En la región Puno, un equipo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) realizó una reciente intervención en la unidad minera Arasi, propiedad de la empresa Aruntani S.A.C. Lo que encontraron preocupa profundamente: una tubería camuflada que descargaba, sin autorización, aguas ácidas directamente en la quebrada Lluchusani, afluente de la cuenca hidrográfica Llallimayo. Esta red hídrica no solo abastece a comunidades rurales, sino también sostiene actividades agrícolas y ganaderas en los distritos de Ocuviri, en Lampa, y Llalli, Umachiri y Ayaviri, en la provincia de Melgar.
El hallazgo fue realizado durante una diligencia encabezada por el fiscal superior Frank Almanza, coordinador nacional de las FEMA. En el lugar se verificó la presencia de una poza de acumulación de aguas contaminadas y una conexión subterránea que vertía el líquido tóxico al cauce del río sin ningún tipo de control ambiental. El impacto de este vertimiento es doblemente grave: por un lado, las aguas no contaban con permiso de la Autoridad Local del Agua; por otro, su alta acidez y carga orgánica exceden los límites permitidos por los estándares de calidad ambiental en el país.
Presunta contaminación de aguas de consumo humano genera alarma en Puno
Durante la intervención, los fiscales tomaron muestras in situ del agua para analizar parámetros como la conductividad eléctrica y la demanda bioquímica de oxígeno, ambos indicadores de un proceso severo de contaminación. Las cifras obtenidas revelarían una alteración en la calidad del recurso hídrico. Según detallaron fuentes fiscales, la composición química del agua podría estar afectando la salud de la población, especialmente a niños y niñas que consumen este recurso sin ningún tipo de tratamiento previo.
Los efectos no se limitan al ámbito sanitario. La contaminación también estaría impactando la economía local, basada principalmente en la agricultura familiar y la crianza de ganado, actividades que dependen del agua de los ríos Ocuviri, Huarucani y otros tributarios de la cuenca Llallimayo. Organizaciones comunales y autoridades locales llevan años denunciando el deterioro progresivo del ecosistema, sin respuestas contundentes. Esta intervención fiscal, sin embargo, podría marcar un giro clave en la investigación por contaminación ambiental agravada, delito que acarrearía penas severas a los responsables.
La FEMA de Puno ya ha solicitado informes técnicos y continuará con las diligencias para determinar si existe reincidencia en infracciones ambientales por parte de Aruntani S.A.C. La empresa minera, con operaciones en una de las zonas más vulnerables del sur andino, ahora enfrenta una investigación que podría tener repercusiones penales y administrativas. Mientras tanto, las comunidades de Lampa y Melgar exigen respuestas y, sobre todo, agua limpia.
La cuenca Llallimayo ya había sido declarada en emergencia por contaminación en 2024
La reciente intervención de la Fiscalía Ambiental de Puno es solo un capítulo de una larga historia. En octubre de 2024, el Gobierno peruano declaró el estado de emergencia en varios distritos de las provincias de Melgar y Lampa debido al “peligro inminente ante contaminación hídrica” en la cuenca Llallimayo. Esta medida, firmada por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se extendió por 60 días con el objetivo de implementar acciones urgentes de remediación ambiental y garantizar el acceso a agua potable para miles de habitantes.
Los distritos incluidos en esta declaratoria fueron Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri en Melgar, así como Ocuviri en Lampa, zonas donde los relaves mineros ya venían generando un deterioro crítico en la calidad del agua. En ese momento, el Ejecutivo articuló un plan de acción que involucraba a varios ministerios —entre ellos Salud, Vivienda, Ambiente y Energía y Minas— además del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), para mitigar el riesgo y atender a las comunidades afectadas por esta emergencia ambiental.
Como parte del esfuerzo para abordar este problema estructural, el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT) recibió una asignación de S/1.600 millones destinados a estudios de derivación y recuperación de aguas contaminadas. Sin embargo, pese a estos compromisos y al despliegue inicial del Ejecutivo, el actual hallazgo de vertimientos clandestinos cuestiona la efectividad de las medidas adoptadas y la reincidencia en las prácticas contaminantes por parte de operaciones mineras en Puno.
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