La violencia que azota al transporte público en Lima ha alcanzado niveles alarmantes. La madrugada del viernes 30 de mayo, un crimen en San Juan de Lurigancho sacudió a vecinos y trabajadores: Javier Flores, conductor de la empresa ETUSA, fue abatido a balazos mientras regresaba a la cochera tras culminar su ruta nocturna. El ataque, efectuado en plena vía pública de la avenida Tulipanes, sumó un nuevo episodio al creciente clima de inseguridad en Lima Este.
Testigos relataron que Flores apenas pudo controlar el bus tras recibir los disparos, provocando que la unidad se estrellara contra un taxi estacionado. El conductor de este segundo vehículo observó la escena a pocos metros de distancia. “Escuché los tres disparos. El bus chocó directamente donde yo estaba. Cuando bajé, vi al señor prácticamente desplomado en su asiento, ya sin vida”, narró aún impactado a 24 Horas Noticias.
Una confesión y la pista de una organización criminal
La rápida reacción de agentes Halcones de la Policía Nacional permitió la captura del principal sospechoso, identificado como Jhon Drenny Montoya Chanchari, alias “Javier”. Durante su intervención, el detenido intentó convencer a los agentes de que era menor de edad. Sin embargo, la identificación con su DNI confirmó que tiene 27 años. Frente a las autoridades, confesó fríamente ser el autor de los tres disparos y declaró su pertenencia a la organización “La Nueva Generación de Huáscar”.
Según el coronel Frank Chang, jefe de la División de Emergencia de la Policía Nacional, Montoya utilizó una pistola robada a un efectivo policial en el distrito de Zapallal en 2017. Aunque el arma tenía la serie erradicada, un código interno permitió rastrear su procedencia ilegal. En el momento de la aprehensión, el delincuente se enfrentó a tiros contra los policías.
La investigación apunta a que el asesinato estaría vinculado a un esquema de extorsión contra conductores y empresas de transporte. La modalidad más utilizada es la entrega de amenazas y cobros a cambio de supuesta “protección”, con ataques a quienes se niegan a pagar las llamadas “cuotas”. San Juan de Lurigancho y otros distritos del este limeño figuran como focos críticos de este fenómeno.
Oleada de extorsiones y miedo entre los transportistas
El impacto de este crimen obligó a la empresa ETUSA a suspender sus operaciones indefinidamente. Cerca de 50 buses quedaron parados en el patio de maniobras, mientras los trabajadores pidieron garantías de seguridad antes de retomar labores. “No podemos arriesgar nuestras vidas ni las de los usuarios. Esto se ha salido de control”, expresó uno de los delegados de los conductores, quien prefirió no dar su nombre.
La decisión no fue aislada: en lo que va del año, distintos gremios y empresas de transporte han denunciado un aumento sistemático de extorsiones y ataques letales. Según datos policiales y reportes de gremios, los casos de amenazas, cobros y atentados contra conductores han crecido sostenidamente, impulsados por la presencia de organizaciones criminales que adoptan estructuras propias de mafias internacionales, como el cobro de cupos y las represalias a través de sicarios.
San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más poblados del país, se ha convertido en terreno fértil para estas bandas que reclutan principalmente jóvenes para ejecutar ataques violentos. En estos sectores, la sensación de impunidad y la escasez de vigilancia incentivan la expansión de las extorsiones, al punto de obligar a empresas enteras a paralizar su servicio de transporte urbano.
Las amenazas suelen llegar por llamadas, mensajes y cartas entregadas directamente en las cocheras, acompañadas de advertencias explícitas o incluso atentados previos a los asesinatos.
La pregunta por la seguridad y el avance de las mafias
El último crimen reavivó el reclamo por una acción efectiva de las autoridades para frenar la expansión de bandas como ‘La Nueva Generación de Huáscar’. La policía ha identificado que esta organización opera con un alto grado de violencia y disciplina interna, disputando territorio a otras mafias y extendiendo sus redes entre adolescentes y jóvenes adultos.
El uso de armas robadas —como en el caso del asesinato de Javier Flores— revela la capacidad de estos grupos para acceder al armamento y desafiar abiertamente a las fuerzas del orden. Los agentes consultados por 24 Horas Noticias consideran que el nivel de organización y la letalidad de la banda plantean un desafío inédito para la seguridad ciudadana en Lima Este.
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