Espaldarazo para El Algarrobo: Gobierno otorga seguridades a minas Buenaventura para ejecutar ambicioso plan de infraestructura hídrica

El Gobierno de Perú ha otorgado garantías y seguridades estatales a la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. para la ejecución del Proyecto El Algarrobo, una iniciativa minera y de infraestructura hidráulica en la región de Piura.

Según el Decreto Supremo N° 107-2025-EF, el Estado respaldará las obligaciones y declaraciones contenidas en el contrato de opción de transferencia de concesiones mineras relacionadas con este proyecto. Este respaldo incluye la autorización para que el Viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) suscriba el contrato en representación del Estado peruano.

El Proyecto El Algarrobo, promovido por Buenaventura, tiene como objetivo la exploración, explotación y beneficio de un depósito mineralizado en el yacimiento TG-3, ubicado en la comunidad de Apóstol San Juan Bautista de Locuto, en Piura.

Además de la actividad minera, que contempla la extracción de cobre, zinc y plata, el proyecto incluye la construcción de infraestructura hídrica destinada a garantizar el acceso al agua en la zona antes de iniciar cualquier operación minera.

Según informó el Gobierno, la inversión total asciende a 2.753 millones de dólares, de los cuales 759 millones se destinarán a inversión inicial y 1.994 millones a gastos operativos durante los primeros diez años.

El proceso para la adjudicación del proyecto comenzó en 2017, cuando Buenaventura presentó la iniciativa privada bajo el nombre de “Proyecto Locuto”. Posteriormente, en 2018, la denominación fue modificada a “Proyecto El Algarrobo”. Según detalló ProInversión, la agencia estatal encargada de promover la inversión privada, la propuesta fue admitida a trámite en marzo de 2017 y evaluada a lo largo de los años siguientes.

En 2020, el proyecto fue incluido en el “Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas en Minería” del Ministerio de Energía y Minas, lo que marcó un paso clave en su desarrollo. Para septiembre de 2024, el Comité Pro Minería y Energía de ProInversión aprobó la versión inicial del contrato actualizado y la declaratoria de interés del proyecto.

Tras la publicación de esta declaratoria en el Diario Oficial El Peruano y en la sede digital de ProInversión, se abrió un plazo de 90 días para que terceros expresaran interés en la ejecución del proyecto. Al no presentarse interesados, la adjudicación directa fue otorgada a Buenaventura en diciembre de 2024.

El marco legal que respalda esta adjudicación incluye el Decreto Legislativo N° 1362, que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos, así como el Decreto Ley N° 25570, que autoriza al Estado a otorgar garantías y seguridades a las inversiones privadas. Según el Decreto Supremo N° 107-2025-EF, estas garantías no constituyen una garantía financiera, sino un respaldo a las obligaciones asumidas por el Estado en el contrato.

El proyecto no solo busca aprovechar los recursos minerales de la región, sino también generar beneficios para las comunidades locales mediante la mejora de la infraestructura hídrica, según sus nuevos operadores. La construcción de estas obras es un requisito previo para el inicio de las actividades mineras, lo que refleja un enfoque en la sostenibilidad y el desarrollo social. Según ProInversión, esta iniciativa representa una oportunidad significativa para atraer inversión privada y fomentar el desarrollo económico en Piura.

La ejecución de El Algarrobo se enmarca en los esfuerzos del Gobierno peruano por promover la inversión privada en sectores estratégicos como la minería, considerada un motor clave para la economía nacional. Con esta adjudicación, Buenaventura refuerza su posición como uno de los principales actores en la industria minera del país.

No obstante, El Algarrobo no ha estado exento de controversia en la región debido a su ubicación en una de las zonas agrícolas más productivas del país. El Valle de San Lorenzo, donde se encuentra Tambogrande, cuenta con más de 57.000 hectáreas de extensión, de las cuales 42.188 están bajo riego regulado. Esta área es conocida por su alta producción de mangos y limones, generando empleo para aproximadamente 18.000 trabajadores agrícolas. La población local ha expresado su preocupación por el impacto que la minería podría tener en la agricultura y el medio ambiente.

La oposición al proyecto no es nueva. En 2002, los habitantes de Tambogrande rechazaron de manera contundente un proyecto minero similar propuesto por la empresa canadiense Manhattan Minerals Corp. En una consulta popular histórica, el 98,65% de los votantes se manifestó en contra de la minería, optando por un modelo de desarrollo basado en la agricultura. Ahora, más de dos décadas después, las organizaciones sociales y los agricultores de la zona temen que el Proyecto El Algarrobo repita los conflictos del pasado.

El director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, ha defendido el proyecto argumentando que se trata de una iniciativa diferente, diseñada para minimizar el impacto ambiental y social. Según Del Carpio, la minería subterránea permitirá la convivencia con la agricultura y no requerirá reasentamientos ni afectará la margen derecha del río Piura. Sin embargo, estas declaraciones no han logrado disipar las preocupaciones de los agricultores y líderes locales, quienes consideran que el proyecto representa una amenaza para la sostenibilidad del valle.

Otro punto de controversia ha sido la falta de participación de las autoridades locales y representantes de la sociedad civil en el proceso de adjudicación del proyecto. Según la ONG CooperAcción, en la firma del contrato solo estuvieron presentes funcionarios de ProInversión y del Ministerio de Economía y Finanzas, sin la presencia de autoridades regionales, provinciales o distritales, ni de organizaciones sociales de Tambogrande. Esto ha generado críticas sobre la transparencia y legitimidad del proceso.