Sobrevivientes peruanos del Sodalicio piden audiencia con el papa León XIV y que el Vaticano publique decreto de disolución

En medio de un proceso histórico que involucra a la Iglesia Católica en Perú, las víctimas de abusos perpetrados por la organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) intensifican su reclamo ante la Santa Sede. Tras la supresión oficial de esta institución por el papa Francisco, afectados directos y comunidades campesinas afectadas por la disputa de tierras exigen ahora una audiencia con el papa León XIV, con el fin de obtener claridad, justicia y reparación integral por los daños físicos, psicológicos y económicos que arrastran por décadas.

Este jueves, en una conferencia de prensa realizada en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en Lima, víctimas de abusos y campesinos del distrito de Catacaos, en la región Piura, denunciaron la falta de información sobre los decretos de disolución y reclamaron un compromiso real de la Iglesia para que el proceso no quede en un simple acto simbólico.

«Es increíble que las víctimas no sepamos nada de lo que está haciendo la Iglesia. Ese silencio vuelve a la iglesia en cómplice. Y no podemos seguir con esa actitud», aseguró José Enrique Escardó Steck, una de las voces más representativas en la denuncia pública contra el Sodalicio, quien además enfatizó la necesidad de un seguimiento exhaustivo del caso con las víctimas en el centro del proceso.

La solicitud de una audiencia directa con el papa León XIV tiene un significado especial para los afectados, pues varias víctimas conocieron al pontífice cuando era obispo en Chiclayo y confían en que su cercanía con el caso pueda acelerar la justicia. Escardó Steck recordó que, aunque la disolución del Sodalicio fue un avance, la ausencia de información oficial sobre los motivos y el contenido de los decretos mantiene en la incertidumbre a quienes aún sufren las consecuencias de esta organización con un historial de abusos físicos, psicológicos, sexuales y económicos.

Escardó sentenció con firmeza a la agencia EFE: “Ya se tomó la decisión de la supresión de Sodalicio, pero no se nos ha informado sobre los decretos, las razones, no tenemos nada de información. Estamos exigiendo a la Iglesia Católica, a través del papa León XIV, que se nos brinde información porque nosotros tenemos que hacer un seguimiento de este proceso con las víctimas al centro”.

El colectivo de víctimas exige mayor transparencia y responsabilidad institucional, pues aún no se ha hecho público el decreto de supresión ni se han aclarado aspectos esenciales, como el carácter sectario de la institución, el encubrimiento sistemático de abusos y el manejo económico cuestionable que involucraría delitos como fraude y lavado de activos vinculados a la Asociación Civil San Juan Bautista. Denuncian además que muchos de los acuerdos de reparación ofrecidos hasta ahora han sido insuficientes y acompañados de cláusulas de confidencialidad que revictimizan a los afectados.

Por su parte, Marcelino Ynga, representante de los campesinos de Catacaos, denunció la acción de la Asociación Civil San Juan, empresa vinculada al Arzobispado de Piura y al Sodalicio, que intentó despojar a las comunidades de miles de hectáreas de tierras. «Desde acá le pedimos en nombre de toda mi comunidad que nos dé una oportunidad, el padre León XIV, para tener una entrevista con él y contarle el dolor del campesino y cómo hemos sido atropellados por esta organización» expresó.

En el comunicado oficial emitido por las víctimas el 29 de mayo, publicado por la CNDDHH, también se pone en evidencia la persecución y criminalización de las comunidades campesinas de Catacaos y Castilla, en la región Piura quienes han sido excluidas del proceso reparador y enfrentan demandas judiciales promovidas por entidades ligadas al Sodalicio, todo ello con la aparente indiferencia de autoridades eclesiásticas locales. “Nosotros, las víctimas, agradecemos al Papa Francisco por no haber mirado a otro lado”, se lee en el comunicado, destacando el apoyo directo recibido por el pontífice. Sin embargo, también se señala que el proceso está lejos de haberse concluido.

Asimismo, el colectivo exige que la Santa Sede institucionalice la misión especial Scicluna-Bertomeu, la comisión especializada en investigar abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica. La comisión integrada por miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, también conocido como el Dicasterio del Santo Oficio, una de las instituciones más antiguas de la curia romana, ha estado involucrada en la gestión de múltiples crisis similares en América Latina relacionadas con casos de abusos dentro de la Iglesia. Las víctimas exigen que este organismo no dependa únicamente de la voluntad papal, sino que se convierta en un ente estable capaz de actuar frente a abusos “en cualquier parte del mundo católico”.

El documento finalmente denuncia los ataques mediáticos dirigidos contra monseñor Jordi Bertomeu, el Comisario Apostólico para la liquidación del Sodalicio, y el papa León XIV, en un intento por desacreditar a quienes trabajan para la justicia dentro del Vaticano. Esta situación, según las víctimas, refleja la persistencia de redes de poder que siguen protegiendo a los responsables y obstaculizan el acceso a la verdad y a la reparación.