó como ejemplo la creación de una unidad ejecutora en Chancay en 2023, con un presupuesto de 10 millones de soles. Sin embargo, señaló que, debido a la inacción del ministro, dichos fondos podrían perderse. “¿Está cumpliendo su papel el Ministerio de Cultura? ¿O qué está sucediendo?”, se preguntó.

Durante los últimos años, investigaciones realizadas por equipos japoneses revelaron nuevos geoglifos en el área de Nasca. Sin embargo, según el decano, el Estado no toma en cuenta estos hallazgos. “Vienen con su presupuesto, hacen los trabajos y luego se retiran. Pero el Ministerio no los incorpora en su política”, afirmó. A pesar de contar con permisos, los proyectos enfrentan trabas normativas. “Con la nueva reglamentación del TUPA que ha aprobado el Ministerio de Cultura, es muy complicado realizar investigaciones”, explicó Van Dalen.

El decano también alertó que muchos descubrimientos recientes no han sido difundidos ni integrados en la planificación cultural del Estado. La falta de reconocimiento institucional a estos avances refleja, en su opinión, un desinterés por actualizar el conocimiento arqueológico y proteger nuevas áreas.

El caso de Nasca es, para el Colegio de Arqueólogos, un ejemplo de una situación más amplia que afecta a múltiples sitios del país. Van Dalen mencionó problemas similares en Kuélap, donde la caída de un muro generó preocupación nacional, y en el Cusco, con el colapso del puente Guachaca. En todos estos casos, señaló, la respuesta institucional ha sido tardía o ineficiente.

“Sabemos qué sitios como Huari también vienen siendo afectados constantemente”, indicó, y mencionó que el deterioro se agrava por la falta de monitoreo. A esto se suma la limitada capacidad del Ministerio para generar investigaciones sistemáticas en zonas no declaradas patrimonio mundial. Según el decano, la decisión de reducir la reserva de Nasca evidencia una política cultural débil que prioriza procedimientos administrativos sobre el resguardo del legado arqueológico.

El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, a través de su Comisión Especial de la Sede Departamental Ica, rechazó de forma contundente la reducción del polígono de la Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca, aprobada mediante la Resolución Viceministerial N.° 000128-2025-VMPCIC/MC.

La comisión también advirtió sobre la falta de transparencia del proceso y cuestionó los argumentos técnicos esgrimidos por las autoridades del Ministerio de Cultura. “Los criterios utilizados por la primera línea de mando para justificar esta modificación no cuentan con un respaldo técnico sólido ni con un proceso de evaluación riguroso”, sostuvieron.

El pronunciamiento también expresa preocupación por posibles conflictos de interés: “Es preocupante que familiares de una autoridad de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica cuenten con petitorios mineros en la zona recientemente liberada”. En respuesta a declaraciones del viceministro Fabricio Valencia, quien aseguró que la medida se basa en “estudios sesudos”, la comisión exige acceso a los documentos técnicos que sustenten dicha decisión y precisa que “las investigaciones realizadas en Nasca durante más de 20 años se han desarrollado principalmente en la Pampa de Nasca, y no en la zona afectada por esta modificación”.