La inseguridad cuesta al Perú más de US$5.800 millones: CCL pide al Gobierno no retrotraer plan de construcción de cárceles mediante OxI

La inseguridad ciudadana y la extorsión representan un desafío crítico para el desarrollo económico y social del Perú, con un impacto que supera los 5.800 millones de dólares anuales, equivalentes al 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI).

Así lo destacó Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), durante la presentación de dos libros que abordan esta problemática: “Seguridad ciudadana: Pilar fundamental para el desarrollo del país” y “Extorsión: El negocio del miedo”. Según informó la CCL, estas cifras reflejan cómo la criminalidad afecta la inversión, el desarrollo productivo y la lucha contra la pobreza.

De acuerdo con De La Tore, la seguridad ciudadana es un derecho constitucional esencial para garantizar la democracia y la igualdad de oportunidades. Además, subrayó que recuperar la confianza ciudadana y promover un desarrollo sostenible depende de un enfoque integral que involucre al sector público y privado.

En este contexto, recordó que en 2024 la CCL impulsó la creación de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, una iniciativa que reúne a 14 gremios y más de un millón de micro y pequeños empresarios. Entre las propuestas de esta coalición destacan el fortalecimiento del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), la habilitación de denuncias digitales y la declaratoria de emergencia para la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante el evento, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso de la República, elogió el trabajo de la CCL y su Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial, liderada por Vicente Romero, por fomentar la colaboración entre el sector privado y el Estado en la lucha contra la criminalidad.

Salhuana enfatizó que la seguridad es clave para garantizar la confianza en las instituciones y el bienestar de los ciudadanos. Por su parte, Romero destacó que el libro “Seguridad ciudadana: Pilar fundamental para el desarrollo del país” constituye una herramienta fundamental para la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar la seguridad en el país.

En el marco de la presentación, Julio Corcuera, exministro de Seguridad Pública, presentó su libro “Extorsión: El negocio del miedo”, en el que analiza cómo la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas sociales en el Perú, comparable a los desafíos enfrentados en la lucha contra grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. Corcuera afirmó que el país necesita liberarse del miedo y de la inseguridad que imponen estas organizaciones criminales.

En declaraciones a Infobae Perú, De La Tore abordó la importancia de mecanismos como las obras por impuestos (OxI) y las asociaciones público-privadas (APP), a cargo de ProInversión, para fortalecer la infraestructura de seguridad, incluyendo la construcción de cárceles, la implementación de comisarías y la adquisición de patrulleros y cámaras de vigilancia. Una estrategia promovida por el exministro José Salardi.

Sin embargo, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno peruano ahora revise o limite estas herramientas, lo que podría representar un retroceso en los avances logrados. Según explicó, permitir que la PNP realice compras fuera del procedimiento estatal en situaciones de emergencia es crucial para agilizar la adquisición de equipamiento necesario, como tecnología para desencriptar celulares, un recurso que actualmente es insuficiente.

De La Tore también señaló que los procesos administrativos relacionados con las APP y las OxI deben simplificarse, ya que actualmente pueden demorar entre seis y catorce años. Subrayó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe mantener su rol rector, pero sin convertirse en un obstáculo para la aprobación de proyectos. En este sentido, instó a que se aceleren los trámites para garantizar que las inversiones en seguridad y otras áreas críticas puedan ejecutarse con mayor rapidez.

El evento contó con la participación de diversas personalidades, entre ellas la congresista María del Carmen Alva, el teniente general PNP Óscar Arriola Delgado, jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, y el general PNP (r) Marco Miyashiro, además de expertos como la periodista y socióloga Pamela Acosta. Todos coincidieron en la necesidad de un enfoque integral y coordinado para enfrentar la inseguridad y garantizar un entorno más seguro para los ciudadanos y el sector empresarial.

La CCL reiteró su llamado al Congreso, al Ejecutivo, a la sociedad civil y al sector privado para trabajar de manera conjunta en la lucha contra la criminalidad. Según De La Tore, solo a través de un esfuerzo articulado será posible superar los desafíos que plantea la inseguridad y promover un desarrollo sostenible que beneficie a todos los peruanos.