Un nuevo proyecto de ley, del congresista Jorge Flores Ancachi (Podemos), presentado en el Congreso propone medidas para proteger y apoyar económicamente a emprendedores y comerciantes que han sido víctimas de extorsión y violencia criminal en el país. La iniciativa busca fortalecer la seguridad empresarial mediante la creación de una unidad especializada que brinde protección y asesoría, además de establecer un fondo que otorgue préstamos sin intereses y subsidios para facilitar la recuperación de los negocios afectados.
El proyecto reconoce que la expansión del crimen organizado ha generado un clima de inseguridad que limita la inversión y el desarrollo empresarial. Por ello, plantea sanciones severas para funcionarios públicos que colaboren con mafias extorsivas y establece mecanismos de financiamiento para que los pequeños empresarios puedan retomar sus actividades, contribuyendo así a un entorno comercial más seguro y estable.
Creación de la Unidad de Protección Empresarial (UPE)
La ley tiene como finalidad garantizar medidas de protección financiera y penal para comerciantes y emprendedores formales e informales en todo el territorio nacional que hayan sufrido extorsión, amenazas o violencia por parte de organizaciones criminales. Esta protección busca que los afectados puedan continuar con sus actividades económicas sin temor y con apoyo estatal efectivo.
Se propone la creación de la Unidad de Protección Empresarial, adscrita al Ministerio del Interior, que tendrá la responsabilidad de brindar resguardo policial inmediato a quienes estén en riesgo, establecer protocolos de respuesta rápida en casos de extorsión y ofrecer asesoría legal gratuita a los empresarios amenazados. La UPE será un actor clave para fortalecer la seguridad del sector comercial.
El Fondo Nacional de Seguridad Empresarial (FNSE)
El proyecto contempla la creación del Fondo Nacional de Seguridad Empresarial, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con recursos destinados a otorgar préstamos sin intereses a empresarios que hayan sufrido pérdidas por extorsión, subsidios parciales para la recuperación de negocios y apoyos para la instalación de sistemas de seguridad en zonas de alto riesgo.
La iniciativa endurece las sanciones para funcionarios públicos que colaboren con redes de extorsión, estableciendo cadena perpetua bajo el delito de alta traición al Estado. Además, quienes sean condenados por colusión con extorsionadores serán inhabilitados de por vida para ocupar cargos públicos o desempeñarse en actividades relacionadas con la seguridad o el comercio.
Implementación y plazos
El Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas deberán reglamentar la creación de la Unidad de Protección Empresarial y el Fondo Nacional de Seguridad Empresarial en un plazo máximo de 90 días a partir de la promulgación de la ley. Esto garantizará una pronta puesta en marcha de las medidas destinadas a proteger a los comerciantes y emprendedores.
El proyecto se fundamenta en la Constitución Política, el Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y tratados internacionales que respaldan la lucha contra el crimen organizado. Se espera que su aplicación reduzca significativamente la extorsión, brinde apoyo financiero a los afectados y genere mayor confianza para la inversión y formalización de negocios, fortaleciendo así la seguridad y competitividad económica del país.
La mayoría de peruanos culpa al gobierno y al Congreso por aumento de delincuencia
Según la más reciente investigación de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), difundida por RPP, el 64,3% de los ciudadanos peruanos responsabiliza principalmente al actual gobierno, encabezado por Dina Boluarte, por la creciente inseguridad que enfrenta el país. En segundo lugar, con un 13,4% de las menciones, se encuentra el Congreso de la República.
La encuesta se llevó a cabo entre el 15 y 23 de mayo de 2025, incluyendo tanto áreas urbanas como rurales, con participación de hombres y mujeres entre 18 y 70 años en 18 departamentos, entre ellos Lima y Callao. La muestra representó al 94,1% de la población con un nivel de confianza del 95,5%, abarcando 115 distritos, de los cuales 40 correspondieron a Lima Metropolitana y 75 al resto del país.
El Ejecutivo es visto como el principal responsable del aumento de la delincuencia, con el 62,9% de los habitantes de Lima y Callao apuntando a Dina Boluarte. Esta percepción se eleva a más del 65% en regiones como la costa sur, la sierra centro y sur, y la sierra norte. En las ciudades, el 64,5 % señala al Gobierno, mientras que en las zonas rurales el porcentaje es de 63,2%.
Respecto al Congreso, la desaprobación es más fuerte en Lima y Callao con un 16,7%, seguida por la sierra centro y sur con 17,9%, y el oriente del país con 17,6%. Otros actores con menor grado de culpa percibida son la Policía Nacional y gobiernos anteriores, ambos con un 3%, los fiscales de la Nación con 2,4%, el Ministerio del Interior con 1,5%, los jueces con 1,4% y la población misma con solo un 1%.
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