Corre el reloj. El Poder Judicial ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponer a Tomás Gálvez como fiscal supremo. Ello en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de abril de este año que anuló la destitución del ex magistrado implicado en los casos Los Cuellos Blancos del Puerto y Los Gánsters de la Política de José Luna Gálvez.
Según la resolución a la que accedió Infobae, el Juzgado Constitucional de Lima le ha dado un plazo de 5 días a la JNJ para que rehabilite el título de fiscal supremo de Gálvez y borre de sus registros la sanción de destitución
La resolución fue notificada a través de las casillas electrónicas ayer viernes 30 de mayo, por lo que el plazo empezará a computarse hoy lunes 2 de junio y finalizará este viernes 6.
No obstante, aunque se le devuelva el título de fiscal supremo a Tomás Gálvez, este no podría asumir ya que sigue afiliado a su partido “Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!”, donde es fundador, presidente y representante legal. Ello porque la Ley de la Carrera Fiscal establece como requisito para acceder y permanecer en la carrera fiscal no estar afiliado a ninguna agrupación política.
Infobae pudo conocer que el exfiscal sí llegó a presentar su renuncia al partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esto ocurrió el 13 de mayo y días después el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) lo desafilió. Sin embargo, antes de que esto último pasara, Gálvez se echó para atrás, alegando que su dimisión primero tenía que ser informada a la dirigencia del partido. El ROP tuvo que anular su desafiliación y a la fecha sigue figurando como militante.
Tomás Gálvez sí querría volver
Aunque Tomás Gálvez ha estado jugando al misterio respecto a si va a regresar al Ministerio Público o continuar con su desapercibida candidatura presidencial, al parecer este sí querría volver al cargo de fiscal supremo titular.
Y es que, el 27 de mayo, Gálvez presentó una solicitud al Juzgado de ejecución para que, además de ordenar a la JNJ que cumpla con la sentencia del TC, se le exija a la Fiscalía de la Nación a que lo “reponga”. En realidad habría querido referirse a que el Ministerio Público lo designe en una de las fiscalías supremas.
De igual modo, durante la audiencia judicial del jueves 29 en la que se evaluó el pedido de la Fiscalía para que se le suspenda por 36 meses, el exfiscal dijo que no podría reincorporarse al cargo si es que el juez Juan Carlos Checkley accede al requerimiento fiscal y impone la suspensión.
“Tal vez no me incorpore porque quizá usted dé fundada la medida, siguiendo la cuestión del Ministerio Público, cosa que no creo. Entonces, tal vez no me incorpore y sin embargo ya tengo el impedimento para ejercer el cargo”, dijo al juez Checkley.
Buscan su suspensión
La Fiscalía pidió al Poder Judicial la suspensión de Tomás Gálvez por el caso conocido popularmente como Los Gánsters de la Política, presunta organización criminal liderada por el hoy congresista José Luna Gálvez.
Según la tesis fiscal, Gálvez se sumó a esta organización criminal para conseguir que Herbert Marcelo Cubas, exconsejero del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), vote a favor de la designación de Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE, lo que efectivamente ocurrió. Todo esta gestión a cambio, según fiscalía, de que se le dé trabajo a la esposa de Gálvez en el organismo electoral.
La elección de Castillo Meza, de acuerdo con el Ministerio Público, era clave ya que “era el hombre” con el que Luna Gálvez podría inscribir su partido Podemos Perú con firmas falsas.
Como elementos de prueba, la Fiscalía tiene la declaración de un colaborador eficaz que revela que el exfiscal supremo se reunió con Castillo Meza cuando este postulaba a jefe de la ONPE. Fueron dos reuniones: una en un local del Óvalo Gutíerrez y la otra en el mismo domicilio de Gálvez.
En la primera reunión, según el colaborador eficaz, el exfiscal supremo se comprometió a ayudar a Castillo Meza para que sea nombrado por el CNM como autoridad electoral a través de un contacto. El contacto era el exconsejero Herbet Marco Cubas, quien conoció a Castillo Meza en la reunión en casa de Tomás Gálvez.
A continuación, un extracto de la declaración de Adolfo Castillo Meza ante la Fiscalía: “José Luna Gálvez compró al consejero Guido Águila e Iván Noguera; Tomás Gálvez se encargó del consejero Herbert Marcelo; Cavassa (José Luis Cavassa Roncalla) y Óscar Nieves se encargaron del consejero Julio Gutiérrez Pebe y Fernando Obregón se encargó del consejero Orlando Velásquez. José Luna Gálvez financió el proceso que culminó en mi designación como jefe de la ONPE comprando los votos de todos estos exconsejeros".
Tomás Gálvez ¿se defiende?
En su respuesta, Tomás Gálvez reconoció que se reunió con Adolfo Castillo Meza en un local en el Óvalo Gutiérrez, pero no dio más explicaciones sobre ese encuentro. Sobre la visita a su casa, dijo que Castillo fue supuestamente porque su esposa, que laboraba en dicha entidad, había faltado al trabajo.
Sobre su presunta pertenencia a la organización criminal Los Gánsters de la Política, Gálvez sostuvo supuestamente que él, como testigo protegido ante “las fiscales del Callao”, y su esposa denunciaron a Luna Gálvez cuando se supo de las irregularidades en la inscripción de Podemos Perú.
El exfiscal supremo también cuestionó el pedido en su contra porque considera que la Fiscalía ya no tiene competencia en la investigación luego de que se formuló la denuncia constitucional ante el Congreso. Se requiere, dice, que el Parlamento le levante el fuero para que se soliciten medidas en su contra, como la suspensión en el ejercicio del cargo.
Justamente, Tomás Gálvez acusó a la Fiscalía de supuestamente “interferir” en el proceso parlamentario de antejuicio y buscar “condicionar” a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que lo acuse por el caso Los Gánsters de la Política.
“Como ahorita el Congreso está tan asustadizo, tan venido a menos, si hay una medida en contra, ellos se van a asustar y tal vez acusen. Eso es lo que buscan”, alegó.
El juez Juan Carlos Checkley tendrá la última palabra: decidirá si se le impone 36 meses de suspensión a Tomás Gálvez y así evitar su regreso al Ministerio Público.
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