Cadena perpetua para delitos de extorsión y terrorismo urbano plantea nuevo proyecto de ley

Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso de la República se ganó la atención de la ciudadanía y del sector empresarial. La iniciativa legislativa, impulsada por el congresista José Pazo Nunura, de la bancada de Somos Perú, propone la imposición de cadena perpetua a quienes cometan delitos de extorsión y terrorismo urbano.

La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad ciudadana, especialmente por el avance del sicariato y los ataques contra negocios y transportistas en distintas zonas del país. Según el documento, estos actos atentan directamente contra los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú.

El proyecto cuenta con el respaldo de varios congresistas, entre ellos Luis Cordero, Ana Zegarra, José Jerí, Alfredo Azurín, Héctor Valer y Jorge Morante. Todos coinciden en la necesidad de una respuesta más contundente frente a estos delitos que afectan no solo a personas naturales, sino también a empresas que brindan servicios públicos.

El proyecto legislativo propone modificar el artículo 200 del Decreto Legislativo 635 del Código Penal. Actualmente, esta norma contempla penas de entre 15 y 20 años de prisión para quienes incurran en el delito de extorsión. La modificación busca sustituir estas penas por cadena perpetua.

Una de las modificaciones clave indica que si la víctima de extorsión es una persona natural o jurídica que ofrece servicios públicos, el castigo será cadena perpetua. Así lo especifica el texto presentado por el congresista Pazo Nunura.

El documento también señala que, aunque la solución debe incluir un enfoque integral para combatir la criminalidad, como el fortalecimiento de la Policía Nacional y el Ministerio Público, la presente propuesta se enfoca en el endurecimiento de penas como medida disuasoria. No se detallan, sin embargo, acciones complementarias para fortalecer dichas instituciones.

Otra novedad del proyecto es la inclusión del delito de terrorismo urbano en el Código Penal. Para ello, se plantea la incorporación del inciso C en el artículo 317 del mismo decreto legislativo. La propuesta define este delito como cualquier acto delictivo que, sin importar su motivación ideológica, genere zozobra o inseguridad en la población o parte de ella, así como en negocios o empresas.

El texto propuesto indica que quien cometa estos actos enfrentará también una pena de cadena perpetua. Esta inclusión responde al alarmante incremento de actos violentos atribuidos a bandas criminales que utilizan métodos violentos para imponer pagos ilegales conocidos como “cupos”.

En los últimos meses, se reportaron múltiples atentados contra empresas de transporte, con varios conductores asesinados y heridos. Casos registrados en distritos como Comas y San Juan de Lurigancho ilustran cómo los grupos delictivos recurren a la violencia extrema para amedrentar a quienes se niegan a pagar.

Según el documento legislativo, el miedo generado por estas acciones paraliza la actividad económica, eleva los costos operativos y desalienta la inversión. Esto va en contra de los principios constitucionales establecidos en los artículos 58° y 59°, que promueven la libertad económica y el rol impulsor del Estado.

A pesar de su dureza, la propuesta no toma en cuenta la crisis del sistema penitenciario nacional. A noviembre de 2024, las 69 cárceles del país, diseñadas para albergar a 41.556 internos, registraban una población de 98.127 reclusos. Esto representa un nivel de hacinamiento del 136 %, una de las cifras más altas de América Latina.

El Tribunal Constitucional calificó esta situación como un “estado de cosas inconstitucional” y había dado un plazo de cinco años al Poder Ejecutivo para solucionarla. Al no haberse alcanzado una mejora sustancial, el tribunal resolvió extender el plazo hasta el año 2030.

Esta decisión se adoptó tras evaluar algunas medidas implementadas por el Gobierno, como normas para liberar a reclusos de baja peligrosidad, la ampliación de la capacidad penitenciaria y la elaboración de planes estratégicos. No obstante, el hacinamiento sigue siendo un obstáculo considerable frente a propuestas que plantean penas más severas sin prever medidas de infraestructura y recursos.